FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Maximiliano Cortázar –“Max”, como le decía su jefe y promotor Felipe Calderón cuando usurpó la Presidencia de la República– es identificado junto con el empresario Claudio X González Guajardo como los dos principales promotores de la guerra sucia contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cortázar, actual vocero y responsable de comunicación de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, se ha especializado desde que fungió como vocero del gobierno de Calderón en el uso faccioso del dinero público para el control de medios de comunicación, según reconoció en su momento su exempleado Carlos Olmos Tomasini, quien al frente de la coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Salud desvió millones de pesos de esa dependencia “por instrucciones de Cortázar y de Alejandra Sota”, para pagar publicidad a dueños de medios y periodistas.
El líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, acusó en días pasados al empresario y líder de los partidos de oposición Claudio X Gónzalez Guajardo y la precandidata de la derecha Xóchitl Gálvez, de estar detrás de la guerra sucia que busca dañar y desprestigiar la imagen de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la cuarta transformación.
El líder morenista señaló directamente que la campaña de difamación –a la que le destinan decenas de millones de pesos– la orquesta “el experto en guerra sucia” Maximiliano Cortázar, responsable de comunicación en la campaña de Xóchitl Gálvez.
Delgado aseguró que tras la llegada del panista Cortázar a ese cargo en la precampaña de la oposición, las redes sociales se encuentran inundadas de noticias falsas, argumentos de odio, violencia y misoginia en contra de la aspirante de la 4T Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que esa estrategia no es al azar, sino que por el contrario, está sustentada con una gran inversión de recursos.
“Evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente. Hay producción detrás de estos videos, detrás de esta campaña. Por lo menos, 29 videos de alta producción donde hay actores, hay escenografía, hay diseño, hay audio. Se ve que hay investigación detrás para tratar de erosionar la imagen de nuestra precandidata a la Presidencia [Claudia Sheinbaum]”, indicó el dirigente de Morena.
El partido Morena tiene evidencias de los vínculos del material desinformativo que provienen de empresas y páginas del extranjero, principalmente de Chile y Guatemala. “Sabemos que es una campaña orquestada: hay vínculos, observamos que nueve de ellas se conectan a un mismo número telefónico y a un mismo correo electrónico”.
Delgado presentó la semana pasada en conferencia de prensa las evidencias de que las páginas utilizadas para la guerra sucia son: Global Noticiasnet, La Red Guate, Tolimán GT, Chulamar GT, Zona Noticias GT y Punto Final GT; las cuales son las mismas que promueven la imagen de Xóchitl Gálvez y atrás de ellas están Claudio X González Guajardo y el Frente Amplio por México.
A este grupo, advirtió Mario Delgado, se le suman los principales aliados de la guerra sucia, a quienes identificó como: los diputados Fernando Belaunzarán, Teresa Castell, Ana Lucía Medina, Miguel Peñaflor, la Sociedad Civil México y Mexicanxs en Acción, todos simpatizantes o afines a los partidos PRI y PAN.
La campaña desinformativa también se comparte en grupos de la plataforma WhatsApp como el llamado “Xochilovers”, donde Diana Vega Gálvez –hija de Xóchitl Galvez– es coordinadora. “Los familiares de Xóchitl Gálvez, los xochilovers empiezan a mandar por WhatsApp estos mensajes a toda la gente”, acusó el representante de Morena.
En el gobierno del panista Felipe Calderón, desde la Presidencia, Max Cortázar y Alejandra Sota ordenaban el uso político de campañas publicitarias en medios de comunicación electrónicos e impresos, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos.
Lo anterior motivó que en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto las secretarías de la Función Pública y de Hacienda abrieran carpetas de investigación por el uso faccioso del dinero público para esas campañas publicitarias que promovieran la figura de Calderón. Entre las primeras irregularidades descubiertas se documentó sobregiros por cientos de millones de pesos en las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Turismo. Sólo en Salud, el coordinador de comunicación social, Carlos Olmos, movió 317 millones de pesos.
Pero fue desde la oficina de prensa de la Presidencia con Felipe Calderón, donde sus titulares Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012) ordenaron utilizar recursos públicos de esas tres secretarías de Estado –Salud, Desarrollo Social y Turismo– para pagar miles de millones de pesos a medios de comunicación que apoyaban los programas del gobierno y, en 2012 (último año de gobierno de Calderón), para liquidar contratos publicitarios que se otorgaron a la prensa como retribución por su respaldo a la campaña electoral de Josefina Vázquez Mota, candidata perdedora del Partido Acción Nacional.
Años después de esos hechos, uno de los principales responsables de mover cientos de millones de pesos de dinero público para beneficiar a medios de comunicación, el exvocero de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos Tomasini, reconoció haber recibido instrucciones verbales directas de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón para otorgar cuantiosas partidas presupuestales para la publicidad oficial.
Según Olmos Tomasini, las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían del dinero público le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación.
Esas campañas publicitarias se decidían entonces en la Presidencia de la República “por Alejandra Sota o Max Cortázar. Ellos eran la primera instrucción; después pasaba a Gobernación, y Gobernación instruía a todas las áreas”, recordó Olmos Tomasini en entrevista con Nancy Flores de Contralínea. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.
Agregó: “Nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.
En 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio–, el gobierno de Calderón Hinojosa destinó 6 mil 860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos, según registros oficiales. De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones, es decir el 36.44 por ciento.
Aún se guarda la grabación en donde Olmos Tomasini, quien hasta pisó la cárcel y enfrenta un proceso penal por el desvío de dinero público, declara cómo fue presionado por Cortázar y Sota para asignar miles de millones en publicidad en clara violación a la ley:
—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?
—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.
—¿2 mil 500 millones en 3 meses?
—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.
—¿Quién lo ordenó?
—Presidencia y Gobernación.
A lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos, y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012, es porque la ley le impedía al gobierno hacerlo durante las campañas políticas.
La orden que recibió de Presidencia el área que encabezaba Olmos Tomasini en Salud los primeros 3 meses de 2012, se volvió en su contra: 260 contratos con medios de comunicación nunca fueron pagados por “insuficiencia presupuestal”. Así, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg en Salud, en donde fue secretario desde el 9 de septiembre de 2011 al 1 de diciembre de 2012, heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la gestión de la secretaria Mercedes Juan López. Chertorivski es actualmente candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de la Ciudad de México.
Esa misma “insuficiencia presupuestal” generó reacciones en el gobierno del priista Peña Nieto, pues por una parte las autoridades de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigaban el destino del presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos que ejerció la Secretaría de Salud en publicidad y se habrían líneas de investigación en los ejercicios de las secretarías de Desarrollo Social y de Turismo, pues hubo también en esas dependencias un gasto indiscriminado para apoyar a la candidata panista Vázquez Mota. Por otro lado, los empresarios de los medios a los que se les adeudaba cientos de millones de pesos, demandaron al gobierno federal por el delito de fraude.
Olmos Tomasini decía tener una “deuda moral” con los medios, pues algunos de los directivos eran sus “amigos”, por lo cual ya fuera del gobierno seguía cabildeando para gestionar los millonarios pagos a la prensa.
Todas esas investigaciones en curso llegaron hasta el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde la orden fue tajante de no usar dinero público para saldar deudas fraudulentas del gobierno calderonista con la “prensa vendida”.
No obstante, Olmos Tomasini se defendía: “las campañas de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.
En la Secretaría de Hacienda, durante la gestión de José Antonio Meade (9 de septiembre de 2011 a 30 de noviembre de 2012) en el gobierno de Calderón, se entregaron 1 mil 838 millones 409 mil 399 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos, a través de los acuerdos 801.1.099, 801.1.102, 801.1.118, 801.1.149 y 801.1.161. Los oficios –de los cuales se posee copia– fueron firmados por los exsubsecretarios de Egresos, Carlos Alberto Treviño y Bogart Montiel Reyna.
—¿Por qué no mandaron dinero para estos 260 contratos? –se le preguntó a Carlos Olmos Tomasini–.
—Ahí sí no te sé decir eso; no te lo sé decir porque era una cuestión administrativa, y ya no regresó el dinero Hacienda. Ahora, es correcto lo de los 2 mil 500 millones de pesos, que fue en números redondos que bajaron; pero en esos 2 mil 500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces parte de este dinero fue para el Seguro Popular [Comisión Nacional de Protección Social en Salud]. No nos mandaron todo el dinero a nosotros. Se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba.
—¿Pero tú sí manejabas estos 260 contratos que no se pagaron?
—Sí. Todo esto sí. De todo esto yo soy responsable. De la bajada del dinero sí era directamente [responsable] Gobernación, Hacienda y el área de pagos de la Secretaría [de Salud]. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de Gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de Gobernación, para que luego solicitara a Hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo.
—¿Quién te autorizó en Gobernación?
—Alejandro Echegaray [exdirector General de Normatividad].
El oficio SNM/DGNC/0010/12, emitido por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y firmado por el propio Alejandro Echegaray, autoriza una de las tres campañas publicitarias de la Secretaría de Salud que costaron al erario 2 mil 100 millones de pesos.
Olmos Tomasini decía no recordar a todos los medios que se les debe, señala que ni Televisa ni TV Azteca se encuentran en esa situación (a éstas sí les pagaron). Están Milenio, Telmex, CIE, TVC y varias cableras.
Sobre la investigación que se sigue respecto de su gestión, indica, “estoy tranquilo”. Manifiesta que todos los contratos que asignó fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Alejandro Poiré Romero, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. También se decía confiado en que la Secretaría de Salud pagaría los 317 millones 78 mil 991, correspondientes al sobregiro presupuestario de 260 contratos con empresarios de los medios de comunicación. Esto nunca ocurrió y el proceso penal continúa.
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