Legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron un punto de acuerdo para solicitar la creación de una comisión especial, la cual tenga el objetivo de investigar e indagar presuntas responsabilidades políticas, administrativas y legales de servidores públicos y exservidores involucrados en la red de corrupción conocida como el “cártel inmobiliario”, anunció su vocero en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila.

En conferencia de prensa, explicó que la solicitud se presentó debido a diversas irregularidades detectadas en las finanzas públicas de gobiernos afines al Partido Acción Nacional (PAN), los cuales operaron un esquema de corrupción para tomar el control de cientos de departamentos en al alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, durante la gestión del actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

“Cuando Jorge Romero, el presidente del Partido Acción Nacional, fue alcalde o delegado de esta delegación hubo sobornos. Hay, según entendemos, cerca de 28 expedientes relacionados con una lógica de una red colusiva y de corrupción con constructoras. Y resulta que, en septiembre del 2020, hubo una inundación […] que destruyó los archivos claves relacionados con los expedientes en donde Romero estaba imputado en su desempeño como delegado del 2012 al 2015”, explicó.

De acuerdo con Ávila, uno de los elementos que apuntan a la existencia del “cártel inmobiliario” es una acusación realizada por el expresidente Felipe Calderón en uno de sus libros, además de una indagatoria por 350 millones de pesos y pruebas clave de que ese dinero fue depositado en “cuentas de personas cercanas al entonces delegado de la alcaldía Benito Juárez”.

Tras aclarar que esta solicitud no responde a una campaña política, sino a un tema que debe investigarse, Ávila informó que solicitará a la Mesa Directiva turnar el asunto a la comisión correspondiente, por tratarse de un tema de interés público. “Se destruyeron documentos esenciales. Y esto me parece que no es una campaña política, es algo que debe investigarse. […] Allá afuera, en el discurso político, se presume honestidad y se denuncia corrupción, pero no se hace un autoanálisis de lo que fue su gestión”.

La propuesta de la nueva comisión especial tendrá un plazo de 180 días para presentar un informe detallado con hallazgos, conclusiones, recomendaciones, explicó el legislador. “Estamos solicitando que sea integrada por 15 diputadas y diputados, con criterios de pluralidad y de proporcionalidad de los grupos parlamentarios y que, por supuesto, ejerza sus funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso y reglamento de la Cámara de Diputados”.

En otra conferencia de prensa, realizada horas más tarde, el diputado del grupo del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, puntualizó que su bancada podría respaldar la iniciativa de Morena. Como ejemplo, señaló el caso del exgobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El cártel inmobiliario ha generado un quebranto y un fraude por más de 7 mil 140 millones de pesos en la delegación Benito Juárez, de la cual Jorge Triana y Jorge Romero son representantes. El cártel de la Benito Juárez es hoy quien ocupa la dirección nacional del PAN. Ellos violaron usos de suelo, autorizaron fuera de norma fraccionamientos, hubo omisión de obra, permitieron niveles excedentes en edificios por 264 pisos. Y en Coahuila, hay también un cártel inmobiliario, que es el cártel inmobiliario de Manolo Jiménez y su familia. Cuando Manolo Jiménez fue alcalde de Saltillo autorizó 18 permisos de construcción para empresas vinculadas a él y a su familia, como es Verhip Constructoras Inmobiliarias, de su papá, Jiménez Bienes Raíces, de su tío, y Giza Jiménez Salinas”.

Finalmente,  Mejía Berdeja sostuvo que el “cártel inmobiliario” de Coahuila, vinculado al exgobernador, posee bienes valuados en 25 millones de dólares en estados como Florida, Texas, Arizona y Nevada en los Estados Unidos. “Por eso, como decimos aquí, los cárteles inmobiliarios se unen: el cártel inmobiliario de la Benito Juárez con el cártel inmobiliario de Saltillo”.

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