Delitos del fuero común, “enorme peso” en el clima de inseguridad de amplias regiones del país, observa el doctor Abelardo Rodríguez Sumano. Especialista en temas de seguridad, advierte que estados y municipios que dejan crecer la delincuencia común generan las condiciones para la implantación del crimen organizado. Necesario, reorganizar el sistema nacional de seguridad pública para que gobiernos locales realicen labores de inteligencia con coordinación nacional
Delitos relacionados con la corrupción, la falta de rendición de cuentas, el robo a casa-habitación, el asalto a transeúntes, el consumo de sustancias prohibidas en la vía pública, asesinatos, agresiones, violaciones, constituyen un “puente” que, si los primeros respondientes no combaten, pueden propiciar la comisión de otro tipo de crímenes que ponen en riesgo la seguridad interior y nacional.
Esos “primeros respondientes” son los gobiernos municipales y estatales, observa Abelardo Rodríguez Sumano, doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami, especialista en temas de seguridad pública, nacional y regional.
También maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown y posgraduado en Relaciones Internaciones y América Latina por la Universidad de California, Berkeley, destaca la responsabilidad de gobiernos estatales y municipales en el clima de inseguridad que se vive en amplias regiones del país. Y también, el papel que pueden jugar para, con una coordinación a nivel federal, contribuir en la desarticulación de grupos de la delincuencia organizada y llevar paz a todas las regiones de México.
La acción municipal resulta crucial cuando los delitos del fuero común no han rebasado al gobierno local y el crimen organizado no ha llegado a “feudalizar” las regiones de la demarcación, explica el también politólogo y administrador público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, los estados y municipios, advierte, también deben ser dotados con herramientas para combatir la delincuencia y, en aquellos que ya se ha instalado el crimen organizado, puedan contribuir con la Federación en la desarticulación o reducción de las grandes bandas.
Destaca la posibilidad de que estados y, aún, municipios generen información de inteligencia con prespectiva nacional, regional e internacional. Todo bajo una coordinación de la Federación y con especialistas en la materia.
Una política de ese tipo no sólo requiere de cambios en las leyes, sino de un profundo diagnóstico que incluya a los 2 mil 446 municipios del país y los 32 gobiernos de las entidades federativas. Señala que cada demarcación tiene particularidades que, lejos de ser una desventaja, podría convertirse en un atributo.
Ejemplifica con el caso de los municipios costeros del Pacífico, con rutas de trasiego de drogas y de trata de pesonas. Otras particularidades revistirían aquellos municipios donde se cultivan estupefacientes, por ejemplo. Finalmente, se podría generar una manera integral de combate a la inseguridad de manera integral que no sólo involucraría alas autoridades sino al conjunto de la sociedad.
“En general, los gobiernos de los estados y de los municipios deberían contar con una focalización de la seguridad pública. Y dada la condición geoestratégica de México, y que somos un corredor de estupefacientes y de una cantidad innumerable de factores ilícitos, deberían tener la capacidad de generar análisis, inteligencia y procesos de toma de decisiones en su ámbito, pero atendiendo el ámbito nacional e internacional.”
El también profesor-investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana considera que “forzosamente” los municipios deben ser incoporados en los entramados de inteligencia y en el proceso de toma de decisiones.
“Fortalecer el tema de la coordinación y las estrategias y prioridades en materia de seguridad pública ciudadana a nivel municipal o estatal; pero en el marco de un contexto nacional e internacional. Y en el caso de los municipios que se encuentran a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos, tendrían que tener en cuenta la dimensión diplomática. Y los municipios que se encuentran en la frontera con Centroamérica también. Y los municipios que se encuentran a lo largo de toda la costa del Pacífico y el Atlántico también deberían de coordinar esfuerzos con la seguridad marítima. Esto en realidad ya lo están haciendo los gobiernos del los estados desde su ámbito, pero deben hacerlo los municipios.”
Al autor de La Urgente seguridad democrática. La relación de México con Estados Unidos (Taurus, 2008) y coautor de North American Regional Security: A trilateral framework? (Lynee Rienner Publishers, 2013), entre otros libros, se le pregunta sobre lo que estados y municipios han dejadode hacer y lo que hoy podrían, desde sus competencias, para contribuir en el rescate de la segurida y la paz de las poblaciones del país.
“Hay mucha tela de dónde cortar. Me parece que siempre se puede, en el caso de los estados, replicar algunas de las tareas que se hacen en el nivel federal. Se pueden hacer a nivel estatal e incluso municipal. Y [algo que] veo, como alguien que ha estudiado esto durante varios años, es [la falta] de un diagnóstico, de un mapa conceptual.”
Se refiere a que es necesario para el país la generación de una organización entorno a información clara y detallada sobre dónde están los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades nacionales. No es un asunto de policías y ladrones. “Es un trabajo intelectual que desgraciadamente muchas veces no vemos. Eso pudiera ayudar”. Se incluiría un “trabajo de conceptualización de los niveles de riesgo, los niveles de amenaza, los niveles de vulnerabilidad”.
—¿Acaso no hablamos de seguridad nacional, algo que le compete a la Federación y no a los estados ni a los municipios? –se le cuestiona.
—En un primer nivel se podría hacer el nivel estatal. Y si no en todos los municipios, sí en los más relevantes del país, por ejemplo Guadalajara, Monterrey, Mérida, etcétera. Primero, un trabajo de organización conceptual, obviamente con el manejo de información de datos duros de dónde se encuentran las principales áreas de riesgo. Y esto tiene que venir de la mano de un cuerpo de profesionales en materia de seguridad, de inteligencia y de inteligencia criminal para hacer cruces de información. Y ahí también hay otra área que ya pasa de la conceptual a la organizacional, para poder comprender una unidad institucional que le dé cuerpo a esta estructura, que esté acompañada de especialistas en el análisis de estos riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Y que éstas puedan ser procesadas en una serie de carpetas como recomendaciones al gobierno del estado, pensando en general, porque ahí va a depender del proceso de toma de decisiones del gobernador y de su agenda política.
El trabajo de transformación de la política de seguridad del país en los estados y municipios no podría detenerse ahí, explica. De hecho, apenas sería el inicio. Con el equipo de expertos podría proponerse una serie de reformas a leyes federales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Algunas de ellas son estructurales y otras urgentes, apremiantes e inminentes. Hay un debate fuertísimo en la clase política de este país, que es el tema de la proximidad: la responsabilidad del Estado y los municipios frente a la ciudadanía; por ahí hay un un traslape de elementos que son de seguridad ciudadana, que pertenecen a los municipios. Y si un municipio es de un partido político diferente al gobierno del estado, se complejiza aún más si el gobierno federal es de otro partido político. Y entonces ahí está el tema, para mí principal, de cómo poder colocar un asunto de seguridad pública que pueda llegar a ser incluso un problema de seguridad nacional. Y es ahí donde entra el elemento federal. Pero para poder potencializar, organizar, mitigar, coordinar e, incluso, adelantarse con la fuerza de un Estado, pues requiere inteligencia, organización y una serie de profesionales con experiencia probada en un trabajo interdisciplinario a nivel de barrio, a nivel de comunidad, de ranchería, que pueda trabajar las dimensiones de la seguridad pública en el corte estatal.”
La parte que implica el diagnóstico, el trabajo conceptual y organizacional, dice, “se puede trabajar desde ya en los gobiernos de los estados”. Después, con una serie de acuerdos deben venir las reformas constitucionales. Todo con el objetivo de “reducir la impunidad, la corrupción, que ponen en tela de juicio el estado de derecho, que va mucho más allá de la autoridad estatal o municipal y en la cual participan empresarios y la sociedad en general. Tener un estado de derecho endeble repercuter en la inseguridad pública en el estado y en los municipios”.
Y posteriormente, en una tertcera fase, llegaría la aplicación de todo lo realizado previamente de manera integral. Incluye una estrategia para casos específicos, como aquellos en que los gobiernos de los estados no tienen capacidad de generar inteligencia y dependen de la inteligencia federal.
“Cada gobierno estatal tendría que tener su estructura de inteligencia estatal, como también lo tendrían que tener los municipios: un servicio de inteligencia profesional a favor de la entidad y a favor del municipio, de la población y de la demarcación territorial, de cada una de las entidades federativas, para acompañar el trabajo que van a realizar las policías, el trabajo en el Secretariado [Ejecutivo del Sistema Nacional] de Seguridad Pública, en los reclusorios, en los ministerios públicos, etcétera.
—¿Cómo dotar de esas herramientas a estados y municipios si, sobre todo estos últimos, en muchos casos, están cooptados por el crimen organizado? –se le cuestiona.
—Precisamente ahí es clave el trabajo de inteligencia para la seguridad estatal y la seguridad nacional, junto con inteligencia criminal, de determinarlo. Es ahí donde está el reto y creo que no hemos logrado llegar ahí: cuál es el potencial en estados que han sido feudalizados por el crimen organizado. Es importante determinar cuál es el nivel, la naturaleza, la evolución y la transformación de la amenaza. Considero que en algunos casos, cuando hablamos de crimen organizado trasnacional, hay redes que tienen un alcance global internacional y que superan por mucho la capacidad de los estados y los municipios. Ahí hay un dilema operativo y hay una oportunidad de tipo analítico: si el estado puede dimensionar y tiene aproximación hacia la naturaleza de esa amenaza. Sería prácticamente inviable que una entidad federativa responda por sí misma y vaya a tener capacidad de respuesta para contener, disuadir o desactivar redes que puedan ser más poderosas que las fuerzas estatales. Entonces, analíticamente, estaría en la posibilidad de poderlo plantear, pero tengo mis dudas de que incluso pueda tener una fotografía completa para que, en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación o el cartel de Sinaloa, que superan por mucho la capacidad de penetración y desarrollo de sus actividades delincuenciales a las de una entidad o incluso una colonia o un municipio. Resulta muy complejo que ese estado o municipio va a poder por sí mismo, incluso, dimensionar ese alcance. Forzosamente se tendrá que trabajar ahí en dos vías: la de acceso a información federal, y ahí es otro dilema, y acceso a información internacional sobre el nivel de la amenaza a la seguridad estatal. Ahí hay un desafío, porque lo que estamos viendo ahora es que por la capacidad de fuego del crimen organizado varios de los estados ya han perdido esa capacidad operativa para dar respuesta. La posibilidad es que tiendan puentes con la dimensión nacional e internacional para poder determinar una serie de actividades que vayan encaminadas a desactivar esa fuerza que tiene el crimen organizado a lo largo de las distintas regiones del país.
—Hoy la seguridad pública descansa en la Guardia Nacional, sin importar si son delitos del fuero común o federal. Parece que hay estados y municipios muy cómodos, esperando que todo el problema de la seguridad sea resuelto por la Federación. ¿Esta situación no implica riesgos, incluso, para el propio federalismo porque se podrían estar invadiendo facultades soberanas?
—Dentro del federalismo mexicano, y en función de la misión que tienen, en el despliegue y cómo este despluegue puede moverse para buscar seguridad pública en una región, y por la volatillidad del crimen organizado, la Guardia Nacional requiere de un despliegue rápido, ágil, entre distintas entidades federativas, tal y como está ocurriendo. El problema ahí es, otra vez, el de la desconfianza que entre gobiernos de partidos políticos contrarios al gobierno federal; que la parte política pueda plantear una “invasión” de las facultades y de las capacidades del estado de derecho que tienen como responsabilidad constitucional velar y defender cada una de las entidades federativas. Y que reaccionen a la Guardia Nacional cuando ellos [municipios] plantean que han sido rebasados. Considero que el nivel del peligro y de la amenaza que representa el crimen organizado es lo que pone en jaque al federalismo mexicano con sus distintas demarcaciones jurídicas y sus propias responsabilidades políticas que, de cara a amenazas o ataques de la delincuencia organizada, pues lo último que ellos van a hacer es respetar el orden jurídico del país. Por el otro lado está la cuestión de la desconfianza de la Federación con los gobiernos estatales o los gobiernos municipales y ahí se vuelve mucho más complicado para la actuación de un estado de derecho de la seguridad pública, por ejemplo, frente al secuestro.
—Qué deben reforzar los estados y municipios. Porque hay delitos que no tienen que ver con la delincuencia organizada ni con otros delitos federales pero que generan alto impacto en la pobalción.
—Absolutamente. Sí, el marco constitucional nuestro marca muy claramente responsabilidades, cuando estamos hablando del fuero común que no tienen que ver con delincuencia organizada, que es el combate a la corrupción, a la impunidad, una buena organización de los recursos, inversión en infraestructura, atención a la vía pública, a la ciudadanía, a los intereses de la población, en general, que son capacidades y recursos que sí tienen los estados y tienen los municipios en general. Ahí está el punto fino a distinguir. Si no han sido ya sometidos por la delincuencia organizada: dónde ya están haciendo el cobro de piso. Mientras eso no suceda, pues ahí hay una labor fundamental. No podemos dejar pasar que un presidente municipal deje pasar la corrupción o sea parte de la misma; igual la impunidad, la opacidad en la información, la ausencia de profesionalización, la ausencia de datos duros. Ahí hay todo un trabajo que, además, tiene que ser vigilado y acompañado por la prensa, por la ciudadanía, por los empresarios, por las universidades y no exclusivamente por la autoridad. Los municipios son los principales y los primeros responsables. Es una labor importantísima junto con la ciudadanía, en su conjunto, y con todas las distintas entidades que conforman la gobernanza.
Abelardo Rodríguez Sumano, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), con nivel II, señala que la otra tarea de los gobiernos de los estados y los municipios es promover el cumplimiento de las leyes y ellos mismos cumplirlas.
“Uno de los temas más importantes dentro de la seguridad pública es el de la cultura de la legalidad, de la transparencia, de la responsabilidad social, del cuidado del patrimonio colectivo, del patrimonio de los ciudadanos, del patrimonio territorial, de la memoria histórica… Y ahí, obviamente, el marco constitucional sí le confiere a los gobiernos de los estados esa responsabilidad. Si los gobiernos de los estados claudican frente a esa responsabilidad, y hasta privilegio que la ciudadanía le ha conferido, estamos frente a un debacle política y social. Y es ahí donde la labor de la academia, de la prensa y de la ciudadanía, en su conjunto, nos obliga a estar atentos justamente estos aspectos donde se puede distinguir cuáles son las responsabilidades de los gobernadores, de los presidentes municipales. Y cuáles son también las responsabilidades y las distintas actividades que puede llevar a cabo la ciudadanía para mejorar la seguridad de todos.
Señala que los delitos del fuero común, cuando no se combaten y quedan impunes, son “un puente” hacia la delincuencia organizada. Por ello, advierte los estados y municipios no deben claudicar en sus responsabilidades.
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