México se encuentra en un momento crucial de reflexión sobre el rumbo de su modelo constitucional, señala el doctor en derecho Jaime Cárdenas Gracia. Ello, después de que durante el periodo neoliberal, la Carta Magna fue modificada 496 veces, a favor de las élites económicas. Los cambios se dan en el marco del proyecto de justicia social. Con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, en el sexenio de Sheinbaum podría garantizarse una nueva Constitución, con una Corte verdaderamente independiente, indica el investigador de la UNAM

Actualmente “estamos en un momento de discusión sobre el tipo de constitucionalismo que queremos”, afirma el doctor en derecho Jaime Cárdenas Gracia. En entrevista para Contralínea, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México recuerda que en el periodo neoliberal en México, la Constitución fue reformada en 496 ocasiones.

Dichos cambios favorecieron el saqueo de los bienes de la nación a favor de una minoría privilegiada, amparada por el propio Poder Judicial. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia –en diciembre de 2018– también llegó un proyecto de nación enfocado en un modelo humanista, de una justicia social, que se enfrentó no sólo a la falta de mayoría calificada, sino también a una Suprema Corte de Justicia de la Nación que –de acuerdo con el experto– actuó “casi como oposición”.

Las modificaciones a la Carta Magna han impactado en la vida política y social del país. Desde su promulgación, en 1917, hasta la fecha, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido diversas transformaciones, que han ido en consonancia con los proyectos de nación propuestos por el gobierno en turno.

El doctor Jaime Cárdenas Gracia dice a Contralínea que actualmente “estamos en un momento de discusión sobre el tipo de constitucionalismo que queremos”. Esto, gracias a lo que hizo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que dará continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que se está haciendo no es más que “dar marcha atrás o matizar muchas de esas reformas [neoliberales]; es decir, cuando se plantea ahora una reforma a la Constitución o a las leyes, esa reforma se plantea para beneficiar a las mayorías, a los grupos sociales más vulnerables, más desvalidos”.

Asimismo, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advierte que “el derecho siempre puede tener un uso que puede favorecer a los poderosos, o un uso jurídico y político para favorecer a las mayorías y a los grupos más vulnerables de una nación o de una sociedad”. En el periodo neoliberal, la Constitución se utilizó para beneficiar a las oligarquías del país y extranjeras.

Durante el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, en 1982, se vendió la idea de una apertura a la economía neoliberal para resolver los principales problemas del país: corrupción, desigualdad, pobreza y endeudamiento público; sin embargo, lo que ocurrió fue una privatización de empresas: entre 1982 y 1988, México pasó de tener 1 mil 155 empresas paraestatales a 412; mientras que para 1993, sólo restaban 213.

De acuerdo con el jurista, las políticas neoliberales beneficiaron a “grupos económicos muy importantes de México y el extranjero”. Tales fueron los casos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, en 2013: “fue una reforma para permitir que contratistas privados, nacionales y extranjeros, pudiesen explotar los hidrocarburos; fue una reforma pensada para beneficiar a esos grupos económicos”.

Lo mismo ocurrió “cuando Carlos Salinas de Gortari en su sexenio, con el apoyo del Congreso y de legislaturas locales del país, aprobaron la reforma en materia agraria, pues esa reforma se hizo para privatizar el ejido. En fin. Cuando se hacía una reforma laboral, por ejemplo, era para restringir los derechos de los trabajadores. Muchas de las reformas eran para beneficiar a grupos de poder”.

Otro ejemplo que cita, ocurrido en el gobierno de Salinas de Gortari, es la reforma a la Constitución “para modificar la relación histórica entre el Estado mexicano y las iglesias. Una reforma para favorecer principalmente a la iglesia católica”.

Terminar con 36 años de política neoliberal

El 5 de febrero de 2024, casi al término de su mandato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de 18 iniciativas de reformas a la Constitución, con la finalidad de revertir los 36 años de políticas neoliberales en detrimento de la mayoría de las y los mexicanos.

Las iniciativas de reforma incluían modificaciones constitucionales relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas (artículo 2), programas sociales y bienestar (artículos 4 y 27), becas e inclusión laboral de jóvenes (artículo  123) atención médica universal y gratuita (artículo 4), vivienda (artículo 123), protección de los animales (artículos 3, 4 y 73), derecho a la alimentación, medio ambiente y agua (artículos 4 y 27), protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas (artículos 4 y 5), prisión preventiva oficiosa para extorsión y delitos fiscales (artículo 19), salarios mínimos y salarios de maestros, policías, médicos y enfermeras (artículo 123).

Así como pensiones (artículo 123), tren de pasajeros (artículo 28), reforma electoral (artículos 35, 41, 51 a 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122), reforma judicial (artículos 17, 20, 94 a 101, 107, 110, 111, 116 y 122), industrias estratégicas del Estado (artículos 25, 27 y 28), Guardia Nacional (artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 82, 89, 123 y 129), eliminación de organismos autónomos (artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134) y austeridad republicana y remuneraciones de servidores públicos (artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134). Además, incluye reformas a diferentes leyes para la simplificación administrativa y a la Ley del ISSSTE.

No obstante, su primer obstáculo fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que –de acuerdo con el doctor Cárdenas Gracia– “nunca ha sido independiente” y que además fue heredada por los gobiernos neoliberales.

Esta situación quedó claramente evidenciada desde 1994, cuando el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León –apenas cuatro días después de tomar posesión del cargo– reformó al Poder Judicial. Cabe recordar que el sexenio zedillista se caracterizó por la privatización del sistema ferroviario mexicano, así como la reforma electoral y al sistema de pensiones, esta última bajo el pretexto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba endeudado y era incapaz de pagar esta prestación a los trabajadores.

“De 1994 a 2018, que son los [años] más próximos a lo que ahora ocurre, la Corte no era independiente, era una Corte al servicio de los intereses del establishment, de los intereses del PRI y del PAN y de los grupos económicos que estaban alrededor de esos dos partidos. […] Lo que importaba para esa época es que fueran personas que coincidieran con la ideología, con los intereses del establishment”, explica el investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Agrega que años atrás la situación era la misma: “en la época del PRI [como] partido hegemónico, los ministros los ponía y los quitaba el presidente de la República en turno, en las épocas de los acuerdos del PAN y del PRI, los ministros surgían de esos acuerdos”. Así se fue configurando un andamiaje jurídico y legal que permitió modificar la Carta Magna para favorecer a una élite económica y política.

Al respecto, el doctor Cárdenas Gracia apunta que “cuando llegó al gobierno el partido Morena, primero con el licenciado López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, la Corte ha jugado un papel casi de oposición”.

Agrega que “en la Corte distintas leyes, decretos, reformas, las han declarado inconstitucionales, llegando al extremo en el caso de la reforma judicial de haber estado a punto de declarar inconstitucional una reforma a la Constitución. En la historia jurídica de México de los últimos 30 años la Corte nunca se había planteado a nivel jurídico que una reforma a la Constitución fuese inconstitucional. Es decir, todos los recursos que en algún momento se plantearon eran declarados improcedentes por la Corte”.

Otro momento en que la Corte intentó frenar el avance de la elección judicial y de este modo violar la Constitución fue cuando un juez dictó una suspensión definitiva para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial cesara sus actividades. Sobre esto, la presidenta Claudia Sheinabum se pronunció en distintas ocasiones asegurando que los amparos no proceden en reformas constitucionales.

En ese sentido, Cárdenas Gracia refiere que en 2013 el entonces senador Jesús Murillo Karam, miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue quien promovió la modificación a la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción primera, en vigor dice que “el amparo es improcedente contra las reformas a la Constitución. Es decir, en los años de Fox, Calderón, Peña Nieto, no había ninguna posibilidad de que una reforma a la Constitución fuese conocida por la Corte y mucho menos que fuese declarada inconstitucional”.

A diferencia de lo ocurrido en los últimos meses, cuando “la Corte intentó —[aunque] les faltó un voto— declarar inconstitucional una reforma a la Constitución; la reforma judicial, cuando nunca antes por razón de fondo lo había hecho la Suprema Corte”.

Hacia una Corte independiente garante de una nueva Constitución

Ahora que el Poder Judicial vivirá su propio proceso de democratización, el doctor Jaime Cárdenas considera que “podremos tener una Suprema Corte que garantice una nueva Constitución pensada en sus raíces originales, porque “la Constitución no es la voluntad de la Corte. La Constitución es el texto que aprueban los ciudadanos o el Constituyente permanente, el originario, pero la Constitución no es lo que dice la Corte”. Aunque en el pleno del tribunal actual “ellos quisieran eso. Ellos quisieran que la Constitución fuera lo que ellos dicen, lo que ellos interpretan, lo que ellos argumentan”.

Asimismo, expresa que “con la reforma que se aprobó y se publicó el 15 de septiembre de 2024, pues yo sí creo que hay posibilidades de contar con una Corte independiente porque los ministros, magistrados y jueces, juezas, magistradas, ministras, que serán electas por los ciudadanos, no le deberán el cargo a un partido político, no se lo deberán al PAN, al PRI, al presidente de la República o a Morena, se lo van a deber a los ciudadanos”.

De este modo, añade: “van a tener que resolver en función de los derechos, de las expectativas, de los intereses de los ciudadanos y no en función del partido que los puso ahí, o del presidente de la República que envió la terna al Senado. Entonces, creo que hay más posibilidades de independencia con una corte electa por los ciudadanos que con una corte que era designada por el Ejecutivo y por la mayoría del Senado”.

Aunque ya se aprobaron varias de las reformas propuestas por el Ejecutivo, aún falta la discusión y en su caso aprobación de algunas, como la de vivienda, la de los transgénicos y la reforma electoral.

De igual modo, aún falta garantizar el Estado de bienestar. El especialista en derecho indica que, en el sexenio pasado, “se hicieron muchas reformas de carácter social. Por ejemplo, haber reconocido como derechos humanos los programas sociales, se prohibió a nivel constitucional la condonación de impuestos y se propusieron estas 18 reformas a la Constitución para darle a la Carta Magna el sentido que siempre debió tener desde Querétaro, el sentido social, nacionalista, pero faltan muchas cosas”.

Entre estas cosas destaca que lo que debe hacer un país como México con tanta pobreza y desigualdad es “fortalecer los derechos económicos, sociales culturales, ambientales, fortalecer la educación, la salud, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, etcétera, es lo que falta. Y creo que gobiernos como el de la doctora Claudia Sheinabum, y gobiernos posteriores, tendrán que centrarse en garantizar estos derechos de carácter social y económico; también, los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de los indígenas, de los afrodescendientes, en fin, fortalecer y garantizar todos los derechos de los grupos vulnerables. Desde luego, avanzar en la perspectiva de género, la equidad de género y en general en la igualdad sustantiva”.

La tarea quedará en manos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien actualmente cuenta con la mayoría calificada tanto en Cámara de Senadores como en la de Diputados y desde el 1 de octubre de 2024 fecha en que asumió la presidencia hasta el 17 de enero de 2025 se han reformado 37 artículos constitucionales.

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