La violencia política en el actual contexto electoral que vive México incluye la “guerra sucia” mediática, porque vulnera el libre ejercicio de los derechos político-electorales del pueblo, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En ese contexto, alertó sobre las tendencias en redes sociales que se han inflado mediante granjas de bots –pagadas incluso por actores extranjeros como Atlas Network–, y como ejemplo cita los casos de “narcopresidente” y “narcocandidata”.

Además, señaló que la marcha a la que convocaron el empresario ultracapitalista Claudio X González Guajardo y el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, retomaron esas mismas temáticas que constituyen violencia política.

En su Primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia. Periodo del 15 de febrero al 1 de marzo de 2024, el organismo autónomo indicó que las noticias falsas y la propaganda negra forman parte de las prácticas intimidatorias a las que algunos actores políticos están recurriendo.

“Dentro del espacio referencial de tiempo de este primer informe, es necesario resaltar la convocatoria a la manifestación del domingo 18 de febrero, bajo la difusión masiva a través de redes y medios del mensaje de ‘narco presidente’, y el discurso del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien bajo el argumento de no pertenecer a un partido político, planteó una retórica en torno a un ‘posible atentado contra la democracia del país’, entendido así a partir de la crítica que hizo a las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo federal, además de acusar a la administración federal de promover ‘encuestas falsas para que creas que este arroz ya se coció y que la elección está definida’”.

La CNDH señaló que, durante esa movilización del 18 de febrero, “se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas, que, vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el derecho a la democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera [en referencia a personas migrantes], además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral”.

Al respecto, advirtió que eso mismo ha pasado en otros momentos “y como ha sido documentado en el Pronunciamiento de la CNDH sobre el deber de prevenir y erradicar las diversas manifestaciones de violencia política en el contexto del ejercicio de los derechos político electorales”.

En su informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó que “dentro de los temas que conciernen a los medios de comunicación se presenta una campaña sucia que continúa a la fecha de emisión de este análisis, en la cual se planteó el supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico. Cabe mencionar que este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”.

En México, añadió el análisis, se identifica el inicio de dicha campaña de desprestigio y desinformación, “a partir de la publicación de una serie de reportajes presentados, de forma coordinada el 30 de enero de 2024, por medios como ProPublica, Deutsche Welle e InSight Crime, que posteriormente fueron retomados y reproducidos por medios nacionales y por el equipo de campaña de una de las candidatas a Presidenta de la República, lo que detonó otra campaña sucia en redes sociales, principalmente en X (antes Twitter), con la utilización del hashtag ‘NarcoPresidente’ y ‘NarcoCandidata’, que se mantienen en las listas de tendencias de discusión hasta la fecha de creación del presente análisis. Y que incluyó mensajes descalificatorios, también, contra el candidato de Movimiento Ciudadano”.

La CNDH resaltó que tras la publicación de esas noticias falsas, “se dio a conocer el uso de granjas de bots y/o trollcenters como parte de la estrategia para impulsar y sostener la campaña negativa en redes sociales. Lo anterior fue comprobado por el experto en análisis de datos y redes sociales, Julián Macías,

fundador del portal Pandemia Digital, quien identificó que dentro de la campaña de difamación contra el gobierno de la República y de la candidata de la Coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ [Claudia Sheinbaum] existen indicadores que permitieron identificar la creación de una campaña autogestionada, pues un aproximado de 400 mil publicaciones en la red social X contenían el mismo error ortográfico. Un punto imprescindible por mencionar es la cantidad de publicaciones que aparecen con estos errores. En otros países aparecieron cantidades que oscilan entre los 10 mil y los 100 mil, pero, en México en tan solo unos días aparecieron más de 500 mil publicaciones. Cabe señalar que hay algunas empresas privadas identificadas como CLS Strategies y Atlas Network (empresa ligada a la campaña para favorecer el golpe de Estado en Bolivia) y vinculada con campañas de noticias falsas alrededor del mundo”.

Como parte de esa guerra sucia, la Comisión señaló que el medio Latinus presentó un trabajo “el 16 de febrero, en el que se observó la utilización de una persona ‘anónima’ que da testimonio de supuestas entregas de recursos procedentes del narcotráfico para la campaña de AMLO en 2006, mismo modus de operar que se identificó en la campaña de desinformación en Colombia en las elecciones donde resultó vencedor, Gustavo Petro”.

Otro medio al que identificó como parte de este tipo de violencia política que viola derechos humanos es la revista Siempre!, pues su editorial de la edición del 29 de febrero es “claro ejemplo del discurso del miedo y la difamación que se fomenta por algunos grupos de interés y en algunos medios, manifiesto en los siguientes mensajes: ‘estas pueden ser las elecciones más sangrientas de la historia’, ‘López Obrador calla’, ‘El fantasma de la complicidad toma cada vez más fuerza’, ‘Los cárteles han apuntado sus armas contra aspirantes a ser alcaldes. No sería extraño que fueran subiendo la mira’. Insinuando, incluso, que ‘El hecho de que la sucesión presidencial se esté llevando a cabo, por primera vez, bajo fuego, no es casualidad. Responde a una estrategia… Si en el 2021 los cárteles ayudaron a Morena a ganar gubernaturas, en el 2024 operarían para que gane la presidencia y el Congreso. El éxito de una ‘narco elección’ pondría definitivamente las instituciones mexicanas bajo el control del crimen. Si el reportaje del New York Times es cierto, esta sería la segunda vez que la delincuencia ayudaría a un candidato de Morena a sentarse en la silla presidencial’. Todo esto aunado a sus tres últimas portadas, alusivas las tres al mensaje de ‘narco presidente’”.

Aunado a lo anterior, la CNDH refirió que hay “ciertos grupos de poder económico [que] se han asociado con los medios de comunicación comercial para tratar de influir –o interferir– en los procesos democráticos en varios países latinoamericanos, y la mecánica que han venido utilizando: la apropiación de discursos de supuesto ‘malestar social’ (violaciones a derechos humanos, bajos salarios, falta de oportunidades, atención a grupos vulnerables, entre otros) como estrategia para que sectores de la población afines a estas demandas apoyen las “causas” que hoy día defienden, aun cuando en su historia y en sus ideales está visto que no comparten. Algo, también, muy habitual en el comportamiento de la oligarquía mexicana a lo largo de nuestra historia”.

Acerca del informe

La CNDH expuso que para mejorar la calidad del debate político y de la competencia, actuará de manera preventiva. Ello garantizará “el derecho humano a la democracia de las y los mexicanos, en un marco de libertad y respeto a la ley”.

Presidida por la luchadora social y defensora de derechos humanos Rosario Piedra Ibarra, la CNDH explicó que estos informes constituyen “un mecanismo auxiliar y un medio de seguimiento que permite visibilizar todas las formas de violencia política, todos los factores de riesgo que, bajo la perspectiva de los derechos humanos, pueden comprometer y/o vulnerar el libre ejercicio de los derechos político-electorales del pueblo”. Esto es que no serán “una base de datos para llevar el registro de los crímenes con sesgo político, si bien los incluye”.

Asimismo, indicó que no se suplantan funciones de la autoridad electoral, pues no busca calificar las elecciones. Y explicó que tampoco es una distracción de sus funciones sustantivas, sino su reforzamiento porque se examinan vulneraciones a derechos humanos.

El proceso electoral es “una expresión de soberanía nacional que pertenece a la población de un país y que supone el ejercicio de derechos humanos fundamentales”.

En México no hay un escenario de polarización, pero hay algunos actores políticos que lo promueven por estrategia electoral, advirtió

“La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación; por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, señaló

A partir de los indicadores que se muestran en el Escalómetro de Violencia Política elaborado por la CNDH, se construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales, con el objeto de identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024.

En el mes de febrero de 2024 identificamos algunas expresiones de violencia política, no sólo ejercida desde y hacia aspirantes a puestos de elección popular, sino también, y prioritariamente, desde los discursos que reproducen los medios de comunicación y redes sociales que atentan contra el Derecho a la Democracia en nuestro país, entendida esta no sólo como los procesos y las instituciones del Estado vinculadas con la planeación, organización y ejecución de las elecciones, sino con todos aquellos aspectos que conforman la participación del pueblo antes, durante y después del proceso de elección, incluyendo el acceso a información veraz, el respeto de los derechos político-electorales de la población y de las y los candidatos, la libre manifestación de las ideas de todos los sectores involucrados (autoridades y pueblo), entre otras.

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