Tras el caso de injerencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, donde fallecieron dos de sus agentes, y ahora con la acusación formal en contra de 10 funcionarios –entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya–, el gobierno de Donald Trump estaría entrando a una nueva fase de presión contra el gobierno de México. El objetivo: controlar el continente bajo argumentos de combate al narcotráfico para alejar a rivales como China, Rusia e Irán

Entre el 17 y 19 de abril se efectuó en Chihuahua un operativo en el cual fallecieron agentes que eran presuntamente “instructores” de la Embajada de Estados Unidos, la cual preside Ronald Johnson, exboina verde y exasesor del Comando Sur, experto en operaciones especiales. El funcionario mencionó en sus redes sociales: “lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente” [sic].

El 20 de abril, el fiscal de Chihuahua –ahora con licencia–, César Jáuregui, mencionó en un comunicado que lamentaba el deceso de “elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como de dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos que fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos, en el municipio de Morelos” [sic].

Sin embargo, hasta el 21 de abril, a raíz de la publicación de The New York Times –que contó con filtraciones de “personas familiarizadas con el incidente”–, se supo que los agentes no pertenecían a la embajada, tampoco eran instructores únicamente, sino que eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Ese mismo día, en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó: “lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos –y ha sido muy claro– es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta, que nos permita operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país, y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra”.

Aclaró que, en caso de confirmarse, “vendría un extrañamiento y una solicitud de que esto no sea así, y de que cualquier actividad que realicen agencias de Estados Unidos en nuestro territorio, pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional; que, por lo demás, se trabaja muy bien con el Gobierno Federal”.

En efecto, el embajador Johnson comienza a acumular extrañamientos en su corta trayectoria diplomática, pues su carrera es militar; y para el 22 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el oficio para pedir toda la información por la participación de agentes de la CIA en territorio nacional sin informarle a la federación.

Este acto es una violación flagrante a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, que expresamente indica que cualquier actividad en territorio debe ser informada a la federación por medio de la SRE.

Ronald Johnson y el relato de la narco-corrupción

El embajador Johnson, experto en contrainsurgencia y en operaciones especiales, estuvo en una gira por Sinaloa para inaugurar una empresa. Ahí dio el puntapié inicial a la nueva fase de la estrategia de combate a la corrupción, dentro del paraguas de la estrategia contra el narcotráfico, la cual inició luego de que el gobierno de Donald Trump tipificara a varios cárteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras”, entre las que se encuentra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Jonhson mencionó en Sinaloa: “La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”. Y agregó: “Es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 menciona que pretenden, como objetivo para América Latina, que se “mantenga razonablemente estable y suficientemente bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos”, además, proponen que los gobiernos “cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales”. 

Por su parte, la Estrategia de Defensa Nacional de 2026 reitera que los esfuerzos contra el narcotráfico se notan con y el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero, y reiteran que Trump “se toma en serio la tarea de llevar a los narcoterroristas ante la justicia”.

Por último, el 4 de mayo, el gobierno de EU publicó la National Drug Control Strategy 2026, el cual es relevante porque marca la dirección del combate al narcotráfico a nivel internacional y divide las prioridades de cada institución. A grandes rasgos, la estrategia destaca que van a apuntar a las fuentes y los métodos de distribución de drogas, responsabilizará a países por no regular las industrias química y farmacéutica, y anuncia la difuminación de las fronteras. La administración Trump tratará “el tráfico de drogas ilícitas como un único y continuo vector de amenaza que requiere una defensa sin fisuras y en capas que se extienda desde la zona de origen, a través de la zona de tránsito, hasta la patria”.

Ahí es donde radica la importancia de las palabras del embajador y de las filtraciones desde la prensa estadunidense, pues abonan a la construcción mediática de que en México hay narcoterrorismo, algo ya ensayado con la campaña “narcopresidente” de 2024. Pero avanzan más en la instalación de matrices discursivas, pues Jonhson mencionó en Sinaloa que “México necesita tomar medidas contra su epidemia de corrupción gubernamental”.

Este aspecto fue retomado por Los Ángeles Times. El 26 de abril, Steve Fisher publicó una nota en la que recupera las declaraciones del embajador Jonhson y, además, filtró el retiro de la visa del gobernador Rubén Rocha Moya desde 2025, a lo cual, la titular del Ejecutivo federal mencionó en conferencia de prensa que no tenía conocimiento del suceso.

De esta forma, el 29 de abril, el Departamento de Justicia publicó la acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios públicos del gobierno del estado de Sinaloa. Ésta se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York, mismo donde son juzgados el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores; el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán; el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y otros narcotraficantes mexicanos. 

Recientemente, un proceso similar es notorio con el caso del presidente de Colombia Gustavo Petro, al que se le acusa también de presuntos vínculos con el narcotráfico, y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene abierta una investigación en su contra por presuntamente haber recibido dinero del Clan del Golfo. Además, fue incluido en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros junto a su familia.

El caso de los 10 funcionarios mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena, llega en un momento en el que la relación con Estados Unidos se encuentra bajo varios procesos político-económicos e, incluso, militares. Es el caso de la revisión del T-MEC, de las elecciones intermedias en Estados Unidos –en donde se perfila una derrota de Trump– y de las elecciones en México en 2027; pero también del Mundial de Futbol en ambos países y Canadá. Se trata entonces de un momento propicio para generar un clima de desestabilización, como de hecho ocurrió ya hace diez años en Brasil, en contra de la entonces presidenta Dilma Rousseff. En aquel entonces, tras protestas por carencia de medicinas e inversión en salud, así como por problemas en el transporte público, se efectuó una revolución de colores que terminó con el impeachment (juicio político) en su contra. Tras su destitución, que contó con apoyo de la Atlas Network, vino un ciclo de gobierno ultraderechista con Jair Bolsonaro.

Como ocurrió contra el presidente Nicolás Maduro, contra Gustavo Petro, o en Ecuador contra la militancia del partido Revolución Ciudadana, y ahora en México, la extraterritorialidad de la ley aplicada por EU incluye, entre otras medidas, sanciones económicas, financieras, políticas y diplomáticas por supuestas vulneraciones a las normas del Derecho Internacional Público y/o el incumplimiento de tratados internacionales entre Estados. Uno de estos ejemplos es el modo en que opera la Foreign Corrupt Practices Act para institucionalizar las sanciones económicas unilaterales.

Estas acciones forman parte de un viejo plan que le ha permitido al gobierno de Estados Unidos la injerencia abierta o velada en países que caracteriza como prioritarios. Por la importancia geoeconómica y militar, México forma parte de ese objetivo.

Esa importancia la dejaron clara cuando el secretario de Guerra de Estados unidos, Peter Hegseth, presentó el plan de la denominada Gran Norteamérica, que es un mapa que se complementa con el presentado en la National Drug Control Strategy 2026.

El funcionario mencionó el 5 de marzo que varios adversarios (léase China, Rusia, Irán, e incluso India) amenazan la visión histórica de “Norte-Sur” por otra visión del “Sur Global”. Frente a ese panorama, la respuesta es “un nuevo mapa estratégico que abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de América, pasando por el Canal de Panamá y los países circundantes”. Además, el secretario mencionó que “En el Departamento de Guerra, llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación y territorio soberano al norte del ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador, y desde Alaska hasta Guyana, no forma parte del “Sur Global”. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en esta gran región en la que todos vivimos”.

Visto en conjunto, lo que realiza Estados Unidos con las distintas estrategias de seguridad, defensa y de control de narcóticos es asegurar lo que se conoce históricamente como el Gran Caribe, no la Gran Norteamérica como menciona el Departamento de Guerra. Es esta zona la que históricamente ha sido reconocida como el mare nostrum norteamericano y, bajo una lógica militar con argumentos de persecución del narcotráfico y la corrupción, pretenden defenderlo con el discurso de seguridad nacional, que es eminentemente militar. 

Para ello, no importa violar el derecho internacional, secuestrar presidentes, secuestrar narcotraficantes (como el caso de Mayo Zambada) o vincular a políticos al narcotráfico sin presentar pruebas suficientes. El interés es evitar que rivales estratégicos como China y Rusia tengan relaciones con estos países, sean comerciales, diplomáticas, militares e, incluso, en inteligencia.

El interés es socavar procesos democráticos, eliminar adversarios por la vía judicial y minar la legitimidad de movimientos sociales, partidos y políticos. Eso es lawfare, y en otros países latinoamericanos ha dado resultados. Comenzó la estrategia en Sinaloa y quizá no pare ahí, sino que podría continuar apuntando hacia otros gobernadores, senadores o miembros del gabinete.

Aníbal García Fernández*

*Doctor, magister y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.

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