Instituciones como el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) deben transparentar la información relacionada con el caso del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sobre la adquisición de un inmueble valuado en más de 1 millón de dólares, así como la concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende, señalaron legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de que el comité estatal de Morena en Guanajuato presentó una denuncia penal contra el exfuncionario panista.

En conferencia de prensa, señalaron que el primer exhorto se dirige a la investigación de una casa lujosa, denominada “Casa Azul”, con domicilio en Houston, Texas; cuyo alquiler mensual equivale a más de 80 mil pesos; sin embargo, acusaron que aún no se ha transparentado el origen de este recurso.

Particularmente, el diputado Ernesto Prieto indicó que esta situación configura posibles delitos graves como enriquecimiento ilícito, cohecho y encubrimiento. Por ello, aseguró que la actual administración, encabezada por la gobernadora Libia Denisse García, “no puede continuar reservando información” bajo el argumento de que “afecta la seguridad pública”.

Asimismo, la senadora Martha Micher denunció que la empresa Seguritech, beneficiada con contratos multimillonarios durante el gobierno de Rodríguez, está relacionada con la adquisición de esta vivienda. Y también puntualizó que la autopista Silao-San Miguel Hila, al igual que muchas otras carreteras estatales, fue concesionada sin transparencia, lo que demuestra que el exgobernador Sinhue cedió beneficios económicos a empresas privadas en lugar fortalecer las finanzas públicas.

“El segundo punto es la concesión de una carretera por 30 años, la autopista Silao-San Miguel Hila, a la empresa VISE, que es una empresa cuyo resultado no era necesario que se le concediera porque esos recursos podrían ser llevados a las arcas de la hacienda estatal y no a la privatización de otra carretera más en Guanajuato”.

Con ello, la senadora Micher sostuvo que la compra de terrenos con sobreprecios y la falta de resultados en materia de seguridad, evidencía una estructura de gobierno basada en la corrupción y en “los moches”. “Lo único que relata es corrupción, cohecho, tráfico de influencias y, por supuesto, ‘moches’. Eso es lo que está pasando en Guanajuato”.

“Estamos aquí porque Diego Sinhue está defraudando al estado de Guanajuato, viviendo en una casa de millones de pesos que ni en 20 años de gobernador hubiera podido pagar; concediendo y privatizando carreteras cuando con ese dinero que se concedió se podría apoyar mucho más a las arcas y a la hacienda de Guanajuato; y comprando y adquiriendo terrenos para el Grupo Pachuca; y beneficiando a un solo grupo para una serie de construcciones”.

Particularmente, la diputada María Magdalena Rosales amplió la denuncia, al afirmar que el gobierno guanajuatense actuó deliberadamente para enriquecerse, además de beneficiar a empresas cercanas. Con ello, criticó a la empresa de tecnología, telecomunicaciones y seguridad Seguritech, al asegurar que fue protegida a pesar de que no cumplió sus funciones para garantizar la seguridad.

“¿Dónde estaban las cámaras cuando esta empresa, Seguritech, fue contratada por Enrique Peña Nieto? Era una empresa que daba seguridad a las casas y los domicilios, pero de repente se volvió una empresa de seguridad a nivel nacional. ¿Y quién la contrató primero? Guanajuato que tiene la visión de que no puede haber seguridad por parte de los gobiernos mexicanos”, expresó la diputada Rosales.

Con ello, Rosales comentó que, en la última década, durante las masacres y desapariciones que marcaron Guanajuato, el sistema de seguridad que operó dicha empresa permaneció inactivo o encubrió lo que ocurría.  “¿Qué hizo Seguritech con sus cámaras de seguridad, con sus C4, y además obligaron tanto el gobierno de [Miguel] Márquez Márquez cómo el gobierno de Diego Sinhue a que los municipios contrataran a Seguritech en este lapso de tiempo”.

De acuerdo con el senador, Emmanuel Reyes Carmona, los exhortos están dirigidos al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) para revocar la reserva de la información relacionada con contratos, arrendamientos y adquisiciones vinculados al uso de la resiliencia conocida como la “Casa Azul”.

“También, exhortar, respetuosamente, al Instituto de Acceso de Información Pública para el Estado de Guanajuato a ejercer sus facultades de garantía del derecho de acceso a la información, revisando la legalidad de la clasificación realizada por el Iplaneg. Tercero, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para que en el ámbito de sus competencias realicen auditorías e investigaciones sobre los contratos celebrados con la empresa Seguritech u otras vinculadas durante el periodo 2018-2024”.

Por último, Carmona dijo que “y cuarto, exhortar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato a investigar e iniciar, de ser procedente, las carpetas de investigación correspondientes sobre los posibles actos de enriquecimiento ilícito, cohecho o desvío de recursos públicos. Esto es lo que estamos solicitando”.

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