La derecha mexicana cuenta con varios jueces, magistrados y ministros de consigna para frenar las políticas públicas del actual gobierno federal. Uno de ellos es el juez federal octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, quien busca aplicar una censura previa al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 7 de agosto de 2023, dicho juzgador determinó conceder una suspensión provisional a favor de un juicio de amparo que promovió la senadora y precandidata a la Presidencia Xóchitl Gálvez el 18 de julio pasado, en el que se quejó por la publicación que hizo el primer mandatario en su conferencia mañanera de los ingresos de sus empresas, por más de 1 mil 400 millones de pesos. Dicho juicio de amparo está asesorado por la organización de Claudio X González Guajardo: Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa Fernando Gómez-Mont Urueta.
En la suspensión provisional, el juez Santos Pérez ordena al presidente López Obrador: “abstenerse de realizar manifestaciones con ‘malicia efectiva’ en las señales y redes sociales oficiales”. Además, le exige “abstenerse de transmitir ‘cualquier discurso de odio hacia la quejosa’, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan”.
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el juzgador se está extralimitando en sus facultades. “Y no sólo eso, sino que aprovechándose de un [juicio de] amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no sólo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos. Y, por supuesto, afecta con ello a la democracia”.
Además de buscar silenciar al presidente López Obrador, el juez Santos Pérez ha otorgado suspensiones en otros juicios de amparo promovidos por la oposición, entre ellos contra el acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024.
Este juzgador también suspendió el programa piloto de la Secretaría de Educación Pública para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. Además, ordenó la suspensión contra la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos, contra la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones y contra la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra.
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