Ante la creciente criminalización de la comunidad migrante en el mundo, el doctor Andrés Ramírez Silva, coordinador general del Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Movilidad de las Personas (Ceppom), consideró que el gobierno mexicano debe contar con una política humanista que atienda con un paquete integral de apoyo a las personas desplazadas.

Desde la Cámara de Diputados, el extitular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, indicó que, a pesar de los avances federales como la Tarjeta Migrante del Bienestar y la CURP Biométrica, así como los operativos que ha desplegado en la franja fronteriza, aún existen desafíos importantes para atender a la población migrante mexicana y extranjera, ya que, con las nuevas políticas estadunidenses, “las deportaciones con mucho más fuerza se van a incrementar”.

“Con la llegada de Donald Trump, hasta ahora se han deportado alrededor de  75 mil 241 personas. De éstas, la inmensa mayoría, 68 mil 690 son mexicanas, y la minoría, menos del 10 por ciento, o sea, 6 mil 551 son extranjeras. […] Este es un número muy pequeño, porque Trump prometió en campaña 1 millón anual de deportaciones; pero está preparando este territorio”, señaló.

Asimismo, durante la conferencia “Los grandes desafíos de la movilidad humana en el presente sexenio en México”, Ramírez Silva advirtió que la falta de hogar es un problema del que no se habla, pero que debe atenderse con políticas públicas.

Explicó que “muchas de las personas, que han sido deportadas o que están siendo deportadas, pero ya en números mayores, son personas que no tienen a donde ir. Es decir, cuando el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, dice ‘los vamos acompañar a sus comunidades de origen’, eso está bien para los que pueden ir a sus comunidades de origen, pero no hay que olvidar que muchos de los sectores sufrieron una situación de desplazamiento forzado interno, antes que cruzaran la frontera a Estados Unidos”.

De acuerdo con el Banco Mundial, el desplazamiento forzado ocurre cuando las personas deben abandonar el lugar de origen a causa de conflictos internos, violencia, persecuciones o violaciones a derechos humanos.

Actualmente, casi 60 millones enfrentan esta situación. De esas, 19 millones 500 mil son refugiados; 38 millones 200  mil, desplazados internos; y el resto han solicitado asilo. Ante esta situación, se prevé que la situación pueda agravarse, debido a la falta de solución de los conflictos que la originan.

En este contexto, el doctor y también exfuncionario de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados detalló que tanto la migración como el desplazamiento forzado interno representan un desafío importante para el gobierno mexicano. “Tenemos que incluir dentro de este desafío y esta respuesta ante la llegada de estas personas que posiblemente serán deportadas, que hay personas a las que tenemos que tener una atención y un paquete integral de apoyo para estas personas que no tendrán a donde ir”.

Ramírez Silva explicó que el tema de las deportaciones ha puesto en evidencia la limitada capacidad de las instituciones mexicanas para atender estos flujos. Como ejemplo, recordó que, cuando fue titular de la Comar, el centro de refugiados de Tapachula llegaba a recibir hasta 7 mil personas al día; cifra que rebasaba por completo la capacidad operativa de la dependencia.

“Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos dimos cuenta que el tema de asilo estaba siendo usado inadecuadamente. El sistema de asilo no se creó como trampolín para que las personas llegarán al país, consiguieran una constancia de solicitante de refugiados de la Comar y de ahí se trasladaran a la frontera norte”.

Ramírez Silva comentó que se canceló el asilo político a quienes sólo buscaban la constancia; sin embargo, advirtió que esta medida sigue vigente, a pesar de que la ley establece que toda persona tiene derecho a solicitar asilo sin restricciones y que no se pueden imponer obstáculos al trámite de protección internacional.

En el marco legislativo, recordó que, el 29 de septiembre de 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de votos la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, con el fin de prevenir, atender y ofrecer soluciones integrales y duraderas a la población desplazada dentro del país.

“Creo que este tema de asilo se ha dejado de lado, pero es muy importante, es un desafío para mantener una política humanitaria para mantener la tradición de asilo en México y una política de respeto a los derechos humanos en el marco y la coyuntura de una política xenófoba en los Estados Unidos”.

De igual manera, Ramírez Silva urgió a generar una política que también haga frente al resurgimiento de ideas antiinmigrantes, ultraconservadores, xenófobas y discriminatorias. Ya que, en Estados Unidos, el Ku Klux Klan resurgió contra los latinos; el gobierno incrementa redadas contra migrantes y los partidos políticos vitorean banderas en torno a la migración.

“No podríamos pensar la política en México, ni la manera en que enfrentamos los problemas de movilidad humana desligados del mundo, ni disociados de lo que acontece en Estados Unidos. […] Esto es de siempre, no únicamente con Trump, cualquier política en materia de movilidad humana, tanto migratoria en general o de asilo en particular, que se desarrolle en Estados Unidos tendrá un impacto directo en lo que ocurre en México, y tendrá un impacto directo en el diseño y la estrategia en materia de política pública para refugiados e, inclusive, en la propia ley”, advirtió Ramírez Silva.

Como ejemplo, habló sobre las políticas del primer mandato del presidente Trump. “En ese entonces, se implantaron las políticas del MPP [Protocolos de Protección a Migrantes por sus siglas en inglés], que era el ‘quedate en México’ y lo cierto es que las personas que buscaban ingresar a Estados Unidos, tenían que quedarse en México para esperar el ‘larguísimo’ procedimiento de asilo en Estados Unidos. Esto es violatorio a la propia ley estadunidense, sin embargo se implantó, se estableció y más de 70 mil personas migrantes tuvieron que esperar este procedimiento de asilo de Estados Unidos en territorio mexicano, en la franja fronteriza mexicana. Entonces, desde luego hay un efecto muy fuerte en la situación que se desarrollaba en la frontera en México, a nivel económico, de empleo y de seguridad”.

Igualmente, Ramírez Silva subrayó que la migración es un derecho humano que permite a las personas buscar mejores oportunidades; escapar de la violencia; huir de guerras; abandonar condiciones precarias derivadas de fenómenos climáticos; o enfrentar situaciones de desempleo y pobreza.

Y puntualizó que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 184 millones de personas –el 2.3 por ciento de la población mundial– viven fuera de su país de origen. En este contexto, sostuvo que México fue, durante mucho tiempo, un país expulsor de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos, donde hoy residen alrededor de 40 millones de personas de este origen.

Sin embargo, en la actualidad, México se ha convertido en un país de destino para los migrantes que buscan mejorar sus oportunidades de vida. “Hoy lo que podemos decir es que México ya no es solamente un país de tránsito, México es un país de tránsito y de destino”.

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