El ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto para negar un amparo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra un municipio de Chiapas que le reclama, desde 2010, el pago de predial por 3 mil 575 millones 556 mil pesos, monto que causaría un daño al erario de la empresa del Estado. En el exceso, el ayuntamiento aplicó el impuesto incluso al territorio que abarca el embalse.

El proyecto se discutirá este miércoles en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto de un juicio de amparo que se presentó en julio de 2010, cuando el ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, se propuso cobrarle a la CFE impuestos del predial por 2 mil 223 millones 935 mil 876 pesos. Ello, relacionado con las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Malpaso.

En el absurdo, el cobro que aún pretende hacer el ayuntamiento sigue incluyendo, además del espacio en que se ubica la hidroeléctrica, la totalidad del embalse que implica la presa respectiva. Por considerarlo un abuso de autoridad, la CFE buscó por vías legales anular esta pretensión del cobro.

Y pese a que en el artículo 115, fracción IV de la Constitución se prohíbe el cobro del impuesto predial respecto de los bienes de dominio público de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad ha perdido en tribunales. Ahora, el municipio envió un nuevo requerimiento de pago, pero por más de 3.5 mil millones de pesos. Este monto suma la supuesta deuda original a los actos de ejecución del crédito fiscal, más actualizaciones.

El nuevo requerimiento de pago se hizo directamente a CFE Generación VI, la cual fue creada en marzo de 2016, para administrar la Hidroeléctrica de Malpaso. CFE Generación VI impugnó este nuevo cobro –al tratarse de un tercero ajeno al juicio– y el caso llegó hasta la SCJN como el amparo en revisión 429/2023. Al respecto, el estudio del ministro Luis María Aguilar Morales, quien sistemáticamente vota contra las empresas públicas y contra el pueblo de México, propuso que a CFE Generación VI no se le reconozca la calidad de “tercera extraña por equiparación” en este juicio. Con ello, se obligaría al pago de los más de 3.5 mil quinientos millones de pesos.

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