FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Por traición a la patria, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, deberían enfrentar un juicio político o, por lo menos, la destitución o separación del cargo, señala la secretaria de Energía, Rocío Nahle García. En entrevista, advierte que ambos juzgadores han actuado contra los intereses de los ciudadanos al privilegiar a grupos privados, sobre todo a trasnacionales, y que serían “juez y parte” en la próxima discusión de dos amparos en revisión que buscan inhabilitar la nueva Ley Eléctrica, lo que constituye un claro conflicto de interés.
Por eso, el pasado 18 de septiembre, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) denunció a los dos ministros ante la presidencia de la Suprema Corte, cuya titular es Norma Lucía Piña Hernández, y ante la Segunda Sala del máximo tribunal –donde además de Pérez Dayán y Luis María Aguilar, participan los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek y Loretta Ortiz Ahlf– para que, por lo menos, ambos se excusen de participar en el tema del sector eléctrico.
Consultada al respecto, Nahle García explica que ambas denuncias documentan una probable comisión de los delitos de conflicto de interés y tráfico de influencias, además de un sesgo parcial en la aplicación de la justicia. Ello, porque los juzgadores militan en el Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el Estado mexicano y que en un análisis jurídico se manifestó por la cancelación de la nueva Ley Eléctrica.
La secretaria de Estado acusa que los dos ministros “están en un conflicto de interés terrible, actuando en contra del Estado mexicano, porque al momento en que ellos están en una asociación de amparo litigando contra el gobierno, cuando ellos son parte del gobierno, inmediatamente ellos deben ser destituidos. Caen hasta en traición a la patria”.
Las denuncias de la Sener contra los dos ministros se interpusieron luego de que Contralínea revelara que Pérez Dayán es integrante del Consejo Directivo de dicha asociación civil con el carácter de vocal, y que Aguilar Morales es miembro permanente honorario. Al respecto, esta revista documentó que ese Instituto Mexicano del Amparo fomentó los juicios masivos contra la distribución de los libros de texto gratuitos; se manifestó por la destitución de la ministra Esquivel Mossa; presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el presidente de la República; y se pronunció contra las reformas a las industrias eléctrica y minera.
Incluso, su presidente –el abogado Hugo Alberto Arriaga Becerra– escribió un análisis jurídico en el que sugiere imputar cargos penales hasta por 8 años de cárcel a Andrés Manuel López Obrador y buscar destituirlo cuando jueces, magistrados o ministros ordenen liberar delincuentes, y los funcionarios federales desacaten esas instrucciones. Tema que el propio ministro Aguilar Morales retomó en un proyecto de sentencia [expediente 386/2023] presentado ante la Segunda Sala de la SCJN el pasado 23 de agosto, que también buscaba derrocar al primer mandatario mediante un golpe judicial bajo ese argumento de que desacató una orden judicial. Sin embargo, de última hora retiró su propuesta sin explicación alguna.
En el caso de la Ley Eléctrica, en marzo de 2021la asociación civil donde militan los ministros emitió un análisis jurídico titulado “El juicio de amparo, los jueces de distrito y el presidente de la República”, y firmado por su presidente Arriaga Becerra. Éste señala que desde el Poder Judicial federal se debe dar la razón a las trasnacionales y asociaciones civiles que interpusieron juicios contra los cambios legales, pues “las normas reclamadas eliminan el enunciado que establecía el régimen de libre competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica; permiten que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como operador del Sistema y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como transportista y distribuidor único, tengan injerencia en el otorgamiento del acceso a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, pudiendo negarlo a ciertos oferentes sin que existan criterios para demostrar que dicha negativa se sustenta en aspectos de factibilidad, lo que podría llegar a constituir una barrera para competir en la generación y comercialización de energía eléctrica.
“En ese orden de ideas, y si se tiene presente que la finalidad de la reforma energética y de las normas que derivaron de ésta, era la de establecer un nuevo modelo que permitiera garantizar la competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico, con el objeto de obtener las mejores condiciones en la generación y el abasto de electricidad a precios competitivos, en beneficio de la población en general, es posible concluir que, las modificaciones y adiciones establecidas en las normas reclamadas se alejan de los objetivos de la reforma energética y, por ende, son contrarias a los artículos 25 y 28 constitucionales.”
La revisión del proyecto de sentencia del amparo en revisión 106/2023 contra la Ley Eléctrica estaba enlistado para discutirse en la Segunda Sala de la Suprema Corte el pasado 27 de septiembre. El caso se deriva del juicio de amparo 159/2021, promovido por filiales de la trasnacional francesa Engie ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana.
No obstante, esta se difirió porque nueve días antes, la Presidencia de la SCJN recibió la queja administrativa que promovió la Sener contra los dos ministros, y la Segunda Sala, una “recusación dentro de los autos del amparo en revisión 106/2023” proveniente también del jurídico de la Secretaría de Energía, para que los juzgadores se abstengan de participar en la discusión.
En entrevista con Contralínea, la ingeniera Rocío Nahle García celebra que el tema fue retirado de la agenda para que la Corte analice los señalamientos y pruebas que presentó la dependencia. “Qué bueno que se bajó el tema. Esos dos ministros deben separarse para participar en el tema de los amparos de la industria eléctrica. No es posible que un ministro de la Corte pertenezca a alguna asociación civil o a algún otro ente de aplicación de justicia cuando se convierten en juez y parte. Eso no puede ser. La Secretaría de Energía va a insistir en el tema y vamos a darle seguimiento puntual”.
Acerca del tiempo que se tomará la revisión de este caso –que evaluará si Pérez Dayán y Aguilar Morales habrían incurrido en conflicto de interés, tráfico de influencias y un sesgo de parcialidad en la aplicación de la justicia–, la secretaria advierte que no existe un plazo en específico. “Como todos los casos de la Corte no tienen tiempo, no tienen tiempo. Ellos [los ministros y ministras] determinan sus tiempos y sus momentos. Eso lo determinan ellos. Entonces nosotros vamos a estar esperando el tiempo que sea necesario para que dictamine”.
Nahle García considera que tan sólo por el hecho de que estos dos ministros están involucrados en posibles ilícitos, la Segunda Sala de la Corte debería desechar el asunto y dejar en firme la Ley Eléctrica para beneficio del pueblo. “Se debería de desechar y ver por la confiabilidad del sistema eléctrico que es [un asunto] de seguridad nacional para el país. Eso es lo más importante”.
Acerca de las dos denuncias presentadas por la Sener, indica que no sólo la Corte debería analizar el tema, sino también el Consejo de la Judicatura Federal tendría que intervenir para revisar el tema de la ética y de los principios. “La Corte tiene que mostrar la congruencia. Imagínate todo el país, pues [la SCJN] es nuestro sistema de justicia, es la balanza y pues en este caso queda una evidencia terrible, terrible. Es prácticamente para que el Consejo de la Judicatura [interviniera; para que] los lleváramos a juicio político, tuvieran que abandonar el cargo”.
Rocío Nahle García explica que lo que está en juego en este juicio de amparo en revisión contra la Ley Eléctrica es el mercado eléctrico nacional. “Somos 48 millones de usuarios a los que la CFE les suministra electricidad, aparte de todos los industriales. Entonces las grandes empresas trasnacionales y privados en otras partes del mundo han entrado a apoderarse de los mercados. Voy a poner [como ejemplo] el caso específico de Europa, donde resultó terrible, terrible [la privatización del sector], porque cuando hay una variación en el precio de la materia prima los mercados fijan cuotas y éste es un suministro básico que está considerado un derecho humano”.
Al respecto, añade que “al momento que se pone en la mesa para que privados y particulares sean los que manejen el mercado eléctrico, sean los que controlen el mercado eléctrico, pues automáticamente la población, los ciudadanos quedamos en manos de un mercado voraz. El Estado en todos los países del mundo, el Estado, los gobiernos ya están interviniendo, unos en forma muy radical [para impedir los abusos de las trasnacionales eléctricas]”.
La secretaria de Energía señala que en México, afortunadamente, se cuenta con la CFE, y desde hace 5 años que llegó el presidente López Obrador al Poder Ejecutivo federal, “dentro de la política energética la instrucción fue: ‘vamos a balancear, que [la generación de energía eléctrica] sea un 54 por ciento de la nación y un 46 por ciento de los privados quienes estén en el mercado. Con eso garantizamos que haya una equidad, pero que el Estado no pierda el control en un área estratégica”.
Añade que a los privados y trasnacionales que están impulsando los juicios de amparo contra la Ley Eléctrica sólo les importa su negocio. “Metieron una serie de amparos sobre todo por las energías intermitentes. Dada la facultad de la Secretaría de Energía, porque es una facultad de la Secretaría de Energía, nosotros propusimos cambiar el orden del despacho para, primero, despachar la electricidad limpia, constante, económica y más barata que es la hidroeléctrica. Después, la nuclear: nosotros tenemos que despachar la nuclear, ésa no se puede parar y también es energía limpia. Después vienen los ciclos combinados de gas, porque hay que tener la seguridad de que la electricidad es constante, y el gas en otras partes del mundo está considerado como energía limpia. Entonces, nosotros la solar y la eólica las mandamos a quinto, sexto sitio porque son intermitentes. Y todos los que se ampararon son aquellos que están aquí en México con solares o con eólicas que son intermitentes, porque quieren que se despachen primero con un alto costo y sin pagar el respaldo, porque el respaldo en otras partes del mundo se paga, menos en México”.
Rocío Nahle advierte que ello se deriva de un manejo viciado que se tenía en el sector eléctrico, en perjuicio de los mexicanos. Afirma que “la Secretaría de Energía actuó con responsabilidad y apego, como gobierno, para velar por los ciudadanos y garantizar en todo momento que haya electricidad para toda la nación, y eso lo deben de entender los ministros. Y si no lo entienden los ministros –que yo sé que sí, que sí hay ministras que le entienden al tema– y si no lo pudieran entender pues estamos aquí para explicárselos. Pero si en consecuencia vemos a dos ministros que están en una asociación civil haciendo trabajo para denunciar al Estado mexicano, pues eso es traición a la patria, conflicto de interés, falta de ética. No pueden ser ministros. Por eso es la denuncia”.
Acerca de las denuncias presentadas contra Pérez Dayán y Aguilar Morales, la secretaria de Estado indica: “nosotros –tanto la Secretaría de Energía, la Presidencia de la República, la Consejería [Jurídica del Ejecutivo federal], [la Secretaría de] Gobernación– vamos a estar muy atentos al seguimiento que le dé la Corte. Creo que es una oportunidad para que estén a la altura del pueblo de México. En lo personal para mí es decepcionante ver que dos ministros se comporten de esa manera, pero esto no es personal, esto es de la nación y vamos a estar atentos”.
En caso de proceder las denuncias de la Sener contra los dos ministros, el Poder Ejecutivo federal podría exigir a una revisión integral de todos los temas donde ambos juzgadores habrían incurrido en un posible conflicto de interés, entre las que destacan la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, que derivó en la decisión de la Corte de dejar parcialmente sin efectos la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que buscaba que ningún servidor público –incluidos los ministros de la SCJN– ganaran más que el presidente de la República.
Ello, no sólo porque el proyecto de sentencia lo elaboró Pérez Dayán, sino porque el Instituto Mexicano del Amparo se promovió como amicus curiae –“amigo de la Corte”– para acompañar jurídicamente los argumentos de por qué no era aplicable al Poder Judicial y a servidores públicos de los otros poderes. Además, esa asociación civil promovió juicios de amparo masivos de funcionarios contra la medida de austeridad.
Otro asunto a revisar es el de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los gobiernos de Coahuila y Chihuahua contra la distribución de los libros de texto gratuitos, que atrajo el ministro Aguilar Morales, en los que otorgó la suspensión provisional y aún no resuelve en el fondo. En este caso, el Instituto Mexicano del Amparo incentivó juicios de amparo masivos al facilitar un formato sólo para rellenar y presentar ante los juzgados correspondientes.
Asimismo, se podría recurrir a la revisión de la reforma minera para que ambos ministros se excusen de participar en la futura discusión, que podría poner en riesgo la potestad del Estado mexicano sobre los yacimientos de litio.
Incluso al interior de la propia Suprema Corte se podría dar una denuncia, si la ministra Yasmín Esquivel considerara que fueron afectados sus derechos, pues la asociación civil se pronunció en más de una ocasión porque se le destituyera del cargo, luego de que estalló el escándalo mediático sobre el supuesto plagio de tesis.
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