Max Cortázar: Presidencia, detrás de asignación publicitaria

Por primera vez y a raíz de las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública en torno al gasto multimillonario en publicidad oficial del sexenio pasado, Maximiliano Cortázar –quien fuera jefe de la oficina de prensa de la Presidencia de la República de diciembre de 2006 a julio de 2010– reconoce su participación directa en la asignación de la publicidad oficial durante los primeros 4 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

“Las campañas de publicidad evidentemente se definen entre las secretarías de Estado, la misma Presidencia y Gobernación, para darle fuerza a los principales programas que trae el gobierno federal, lo cual está dentro del marco de la legalidad”, asegura en entrevista con Contralínea el actual diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Respecto del uso faccioso del dinero público destinado a los medios de comunicación –documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (casos Contralínea y Proceso) y las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación–, afirma: “En el tiempo en el que yo estuve todo se hizo apegado a derecho; no hubo ninguna cuestión de campañas [electorales] ni nada de eso; ni desvío de recursos de nada en mi tiempo. Yo no puedo hablar [de lo que ocurrió] después porque ya no conozco; yo ya no estaba”.

No obstante, durante su gestión sí se efectuaron procesos electorales, como el de 2009, que implicó el cambio de los 500 diputados federales. Ese año, el gobierno de Calderón Hinojosa erogó 5 mil 183 millones de pesos en publicidad oficial, revela información que la Secretaría de Gobernación envió a la Cámara de Diputados a inicios de diciembre de 2012.

De acuerdo con el reporte oficial, en los años en los que Maximiliano Cortázar encabezó la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, se gastaron 16 mil 892 millones de pesos del erario para promocionar la imagen del “gobierno del presidente de la República”: en 2007, 1 mil 770 millones; en 2008, 3 mil 460 millones; y en 2010, 6 mil 479 millones.

Acerca de las investigaciones que realizarían los contralores federales en las secretarías de Gobernación, Salud, Desarrollo Social, Turismo y Hacienda y Crédito Público por los excesivos gastos publicitarios del pasado gobierno, que en total superaron los 32 mil millones de pesos, indica: “Hasta donde estoy informado lo que está investigando la Función Pública son los últimos 2 años o el último año [2012]”.

El legislador Cortázar agrega: “Yo cerré el ciclo a mediados de 2010. Mis cuentas fueron rev[isadas…], bueno, no mis cuentas porque además yo [como coordinador General de Comunicación Social] no tengo facultad para designar o no dinero; la Presidencia no tiene esa facultad: nosotros no manejamos el dinero, lo manejan las dependencias. Lo que nosotros podemos tener es la prioridad de cuáles son las campañas de publicidad que van dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lo que tiene importancia [y es] relevante para el gobierno en general”.

Entre las “prioridades” de Los Pinos se encontraba “castigar” y “premiar” a los medios de comunicación de acuerdo con su línea editorial. Para Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República, esto es histórico. “El uso político de la propaganda oficial a los medios tiene un padrino que decía: ‘No pago para que me peguen’. Esta expresión es del presidente [José] López Portillo, de la década de 1970. Es algo que no es nuevo”.

El senador por el Partido del Trabajo agrega que lo que se discute es cómo en un país que ya transitó por la “alternancia” se sigan dando estas prácticas. “El PAN no tiene autoridad moral: el expresidente Calderón fue un individuo fraudulento”. Por ello, Blásquez Salinas considera que el uso político de los recursos públicos destinados tanto a la publicidad oficial como a los programas sociales “va a persistir mientras no exista un cambio verdadero”.

La versión del ahora diputado Maximiliano Cortázar refuerza lo dicho por Carlos Olmos Tomasini, quien se encuentra en el centro de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública –encabezada por Julián Olivas Ugalde– por un sobregiro de 316 millones 979 mil 408 pesos, ocurrido durante el último tramo de su gestión como titular de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.

Y es que Olmos Tomasini, actual director de Comunicación Social del Senado de la República, ha asegurado a Contralínea que las instrucciones de cuándo y a quién dar publicidad provenían siempre de la Presidencia y de Gobernación (edición 331).

Según el funcionario, las campañas publicitarias se decidían en Los Pinos “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”. Sin embargo, acepta que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.

Así, entre enero y marzo de 2012 y por órdenes giradas desde la oficina de Alejandra Sota Mirafuentes en Los Pinos, Olmos Tomasini contrató cinco campañas publicitarias por más de 2 mil 100 millones de pesos. En ese mismo lapso –previo a la veda electoral, que prohíbe a los gobiernos anunciarse en medios de comunicación 4 meses antes de los comicios–, otros 400 millones se ejercieron desde el Seguro Popular (Comisión Nacional de Protección Social en Salud).

Ana Cristina Ruelas, oficial de Acceso a la Información de Artículo 19 capítulo México, observa que “2 mil 500 millones de pesos para una sola dependencia de la administración pública federal en 3 meses equivaldría al monto (2 mil 293 millones de pesos) que ejercieron 15 entidades federativas en todo 1 año de gobierno, 2011; y este gasto, aun para las entidades, es totalmente injustificado.”

De las cinco campañas multimillonarias, la Secretaría de Salud incumplió con el pago de 260 contratos con medios de comunicación por casi 317 millones de pesos, revela el oficio DGCS/0030/2013 emitido por el actual director General de Comunicación Social de Salud, Carlos Sandoval Leyva, el 24 de enero de 2013.

En éste se lee que Claudia Solís Beltrán, quien sucedió a Olmos Tomasini y antecedió a Sandoval Leyva, informó en su Acta de entrega-recepción que “quedaron pendientes de pago por insuficiencia presupuestal un total de 260 contratos, por un importe total de 316 millones 979 mil 408 pesos, los cuales se encuentran completos y foliados; para atender esta situación, solicité a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto mediante oficio DGCS/CA/2746/2012, de fecha 12 de diciembre, la ampliación presupuestal correspondiente para cubrir la presión de gastos derivada de la difusión de campañas de comunicación social 2012; sin que al 31 de diciembre de 2012 se tenga respuesta a dicha petición”.

Justine Dupuy, investigadora del área de Transparencia de Fundar, señala que el incremento del gasto en publicidad oficial de la Secretaría de Salud fue una tendencia del sexenio de Calderón: mientras que en 2007 gastó 199 millones de pesos en publicidad, en 2011 alcanzó los 1 mil 910 millones. “En 4 años aumentó 1 mil 711 millones de pesos, es decir, más de 859 por ciento. En el sexenio pasado, Salud se convirtió en la secretaría que gastaba más en este rubro”.

Este gasto, afirma la experta, “es desmedido y totalmente fuera de control”. Respecto de los 2 mil 500 millones de pesos que implicaron sus cinco campañas publicitarias de 2012, refiere: “son superiores al total de los recursos aprobados el mismo año en publicidad oficial para toda la administración pública federal: para 2012, la Cámara de Diputados había aprobado un monto de 1 mil 951 millones de pesos para el concepto 3600 ‘Comunicación social y publicidad’ para toda la administración; este monto es menor a lo que se gastó sólo la Secretaría de Salud el mismo año y para el mismo rubro”.

Con ese dinero gastado en publicidad se hubieran podido construir siete sanatorios como el Hospital General de Zona en Tabasco, con capacidad de 112 camas que costó 320 millones de pesos, refiere Dupuy. “¿Se justifica gastar tanto en publicidad oficial sobre todo cuando se sabe que el gobierno federal dispone de tiempos gratuitos en radio y televisión para difundir sus mensajes?”, pregunta.

La investigadora Ana Cristina Ruelas señala que “el gasto en publicidad oficial es utilizado en todos los niveles de gobierno como un instrumento para limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación y el derecho a saber de las audiencias. La asignación discrecional y arbitraria del presupuesto destinado a publicidad a los medios que simpatizan con el gobierno en función es un elemento que obstaculiza la pluralidad informativa y el debate ciudadano. El ejercicio de recursos públicos millonarios en total opacidad abona en gran medida a que éstos sean destinados a fines propagandísticos para los servidores públicos”.

Documentos girados entre las secretarías de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Luis Videgaray, y Salud, cuya titularidad recae en Mercedes Juan, revelan que la deuda por 316 millones 979 mil 408 pesos contraída entre enero y marzo de 2012 con los medios de comunicación –entre los cuales se encuentran Milenio, Teléfonos de México, Corporación Interamericana de Entretenimiento, Televisión por Cable y otras cableras, según Olmos Tomasini– no se pagará.

Así, el sobreejercicio en el que incurrió a inicios del año pasado y en el contexto de las elecciones presidenciales la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, entonces a cargo de Carlos Olmos, sólo quedaría en manos de la Función Pública y en las sanciones que ésta pueda fincar a los responsables del presunto desfalco contra medios de comunicación.

Y es que al evaluar la ampliación de presupuesto por 322 millones de pesos que requirió la Secretaría de Salud para cubrir la deuda, la directora General de Programación y Presupuesto A de la Secretaría de Hacienda, María Elena Reyna, notificó a través del oficio 315-A-00640 que “no se considera procedente la solicitud de referencia, ya que el presupuesto modificado autorizado a dicha dependencia durante el ejercicio fiscal 2012, en la partida de gasto 36101 ‘Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales’, ha sido ejercido en su totalidad”.

El documento, del cual Contralínea obtuvo copia, agrega: “de existir algún adeudo reconocido por la SS [Secretaría de Salud] éste deberá ser cubierto con su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2013”.

Dicha posibilidad, sin embargo, también fue cancelada por la Secretaría de Salud. El oficio DGP OP/08/00992/13, emitido el 22 de marzo de 2013 por su Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, señala que “para el presente ejercicio fiscal esa unidad [la Dirección General de Comunicación Social] y esta Secretaría no cuentan con recursos para ese concepto”.

En este escenario, Óscar Enrique Díaz Santos –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gasto público y presupuestos– indica que los medios tendrían que demandar para que les pagaran. “Entonces entran a un proceso de juicio y si se decide que se les pague por la vía mercantil lo tienen que pagar. Desde el punto de vista del presupuesto ya no lo pueden hacer, porque la única forma de pagar cuestiones de un año a otro, ejercicios anteriores, es por los Adefas [adeudos de ejercicios fiscales anteriores], pero eso es de un año a otro, no es por todo el periodo. Hacienda tiene que adecuar en diciembre una relación de Adefas para que los recursos que son devengados, gozados, en diciembre se puedan pagar en enero del siguiente año, pero nada más en ese caso”.

No obstante, el investigador observa que “aunque sea otra administración, si las empresas ganan la demanda, no es Calderón el que la pierde, es el Estado mexicano”.

Por los 260 contratos publicitarios que adeuda la Secretaría de Salud desde marzo de 2012, los medios de comunicación afectados han amenazado con demandar legalmente al gobierno federal de Enrique Peña Nieto por fraude, se desprende del oficio interno DGCS/0120/2013, del cual Contralínea tiene copia. En éste se apunta que hay una “constante presión y advertencia de demanda legal que los proveedores, todos ellos medios de comunicación a los que se les adeuda por servicios prestados a la Secretaría de Salud en 2012, han manifestado en esta instancia”.

“El sobreejercicio es un problema recurrente en publicidad oficial en todos los niveles de gobierno. A nivel federal, la tendencia del sexenio pasado fue ejercer el doble de lo que se aprobaba en la Cámara de Diputados, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación”, expone Justine Dupuy. Para Ana Cristina Ruelas, los sobregiros revelan falta de planeación en el gasto, algo que se considera fundamental para evitar la opacidad y el beneficio de intereses de funcionarios, periodistas y dueños de los medios de comunicación.

Díaz Santos observa que la publicidad oficial es una manera de coartar la libertad y una forma de hacer negocio con los particulares, en donde los servidores públicos se llevan una participación, un porcentaje que se paga al margen de la legalidad. “No está escrito, pero se lleva a cabo”.

Ello, a pesar de que la ley es clara: “Lo primero que tienes que hacer es agotar los tiempos fiscales que tiene el Estado. Ya que los agotaste, ya puedes poner a licitación los tiempos necesarios”.

Con el objetivo de evitar el uso faccioso de la publicidad, el perredista Armando Ríos Piter, secretario de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas del Senado de la República, presentó una iniciativa que busca reglamentar la publicidad gubernamental.

“Hay la preocupación de que la forma en la que interactúa el poder público con los medios, al ser opaca, termina determinando líneas editoriales, haciendo una malversación de los recursos públicos en favor de las personalidades y no de las instituciones. Y me parece que es indispensable reglamentarlo en virtud de que también es una exigencia después de la reforma de 2007”, indica el senador.

Desde ese año, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe una prohibición del uso propagandístico de la publicidad oficial, sin embargo, la ausencia de reglamentación de esta disposición deja un vacío jurídico que permite un uso abusivo de la publicidad oficial, considera la investigadora Justine Dupuy. Añade que en ese contexto el gasto millonario de la Secretaría de Salud en 2012 fue desmedido y puso en riesgo la equidad de la contienda electoral presidencial, al entrañar la posibilidad de un uso propagandístico.

“Es urgente despolitizar el uso de la publicidad oficial. Según los mejores estándares internacionales, estos recursos no deberían de estar en manos de funcionarios nombrados políticamente, sino de organismos o funcionarios técnicos”, señala Dupuy.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con las secretarías de la Función Pública, Salud, Desarrollo Social y Hacienda. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

(Con información de Elva Mendoza, Érika Ramírez y Flor Goche)

Fuente: Contralínea 332