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En México prevalecen delitos económicos tradicionales de lavado de dinero, tales como la malversación de activos, el soborno y la corrupción, así como el fraude contable y el fraude en compras. Sorpresivamente, el uso indebido de información privilegiada se posiciona como uno de los delitos más importantes, afirman expertos.
Hay actividades delictivas que generan excesos de rentabilidad que se mueven a través de actividades lícitas e ilícitas para reinvertirlos, consumirlos, mediante lavado de dinero, un mecanismo de organizaciones delictivas para proteger sus activos, recircular sus recursos e infiltrar la economía legal, afirma Manuel Vélez, licenciado en economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Hay otro factor que tiene que ver con gobernanza y estado de derecho en México: la defraudación fiscal y evasión son un determinante importante de flujos financieros ilícitos, puesto que en lavado de dinero que se hace con ese delito repercute en las finanzas públicas, apunta.
El 21 de julio pasado, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró en la conferencia presidencial que en el primer semestre de 2021 se logró una reducción de 23.6 por ciento en delitos fiscales; de 15.7 por ciento en ilícitos financieros; y de 11.4 por ciento en delitos de delincuencia organizada.
Sobre el tema, el economista Manuel Vélez subraya que estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) apuntan a que, en el mundo, los flujos financieros ilícitos ascienden a 1 trillón de dólares –de acuerdo con el Global Financial Integrity–, mientras que en México, la magnitud del lavado de dinero se estima entre el 2 y el 5 por ciento del PIB.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima 2.7 por ciento del PIB global, a partir de ingresos criminales, “entonces –precisa el catedrático– ahí hay un sesgo importante porque no hay [en México] metodologías estandarizadas para medir este ilícito y las que están más probadas son las que tienen que ver con drogas”.
“En México siguen prevaleciendo los delitos económicos tradicionales, tales como la malversación de activos, el soborno y la corrupción, así como el fraude contable y el fraude en compras”, asienta el estudio Inteligencia financiera y combate a la corrupción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (fechado en junio 2021).
Coordinado por Carla Astrid Humphrey Jordán –ahora consejera electoral– y de la autoría de Fabiola Navarro, el documento destaca que “en forma sorpresiva, el uso indebido de información privilegiada se posiciona como uno de los delitos más importantes en nuestro país, tanto en incidencias reportadas como en expectativa de ocurrencia en el corto plazo”.
Y agrega que los esquemas de corrupción más comunes en México son pagos indirectos a través de socios comerciales (67 por ciento), proveedores ficticios/facturas falsas, pagos indebidos a través de nómina, regalos, viajes y entretenimiento indebidos, deficiencias en los controles de tesorería para monitorear el destino final de fondos (17 por ciento) y sobreprecio/soborno (17 por ciento).
Igual, aduce que los delitos económicos en México se incrementaron casi un 57 por ciento en 2018, una tendencia que también se experimenta a nivel global (49 por ciento en 2018, frente a 36 por ciento en 2016).
El estudio indica que el 58 por ciento de las compañías mexicanas reconoce haber sido víctima de algún tipo de delito económico o fraude durante los últimos 2 años. Las vulneraciones más habituales son en este orden: la malversación de activos, el soborno, la corrupción y el fraude cometido por el consumidor.
También señala que a nivel global, cada año se paga 1 billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, lo que equivale a más del 5 por ciento del producto interno bruto mundial.
El documento asegura que los principales delitos económicos a nivel global son: malversación de activos (78 por ciento), delitos informáticos (26 por ciento), uso indebido de información privilegiada (21 por ciento), sobornos y corrupción (21 por ciento), y fraudes de compras (18 por ciento).
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un papel mucho más relevante y positivo en combate al lavado de dinero, sin embargo, un aspecto negativo es el uso indiscriminado de algunos mecanismos legales, como el bloqueo de cuentas, alerta Manuel Vélez, miembro del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
“Es un arma poderosa porque inmoviliza recursos que pudieran ser de procedencia ilícita, pero también está dando a conocer a quien le bloquea sus cuentas, lo cual puede ocasionar que las personas dispersen más sus recursos y hacer más compleja la labor judicial cuando pasan la investigación”, precisa.
Otro aspecto positivo, dice, es que hay la intención de estar renovando la Ley Federal Contra Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que desde 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo tratando de impulsar para incluir temas en los que México se ha quedado rezagado, como el beneficiario final y los testaferros. También, actividades y profesiones no financieras designadas –todo aquello que no es sistema financiero– que están dispersas. Por ejemplo, despachos de contaduría pública, agentes de bienes raíces, notarios públicos, operaciones de comercio exterior, casinos, comerciantes de metales y piedras preciosas, profesionales jurídicos y fideicomisos en los que el GAFI ve dificultades en el cumplimiento de sus recomendaciones.
La industria de casinos es un giro típico de alto riesgo, por lo que para las autoridades anti-lavado siempre deberían de ser un foco de atención, pues son el método clásico para lavar dinero, considera Manuel Vélez.
“La industria de juegos, de casinos y apuestas deportivas suele estar, a veces, fuera del radar de las autoridades, pero es muy valiosa; por ejemplo, en México más o menos está valuada en 10 mil millones de dólares, sin embargo no hay evaluación ni informes que nos den cuenta de cómo anda esa industria”, destaca.
El comportamiento del lavado de dinero cambia según el comportamiento de los mercados criminales. En la pandemia, grupos delictivos se han visto afectados y otros giraron hacia delitos como falsificación de equipo médico y medicamentos, “pero las estructuras de lavado de dinero per se no cambian, porque ya está montada una empresa, ya se tiene quién cocina los libros”, refiere.
Saber cuánto lava cada organización es muy difícil: hay organizaciones que se especializan en la venta de drogas y dentro de éstas, unas que se especializan en la venta de fentanilo, cocaína; y otras que son más diversificadas y que tienen otros giros como la extorsión o el contrabando de otros productos.
Por ejemplo, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las investigaciones de Estados Unidos se cree que lava dinero moviéndolo a paraísos fiscales, pero en la realidad no pasa tanto: se puede encontrar una gasolinera, una estética, un spa donde nunca hay gente, pero tiene mucha facturación.
“Durante la pandemia, una hipótesis que yo tengo es que cuando tienes muchas unidades económicas vulnerables, que van a perder sus créditos o que están en riesgo de quebrar, las organizaciones delictivas, como tienen exceso de liquidez, pueden prestar dinero o comprar empresas”, explica Vélez.
El “rey” del lavado de dinero es y seguirá siendo por mucho tiempo el dinero en efectivo, aunque las criptomonedas van a impulsar una regulación inteligente, enfatiza.
El lavado de dinero, junto con la corrupción, la evasión y el fraude fiscal forman parte de la denominada economía sumergida que resulta muy complicada de cuantificar, y ha alcanzado dimensiones globales toda vez que, ya desde 2012, se situaba entre las 20 primeras economías del mundo con un volumen de 870 mil millones de dólares al año, equivalentes al 1.5 por ciento del PIB mundial, señala el Informe 2020 sobre lavado de dinero de la DEA.
Mientras y, según datos de la ONU de 2020, se calcula que el 10 por ciento del PIB mundial son activos financieros transfronterizos; de ellos, el blanqueo de dinero de procedencia ilícita asciende a 1 billón 370 mil millones de euros –equivalente al PIB de España– y el 2.7 por ciento de la riqueza mundial; estimándose en 35 mil millones de euros al año el volumen de sobornos.
Las organizaciones criminales trasnacionales continúan generando decenas de miles de millones de dólares en ingresos ilícitos a través de la venta de drogas ilegales cada año en los Estados Unidos cuyas ganancias cambian de manos en numerosas ocasiones entre los niveles de contrabando, mayorista o minorista del mercado, indica el informe.
El inicio de la pandemia de Covid-19 provocó cambios significativos en el panorama del lavado de dinero. Las restricciones fronterizas entre Estados Unidos y México, así como las preocupaciones sobre la exposición al virus, han dificultado que las organizaciones criminales trasnacionales transporten cargas de dinero a granel a través de la frontera suroeste de Estados Unidos.
La actividad de blanqueo de capitales basado en el comercio se ha visto interrumpida debido a retrasos en los envíos en todo el mundo. Estos retrasos en los envíos también afectan a los proveedores del mercado de la web oscura que ya son vulnerables a las fluctuaciones de las monedas virtuales que se mantienen en custodia mientras los medicamentos viajan por correo.
Aunque durante varios años la moneda virtual se ha utilizado como un método de pago para comprar drogas ilegales en línea, ahora es cada vez más utilizado por los lavadores de dinero internacionales para transferir ganancias a través de las fronteras en nombre de las organizaciones criminales trasnacionales.
Sin embargo, la pandemia de Covid-19 llevó directamente a los traficantes a enfrentarse a obstáculos para mantener el flujo de drogas y dinero, y las restricciones fronterizas entre Estados Unidos y México, provocadas por la pandemia, han aumentado la dificultad de transportar cargas de dinero a granel hacia México.
Como resultado, grandes cantidades de moneda estadunidense se mantienen a lo largo del lado estadunidense, a la espera de ser transportadas a México y los mensajeros realizan menos recolecciones de dinero por temor a la exposición al Covid-19 y una mayor presencia de las fuerzas del orden, asegura el informe de la DEA.
Los mercados de la web oscura que comercian con drogas ilícitas han experimentado interrupciones debido a la pandemia de Covid-19, debido en parte a la escasez de medicamentos y las demoras en el envío que exacerban el riesgo de vender medicamentos por monedas virtuales altamente volátiles.
Las organizaciones criminales continúan repatriando un volumen significativo de ingresos ilícitos cada año a través del contrabando de efectivo a granel, a pesar de métodos más modernos de transferencia de dinero. En 2019, hubo más de 3 mil incautaciones de divisas a granel en Estados Unidos.
Esto representa más de 368 millones de dólares incautados en 2019, un aumento del 62 por ciento en volumen de los casi 227 millones incautados en 2018. El número de episodios convulsivos en 2019 (3 mil 454) fue un aumento del 39 por ciento con respecto al año anterior (2 mil 487).
En 2019, California, Ohio y Texas reportaron los montos más altos en dólares incautados a granel por un total combinado de 131 millones 39 mil 840 dólares, 36 por ciento de todo el efectivo incautado en 2019. Mientras que en los primeros 6 meses de 2020, California, Nueva York y Texas representaron el 39 por ciento del efectivo incautado a granel.
Los blanqueadores de dinero suelen utilizar empresas que comercializan productos básicos de alto valor, como bienes raíces, vehículos y joyas, para hacer que sus fondos ilícitos parezcan legítimos al invertir el valor de sus fondos en estos artículos. Esto, combinado con evitar los requisitos de presentación de informes, permite que el valor de los fondos ilícitos se transfiera de persona a persona con el pretexto de transacciones comerciales legítimas.
La Guardia Financiera se creó para fortalecer labores de inteligencia e investigación e identificar movimientos inusuales a través del sistema bancario y empresas, a nivel nacional e internacional, relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los derivados de la corrupción, refiere Manuel Vélez.
Apenas en junio pasado unos 106 integrantes de la dirección general Antidrogas de la Guardia Nacional pasaron a formar parte de la Guardia Financiera, recibieron capacitación especializada por parte de la UIF, para inhibir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Guardia Financiera coadyuvará con la UIF en el combate del lavado de dinero de manera coordinada, para combatir eficazmente este delito y generar productos de inteligencia e investigación para combatir a organizaciones delictivas del país y disminuir su capacidad operativa.
Sin embargo, señala que un aspecto que tendría que estar en la discusión pública es la controversia entre la Fiscalía General de la República y la UIF, los problemas entre estas dos inhiben que se llegue a una sentencia condenatoria o a una buena judicialización de la carpeta de investigación por delitos de lavado de dinero.
“Los delitos de lavado de dinero continúan mientras el gobierno lucha para procesar los delitos financieros y confiscar bienes y activos ilícitos conocidos. Para aumentar la cantidad de condenas por financiamiento ilícito, el gobierno necesita combatir la corrupción, mejorar su capacidad judicial y reformar las engorrosas leyes de decomiso de activos”, concluye Manuel Vélez.
El Financial Action Task Force, una organización intergubernamental diseñada para combatir el lavado de dinero, señala que más de 2 millones de compañías y corporaciones de responsabilidad limitada se establecen en Estados Unidos cada año, por lo que el uso de empresas pantalla y fachada sigue siendo un método muy común para que las organizaciones criminales oculten el origen de sus fondos ilícitos.
Debido a las leyes estadunidenses que permiten fácilmente el establecimiento de empresas y la cantidad mínima de información necesaria para iniciar una empresa, la complejidad de los sistemas de lavado de dinero ha aumentado enormemente, ya que las organizaciones criminales continúan encontrando formas de combinar métodos para ocultar aún más sus ganancias ilícitas.
Un ejemplo de esto es el uso de corredores de dinero de terceros para mover y manejar dinero. Los traficantes de drogas que buscan repatriar fondos fuera de Estados Unidos.
Las Zonas Francas a menudo están involucradas en esquemas blanqueo de capitales basado en el comercio porque ofrecen oportunidades para que se inserte efectivo en el sistema financiero a cambio de bienes de consumo.
Tecnologías nuevas como la moneda virtual crean nuevas oportunidades para que el comercio se expanda, así como para que los delincuentes laven más fácilmente las ganancias ilícitas.
Las monedas virtuales como bitcoin han aumentado en popularidad, tanto entre el público como entre los delincuentes, debido en parte a la capacidad para cambiar de manos rápidamente sin límites en la cantidad que se transfiere.
Hay más de 2 mil monedas virtuales distintas en circulación, y cada año se desarrollan más; sin embargo, bitcoin sigue siendo el más utilizado debido a su estado como una de las monedas virtuales originales. En los últimos años, los cambiadores de moneda virtual han surgido como un servicio para facilitar la conversión de moneda fiduciaria en moneda virtual y viceversa.
Cada vez más, los lavadores utilizan cajeros automáticos (ATM) de moneda virtual para ayudar en el movimiento de moneda ilícita a granel, cajeros específicamente diseñados para aceptar moneda fiduciaria a cambio de moneda virtual, y están sujetos a las regulaciones federales.
A pesar de estas regulaciones, los propietarios inescrupulosos de estas máquinas utilizan sus funciones para ayudar a ocultar ganancias de drogas. Los mensajeros de dinero depositan grandes volúmenes de efectivo en cajeros para convertir el valor en moneda virtual; e integrarlo luego en el flujo de ingresos del propietario de la máquina para ocultar el origen de los fondos.
Los informes de la DEA revelan casos en los que se cumplieron contratos de divisas a granel mediante el uso de moneda virtual en lugar de efectivo, y este dinero se integró posteriormente en el ciclo blanqueo de capitales basado en el comercio.
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