Al irrumpir mediante el uso de la fuerza en la Embajada de México sin autorización, intervenir las comunicaciones, frustrar el trabajo diplomático y atentar contra la vida y dignidad del personal diplomático (especialmente del jefe de Cancillería y Asuntos Políticos, Roberto Canseco Martínez, y de la jefa administrativa, Eva Martha Balbuena Reyes, el Estado de Ecuador transgredió la invulnerabilidad de la sede diplomática, en violación de la Convención de Viena y el derecho internacional, señaló el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara.
Al participar en la conferencia presidencia, afirmó que por diversas violaciones a dicha Convención, el gobierno de México presentó una demanda ante el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Tras el violento allanamiento –sin precedentes a nivel mundial– por parte del cuerpo policiaco de aquel país, México pidió juzgar al Estado ecuatoriano (actualmente gobernado por el derechista Daniel Noboa) por violar sus obligaciones internacionales.
La denuncia formal se presentó este jueves 11 de abril ante la CIJ contra el Estado de Ecuador, informó la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra. Agregó que lo que se denuncia es el asalto a la Embajada de México y el agravio al personal diplomático, del pasado viernes 5 de abril. Y por esto último –con lo que se violó la llamada inmunidad diplomática– se podría presentar posteriormente una denuncia penal.
En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal afirmó que la violenta agresión representa un daño irreparable al país. Asimismo, detalló los reclamos de México en la demanda, así como los fundamentos legales:
“1. Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México.
“2. La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral, infligido al Estado mexicano y a sus nacionales.
“3. Juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado, a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha carta.
“4. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas.
“5. Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros.”
Al respecto, el presidente López Obrador explicó que la denuncia busca la no repetición de “un hecho deleznable como el que sufrió México y, en especial, su representación diplomática; que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los Estados en donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios, eso es lo que se busca”.
El primer mandatario sostuvo que “México tiene una amplia, importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho de asilo y, en esta circunstancia, pues ya he dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México y es también el momento para que México –como se está haciendo– encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional”.
Por su parte, la secretaria Alicia Bárcena recordó que nuestro país es reconocido mundialmente por la solución pacífica de las controversias. Los reclamos, dijo, buscan fortalecer el marco jurídico, pues la demanda de México pondrá a prueba al sistema de justicia internacional en un momento de “suma debilidad en el mundo multilateral”.
También detalló que esta demanda corresponde a una primera etapa. Posteriormente, México tendrá la oportunidad de presentar un memorial con información más amplia.
El presidente López Obrador aseguró que otros países pueden intervenir y apoyar los planteamientos de México, puesto que atañe a todos los pueblos en la solución pacífica de las controversias. Y llamó a garantizar la justicia pronta y expedita porque “no puede permitirse a nadie, a ninguna potencia, a ningún país, que se actúe de esa manera”.
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