En el contexto de la captura y posterior muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se ha desatado una campaña mediática para desacreditar la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum. Quienes interpretan que el operativo contra Rubén Nemesio Oseguera –alias Mencho– se dio por presiones del gobierno de Estados Unidos hacen una lectura deliberadamente mezquina. Igual de errados están quienes señalan el regreso a la “guerra” contra el narcotráfico de Calderón. En México no hay cambio de rumbo, sino la consolidación de una política de Estado –iniciada por AMLO– que sigue arrojando resultados esperanzadores

En julio de 2024, aquí mismo, afirmamos que la política en materia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador seguía una ruta coherente y plausible, diseñada desde una perspectiva conceptual diferente con respecto a las estrategias que le antecedieron, principalmente a la impulsada por Felipe Calderón (2006–2012). Entonces, mencioné que se tenía una propuesta integral que consideraba los aspectos jurídicos, programáticos y operativos, y que incluía la dimensión territorial del problema que se buscaba resolver.

Nuevamente, como al final del sexenio de Andrés Manuel, pero ahora en el contexto de la reciente captura –y posterior muerte– de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha desatado una campaña que busca desacreditar la política en materia de seguridad que inició el nativo de Macuspana, Tabasco, por una aparente ruptura en la estrategia de lucha contra las drogas con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza.

Algunas voces se han apresurado a señalar que este hecho marca un regreso a la estrategia de “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que sugiere un abandono de la política de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, esta lectura superficial omite un análisis más profundo: lo que presenciamos no es un cambio de rumbo, sino la consolidación de una política de Estado iniciada por AMLO y que hoy, con Claudia Sheinbaum, sigue arrojando resultados esperanzadores.

I. La legitimidad como pilar fundamental

Un primer elemento que conviene destacar es el alto grado de legitimidad que acompaña tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como a su Gabinete de Seguridad. Esta no surge de la nada; es resultado directo de dar continuidad a una política que, aunque frecuentemente caricaturizada, ha mantenido una línea coherente desde el sexenio anterior. Quienes creen que la estrategia actual representa un retroceso hacia el calderonismo pasan por alto que Sheinbaum goza de un respaldo social y político que Calderón nunca tuvo, entre otras razones, porque su gobierno no ha roto con el enfoque de atender las causas estructurales de la violencia.

Esta legitimidad es el sustrato sobre el cual se construye cualquier acción efectiva del Estado. Sin ella, las Fuerzas Armadas operan como un ocupante en territorio hostil; con ella, el Ejército y la Guardia Nacional pueden desplegarse con el respaldo de la población, lo que multiplica su eficacia y reduce los costos sociales de las operaciones.

II. Ir a las causas: la disputa por los sentidos de vida

Uno de los ejes centrales de la política iniciada por AMLO y continuada por Sheinbaum es el reconocimiento de que el fortalecimiento de los cárteles como principales proveedores de drogas y generadores de violencia no era un fenómeno aislado, sino el resultado de condiciones estructurales profundas. El diagnóstico fue claro: el crimen organizado creció porque encontró condiciones sociales que lo hicieron viable. Desigualdad, precariedad laboral y falta de horizontes generaron una reserva constante de jóvenes susceptibles de ser reclutados. La política pública, entonces, no se limita a contener el delito, sino a desactivar las condiciones que lo producen.

Frente a esto, se implementaron distintos programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que no son meras transferencias económicas, sino intervenciones que amplían las expectativas vitales y profesionales de los sectores de la juventud. Pero la apuesta está más allá de lo económico: es una lucha por los sentidos de vida, una batalla cultural que busca desmontar el halo de legitimidad que durante años ha envuelto al narcotráfico.

Durante décadas, una poderosa industria cultural –expresada en cine, series de televisión y plataformas digitales– construyó un imaginario donde los narcos eran protagonistas y sus estilos de vida se presentaban como aspiracionales. Frente a esto, la estrategia gubernamental acompañó los programas sociales con una campaña amplia de difusión sobre los riesgos del consumo de drogas y la devastación social que implica involucrarse en el crimen organizado. No olvidemos las mismas críticas de AMLO a los narcocorridos.

Los resultados de esta batalla cultural los vemos. Como lo declaró el secretario de la Defensa Nacional en la conferencia matutina del 23 de febrero, la capacidad de reclutamiento de los grupos delincuenciales ha ido a la baja. Los jóvenes ya no ven en los cárteles la misma legitimidad que antes, han perdido esa aura de estilo de vida idílico que en su momento los hizo atractivos.

III. Ocupación territorial: la estrategia silenciosa

Un segundo aspecto que suele pasarse por alto al analizar la captura del Mencho es la transformación en la estrategia de ocupación territorial. El Estado no puede ejercer autoridad donde no tiene presencia. La aprehensión de un capo de esta magnitud no ocurre por azar, descansa en la capacidad de desplazar equipos militares y de inteligencia de manera discreta desde distintos puntos del país.

En el pasado, operaciones de esta naturaleza habrían requerido movilizaciones obvias desde la Ciudad de México o desde las grandes guarniciones militares, lo que hacía imposible cualquier operación encubierta. La construcción de cuarteles y centros de adiestramiento de la Guardia Nacional en puntos estratégicos del territorio –una iniciativa impulsada decididamente por AMLO– permitió lo que antes era impensable: tener presencia militar capilar sin necesidad de movilizaciones ostentosas que alertaran a los grupos criminales.

Esta presencia territorial ha tenido un efecto adicional: ha reducido la capacidad de los cárteles para ejercer control total sobre regiones enteras. Los lugares que antes eran prácticamente zonas liberadas hoy cuentan con presencia del Estado que, por primera vez en décadas, no es vista como la de un ocupante, sino como la de una autoridad legítima.

IV. El control financiero: asfixiar las finanzas del crimen

Otro pilar de la estrategia, menos visible pero igualmente crucial, ha sido el conjunto de medidas para debilitar la capacidad de los grupos delincuenciales para mover y lavar recursos. Durante años, el sistema financiero mexicano operó con enormes agujeros negros por donde fluían sin mayor obstáculo las ganancias del narcotráfico. Las llamadas empresas factureras se convirtieron en el mecanismo preferido para blanquear dinero y funcionaban con la complicidad o la negligencia de las autoridades.

La política iniciada por AMLO y continuada por Sheinbaum ha puesto especial énfasis en cerrar estos canales. No se trata de medidas espectaculares que acaparen titulares, sino de un trabajo sistemático de inteligencia financiera que busca desmontar las arquitecturas económicas que sostienen el crimen. Sin recursos, sin capacidad de lavar dinero, estas organizaciones pierden no solo poder de fuego, sino también su capacidad de corromper y cooptar.

V. La lección del Culiacanazo: 2019 vs 2023

Quizás el ejemplo más claro de la evolución de esta política lo encontramos al comparar lo ocurrido en 2019 con la liberación de Ovidio Guzmán –durante el Culiacanazo– y su recaptura en enero de 2023.

La captura del Ratón en octubre de 2019 mostró las limitaciones del Estado mexicano, con una presencia significativa de la agencia antidrogas norteamericana (DEA) y, por el contrario, la presencia territorial todavía limitada de las Fuerzas Armadas, que operaban con un margen de maniobra restringido. La liberación de Ovidio Guzmán debe leerse como una decisión condicionada por las capacidades reales del Estado en ese momento.

Tres años después, el escenario fue muy distinto. Con un despliegue mucho más amplio de Fuerzas Armadas en todo el país, y con una estrategia que prácticamente evitó las alteraciones del orden que se habían presentado en 2019.

VI. La captura del Mencho y la soberanía

Quienes interpretan que la aprehensión de Nemesio Oseguera es resultado de presiones del gobierno de Estados Unidos para presumir resultados en el combate a las drogas, hacen una lectura deliberadamente mezquina y solo alcanzan a mirar una parte del contexto.

Lo ocurrido el pasado domingo también debe reconocerse como una demostración de las capacidades del Estado mexicano para ejercer el monopolio legítimo de la violencia física a lo largo del territorio, no sólo frente a grupos fuertemente armados, sino incluso ante las principales agencias internacionales: la DEA, como gerencia global de las drogas, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) como gerencia global del armamento militar.

Sin dejar de lado el intercambio de información que prevalece y en el que ciertamente se encuentra condicionado el gobierno actual, esta captura nos muestra los mayores márgenes de autonomía con los que ahora cuenta el país en materia de delincuencia organizada. La relación con las agencias estadunidenses ya no es la de subordinación que imperó durante décadas, cuando la DEA tomaba decisiones que determinaban las operaciones mexicanas. Hoy, el gobierno de la presidenta Sheinbaum actúa con base en diagnósticos propios, en función de los tiempos más adecuados para obtener los mejores resultados y, principalmente, de una estrategia pensada para mejorar la seguridad del país.

VII. Advertencia y perspectivas

Por supuesto, sería un error pensar que con esta captura se tienen todos los hilos controlados. Las agencias internacionales que han lucrado con el mercado de drogas y armas seguirán buscando canales para mantener su influencia. Los intereses mercantiles alrededor del narcotráfico –empresas, prestanombres, profesionales que han vivido de esta economía ilegal– no desaparecerán de un día para otro. Seguirán articulándose y buscarán mantener y ampliar el negocio.

No obstante, lo ocurrido con Mencho permite albergar expectativas fundadas de que la política iniciada por AMLO y mantenida por la doctora Sheinbaum seguirá dando estos resultados en materia de seguridad. Una política que ha logrado trazar una línea clara entre el aparato de Estado y quienes han obtenido durante décadas enormes ganancias a costa del sufrimiento humano y la devastación social.

Esta política reconoce que los resultados no se obtienen en un sexenio, sino que requieren continuidad y persistencia. Por lo que, en definitiva, somos testigos de la maduración de una estrategia de Estado, centrada en atacar las causas estructurales, en recuperar la legitimidad perdida, en ocupar silenciosamente el territorio y en asfixiar las finanzas del crimen. Un Estado que recupera su legitimidad, que ejerce su soberanía y que, paso a paso, va reconstruyendo el tejido social que el narcotráfico y las supuestas estrategias para combatirlo contribuyeron a destruir.

Juan Jesús Estrella Chávez*

*Doctor en sociología y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Sociológicos.

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