Con base en testimonios de los Chapitos –Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán–, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios en activo o exfuncionarios mexicanos, por su probable participación en los delitos de tráfico de drogas en asociación con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos al vecino país, así como por posesión de armas. 

De acuerdo con el propio Departamento de Justicia, los otros nueve acusados son: el senador Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; otro exjefe de la PDI de Sinaloa: Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipolito, excomandante de la Policía sinaloense e identificado con el alias Tornado; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gamez Mendivil; y el expolicía Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, acusado de supuestamente participar “en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”. 

La fiscalía estadunidense asegura que los 10 imputados ​​han estado estrechamente vinculados a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Las acusaciones se basan en los testimonios que los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López han proporcionado, con el objetivo de convertirse o ya ser testigos protegidos y obtener su libertad.

Ambos estarían colaborando activamente con el gobierno de los Estados Unidos para obtener beneficios procesales. De hecho, por órdenes de Ovidio, Joaquín Guzmán López participó–junto a agentes del vecino país y en violación de la soberanía– en el secuestro del Mayo Zambada y se entregó voluntariamente al gobierno estadunidense en julio de 2024.

En julio de 2025, medios locales reportaron que Ovidio salió de una prisión de alta seguridad en Chicago, tras declararse culpable de cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. A la par, se incorporó a un programa de protección de testigos y colaboradores del gobierno estadunidense. Por su parte, Joaquín estaría negociando declararse culpable de diversos cargos, con la posibilidad de convertirse en testigo protegido y colaborar en futuros juicios, incluyendo el caso contra el Mayo Zambada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que los acusados ​​“han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de Los Chapitos”. 

Al gobernador Rocha Moya lo acusan de haber llegado al cargo el pasado 1 de noviembre de 2021, luego de recibir apoyo de Los Chapitos: “entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales”. A cambio de ello, el gobernador sinaloense habría mantenido reuniones con los líderes del Cártel de Sinaloa, en las que estuvieron presentes los otros hijos del Chapo: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. En ellas, supuestamente, Rocha Moya “prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos […] permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”. 

No obstante, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones, pues dijo que “carecen de veracidad y fundamento alguno.  Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”. Asimismo, afirmó que se trata de un ataque contra la cuarta transformación. Otros funcionarios, como el senador y el presidente municipal, también rechazaron los señalamientos calificándolos como falsos.

La acusación de reemplazo bajo reserva, presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York afirma que el Cártel de Sinaloa mantenía una nómina sistemática. Un miembro de Los Chapitos, conocido como el jefe de plaza de Culiacán –se trataría de Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, jefe de seguridad de Iván Archivaldo– recibía mensualmente una caja con dinero en efectivo y una “lista de funcionarios corruptos” con los montos que debían pagar a cada uno. 

El Departamento de Justicia señala que Dámaso Castro Saavedra, exfiscal General Adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales (200 mil pesos) en efectivo por parte de Los Chapitos. A cambio, presuntamente ofrecía protección contra posibles detenciones y alertaba anticipadamente sobre operativos de las fuerzas del orden; particularmente aquellos relacionados con investigaciones de la DEA, proporcionando incluso información específica sobre laboratorios clandestinos y miembros del grupo criminal que eran objetivo de las autoridades estadunidenses.

El expediente también da cuenta de un presunto esquema de sobornos dentro de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal. Según la acusación, Marco Antonio Almanza Avilés, y posteriormente su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, habrían recibido cerca de 16 mil dólares mensuales en efectivo desde 2017 hasta febrero de 2026. 

Además, refiere que Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán, habría aceptado aproximadamente 41 mil dólares mensuales en sobornos entre 2018 y 2024. Según el documento, esos pagos habrían garantizado apoyo operativo y protección a favor de la estructura criminal.

Otro señalamiento contra Valenzuela Millán y elementos bajo su mando se relaciona con su supuesta participación directa en el homicidio de un informante del gobierno estadunidense. La acusación sostiene que en octubre de 2023 habría colaborado con Los Chapitos en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA, identificado como Alexander Meza León. Junto a esta persona fue asesinado un menor de 13 años, en represalia por haber cooperado con autoridades estadunidenses en investigaciones y procesos judiciales contra líderes de esa facción del Cártel de Sinaloa. Ese asesinato habría sido ordenado por Néstor Isidro Pérez. 

Las autoridades estadunidenses también difundieron las penas máximas y mínimas a las que serían acreedores los acusados de encontrarlos culpables por las imputaciones. 

Rocha Moya rechaza acusación y asegura ataque político 

En un mensaje en redes sociales, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que las imputaciones del Departamento de Justicia en su contra “carecen de veracidad y fundamento alguno.  Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”. 

Asimismo, afirmó que se trata de un ataque que “no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”. El mandatario calificó la denuncia como una “perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”. 

Acusaciones de EU a funcionarios y exfuncionarios mexicanos:

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