FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
En los últimos 22 años, las Escuelas Normales Rurales han sufrido al menos 12 actos de represión. El más grave es el crimen de Estado que implicó la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, así como el asesinato de seis personas y las más de 40 personas heridas en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. En estos hechos participaron funcionarios federales, estatales y municipales, así como integrantes del crimen organizado.
Más allá de la noche de Iguala, los normalistas rurales han sido víctimas de acoso, amedrentamiento, encarcelamientos, recortes presupuestales, persecuciones judiciales y carpetas de investigación, reducción presupuestal para su educación, asesinato. La línea de tiempo de estas formas de represión no acaba: de 2000 a 2022, las autoridades han abierto 130 carpetas de investigación y procedimientos administrativos en contra de los estudiantes, señala en entrevista Alejandro Martínez Martínez, abogado del Centro de Derechos Humanos José Revueltas y quien acompaña legalmente a los jóvenes, hijos de campesinos y obreros.
De acuerdo con un análisis del Centro José Revueltas, en 2000 –cuando Vicente Fox Quesada asumió la Presidencia por el Partido Acción Nacional– los estudiantes de la ENR Luis Villarreal de El Mexe, Hidalgo, fueron desalojados del plantel, luego de que se movilizaran por varios días (del 5 de enero al 19 de febrero) en exigencia del aumento de matrícula y presupuesto.
Entre los hechos de represión que cita se encuentra el ocurrido en 2003, luego de que los estudiantes de la ENR Mactumactzá, Chiapas, protestaron por la eliminación de plazas automáticas para los egresados. Pablo Salazar Mendiguchía, entonces gobernador de ese estado, ordenó la demolición del internado.
Ese mismo año, en la normal del Mexe, se decretó la desaparición del sistema de internado y se declaró que las actividades pedagógicas se realizarían en sedes alternas; es decir, se acabó el modelo de educación socialista para los estudiantes.
En 2007, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desalojados mediante el uso excesivo de la fuerza de la carretera México-Acapulco, en exigencia de mejoras para el sistema educativo normalista.
En 2008, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era gobernador de Hidalgo, se declaró un “receso académico administrativo”, que en los hechos significó el cierre de la Normal Rural del Mexe.
En noviembre de ese mismo año fueron detenidos 133 estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, mientras se trasladaban a una manifestación en la ciudad de Morelia, en solidaridad con sus compañeros del Mexe y en demanda de la restitución de sus derechos económicos y académicos.
Para el 1 de junio de 2010, alumnas de la Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, Aguascalientes, fueron desalojadas del Instituto de Educación Estatal mientras exigían la ampliación de la matrícula para su plantel. “El 13 de septiembre, elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala disolvieron la marcha de estudiantes de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez, quienes exigían mejoras en sus condiciones de estudio”, relata la cronología del Centro de Derechos Humanos José Revueltas.
Agrega que el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron ejecutados extrajudicialmente mientras se manifestaban en la carretera federal Cuernavaca-Chilpancingo. Aquel día, “a partir de las 12:20 horas y en adelante, los disparos de arma de fuego se prolongaron por varios minutos, lapso en el que elementos de las corporaciones policiales perseguían a estudiantes y a otras personas. Pasadas las 12:26 horas, varias personas habían sido detenidas y diversos estudiantes notaron que los cuerpos de V1 y V2 se encontraban tendidos sobre la carretera, y que V3, V4 y V5 habían sido heridos por proyectil de arma de fuego; a partir de las 12:28 horas, algunos de los manifestantes ya dispersos se dirigieron hacia la carretera que va rumbo a Petaquillas; otras personas fueron detenidas en las inmediaciones del lugar, y desde las 12:30 horas en adelante elementos de la Policía Federal comenzaron a retirar evidencias del lugar de los hechos”, expone la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su documento RecVG_001.
Otro acto represivo ocurrió en 2012, luego de que entre el 4 y el 15 de octubre, los estudiantes retuvieron varios vehículos al interior de la normal Vasco de Quiroga, y realizaron manifestaciones para exigir que se pospusiera un año la reforma curricular en las normales rurales. El 15 de octubre “fueron detenidos arbitrariamente 176 normalistas de Tiripetío, Cherán y Arteaga”, reporta el Centro José Revueltas.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido la punta de acoso y violencia contra los estudiantes normalistas, dice en entrevista el abogado Alejandro Martínez Martínez. El defensor de derechos humanos expone que la relación entre las normales rurales –a través de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM)– y el Estado mexicano “ha sido a partir de 1940, luego de un ataque sistemático de violaciones a derechos humanos, muchas de ellas graves, contra los normalistas rurales”.
Este acoso, dice, tiene dos grande episodios: uno, el de 1969 cuando la mitad de las ENR fueron cerradas: primero fueron tomadas por el Ejército. El otro escenario se desarrolla a partir de la década de 1990, “con la implementación del neoliberalismo en México. Ésta es la etapa más reciente que tuvo un pico o un ascenso cuando fue la desaparición de los 43”.
—¿Quién ha estado detrás de este asedio?
—Sin duda, el Estado, a nivel federal y estatal. El Poder Judicial, incluso el Legislativo son instrumentos, pero hay otros grupos, como los empresariales o de intereses particulares a los que no les interesa que haya, subsista o se desarrolle este tipo de educación socialista, como se le denominó a principios del siglo XX: transformadora o emancipadora. Tampoco les interesa a empresarios que quieren promover otro tipo de modelos educativos y, en fechas más recientes, a grupos paramilitares del narcotráfico, pues los estudiantes representan un obstáculo para el control de territorios e, incluso, en este terrorismo de Estado o narco-Estado es un obstáculo tener en un territorio determinado una escuela normal rural con una ideología muy definida, con unos estudiantes muy participativos.
En Guerrero, dice el defensor, se ve cómo están las mineras con sus grupos armados, “son grupos paramilitares de seguridad privados en colusión o connivencia con la policía estatal y con el Ejército. El caso de los 43 sí viene a representar de manera paradigmática esa combinación de factores reales de poder en detrimento no sólo de las ENR sino de cualquier actor en lo individual o lo colectivo que se les interponga para sus objetivos”.
La madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos forzadamente 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, declarado como crimen de Estado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de agosto. Este hecho ha revelado cómo toda la fuerza del Estado operaba en contra de los jóvenes.
Un año más tarde, alumnos de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos se manifestaron por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la caseta de Calera. “Cuando se retiraban del lugar, elementos de la Policía del Estado de Zacatecas los persiguieron y abrieron fuego contra los autobuses en los que se transportaban los normalistas. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada”, indica el Centro José Revueltas.
El 14 de octubre de 2017, unos 300 estudiantes de la ENR de Tiripetío, Michoacán, se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, “para exigir la liberación de sus compañeros detenidos un día antes durante una manifestación. La policía estatal inició un operativo en el que resultaron lesionados y privados de la libertad alrededor de 65 estudiantes, el alumno Gael Solorio Cruz, resultó gravemente herido por una bala disparada por los elementos de la Policía Estatal.
Para el 18 de noviembre de 2020, fueron detenidos 66 normalistas rurales de Tiripetío, mientras se trasladaban a una manifestación. Al siguiente año, el 18 de mayo fueron detenidos 95 estudiantes de la ENR de Mactumactzá, que se encontraban en la caseta de Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, en exigencia de que el examen de ingreso a la escuela se aplicara de manera presencial.
Dos días más tarde, el 20 de mayo, dos alumnas de la ENR Carmen Serdán “perdieron la vida durante una manifestación en la caseta de peaje de la autopista Amozoc-Perote, en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, para exigir el cumplimiento de diversas peticiones, tales como el otorgamiento de un camión para sus traslados, el aumento de presupuesto para alimentación”.
El 1 de junio de ese año, las normalistas rurales de Teteles realizaron una manifestación en Casa Aguayo, Puebla, quienes insistían en las peticiones por las que sus compañeras que perdieron la vida se habían manifestado. Por este hecho y, luego de que los estudiantes de diversas escuelas se solidarizaran con el movimiento, “elementos de la Policía Estatal de Puebla detuvieron a 43 normalistas rurales de las ENR Teteles, Amilcingo, Ayotzinapa y Tiripetío”.
La infiltración es un recurso permanente en contra de las normales rurales, comenta el abogado Alejandro Martínez, “sobre todo, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de las policías tanto federales como estatales, tal es así que están los registros de la Dirección Federal de Seguridad de los años de 1960 y 1970, donde se acreditó un seguimiento permanente… en esas décadas, había preocupación de las autoridades por la incorporación de muchos normalitas rurales en grupos armados, también por ser semillero de movimiento magisterial y gremiales”.
Para el maestro Lev Moujahid Velázquez Barriga, coordinador de la Gestión Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, las normales rurales son el espacio en el que los sectores más empobrecidos del país han encontrado su herramienta para poder acceder a una profesión.
Dice que en muchos de los casos, el sistema de internado facilita a los jóvenes que puedan tener la oportunidad de estar en una escuela que les permita profesionalizarse y que tengan las condiciones básicas mínimas, dada su condición de vulnerabilidad.
También, “las normales son el punto de encuentro de muchas desigualdades arraigadas en las comunidades. Desigualdades que tienen que ver con la pobreza, la marginación de los sectores campesinos, que tienen que ver con lugares de extrema marginación donde hace falta cosas básicas como el agua, la electricidad, y las normales tienen un sistema en el que la organización de los estudiantes les permite compartir esas experiencias de vida y filtrarlas a través de círculos de estudio y de teorizaciones o de análisis de la realidad con métodos propios de organizaciones populares, organizaciones estudiantiles de la izquierda y la condición de pobreza, de marginación, más la organización política de los jóvenes hacen que estas instituciones se vuelvan un torrente organizativo que siempre representa un peligro para el Estado”.
En Tiripetío, reprocha, “el acoso ha sido constante, la represión, por ejemplo, durante el periodo del gobierno anterior de Silvano Aureoles se ha recrudeció con el uso de las fuerzas policiacas y, además, armas de fuego para disolver las manifestaciones de los estudiantes, encarcelamientos constantes y, hasta el momento, todavía muchos de estos jóvenes tienen carpetas judiciales abiertas”.
Éstas son parte de las distintas represiones que percibe el también investigador del Centro Internacional del Pensamiento Crítico. La más preocupante, el crimen de Estado contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, su desaparición forzada y la infiltración del Ejército.
Jorge Cázares Torres, docente de educación primaria y egresado de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, comenta que ese modelo educativo “han sufrido durante toda su historia ataques permanentes, de acoso por parte de las autoridades, e incluso de sectores reaccionarios”.
Relata que en la primera normal rural –establecida en Tacámbaro, Michoacán hace 100 años– “los ataques venían no de los gobiernos, porque en ese entonces era quien estaba abriendo este espacio para formar maestros rurales, sino que venían del clero conservador”.
El maestro comenta que él y sus compañeros “lo vivimos en carne propia”. Cuando ingresa a la escuela, dice, “ya estaba infiltrada por una organización política de derecha, Antorcha Campesina; entonces, fue necesario realizar todo movimiento muy fuerte y de mucha solidaridad, de mucho apoyo de las organizaciones campesinas e indígenas de Michoacán para poder expulsar a esta organización que pretendía adueñarse de la normal”.
Ahora, comenta, con el informe de Ayotzinapa se reconoce la infiltración por parte del propio Ejército; se trata de llevar desde dentro un proceso de cooptación o de implosión, “en donde las cosas se salgan de control, que haya provocaciones, acciones no planeadas, no pensadas por el conjunto de la base estudiantil y que incluso generen la represión por parte del propio gobierno”.
Otra manera de represión contra los estudiantes, comenta, “es la inanición: reducirles el presupuesto a tal grado de que sea casi imposible sostenerse en la vida de la normal rural, sobre todo porque no hay que olvidar que mantiene su carácter de internado, que se sostiene con una beca muy mínima. En el caso de la normal de Tiripetío son unos 60 pesos diarios por estudiante para solventar las tres comidas, algo que ocurre desde la época de 1940”.
También, señala, están las campañas de estigmatización de los medios de la derecha, “alentados por personajes como Elba Esther Gordillo [exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación] que llegó a decir: ‘cierren las normales rurales porque son nidos de guerrilleros, mejor conviértanlas en escuelas de turismo’”.
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