El dictamen del paquete de reformas en materia de agua –enviado al Legislativo por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, y que abarca la creación de una nueva Ley General de Aguas y la transformación de la Ley de Aguas Nacionales– busca garantizar el derecho humano de este vital líquido, además de ponerle fin “al mercado negro” del agua y generar un sistema de concesiones más ordenado y transparente, indicó el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

Luego de anunciar que el documento está listo para ser discutido en la Cámara de Diputados y con ello su pronta aprobación, el funcionario explicó que el nuevo marco legal permitirá acabar con una serie de “prácticas abusivas” que por décadas han causado daño al país, como es el acaparamiento del agua y la sobreexplotación de la misma.

En este sentido, Morales López señaló que la ley actual –promulgada en 1992 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari– permite la concentración de varios títulos de concesión en una o varias personas y, con ello, el acaparamiento del agua, lo que, agregó, resulta contraproducente para las comunidades y los pequeños y medianos productores que no cuentan con el vital líquido.

“La nueva ley garantiza el binomio tierra-agua, que es un binomio inseparable, para que las propiedades con títulos de concesión se puedan heredar o se puedan vender y se respete el mismo volumen, el mismo tiempo para el que fueron concesionadas y el mismo uso”, indicó en un video difundido en redes sociales.

Asimismo, el director de la Conagua aclaró que el dictamen del paquete de reformas sí reconoce a los sistemas comunitarios que operan de una manera tradicional, además de que facilita el acceso al agua de las comunidades, incluso de las más desprotegidas. “Nuestro objetivo es que haya agua suficiente para garantizar el derecho humano, que haya agua suficiente para garantizar la producción de alimentos y que también contemos con agua para impulsar los proyectos que nos lleven al desarrollo nacional”, resaltó.

Como resultado del diálogo sostenido con grupos de productores, el empresariado, los investigadores, las organizaciones no gubernamentales y otros sectores sociales, se enriqueció el dictamen en materia de la Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el pasado 28 de noviembre.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico del documento, el agua dejará de verse y administrarse como mercancía. Para ello, se establece que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua; desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares; regula las concesiones de agua que no sean utilizadas para los fines autorizados, y establece la definición de “uso agropecuario familiar” para puntualizar aquellas actividades agrícolas y pecuarias cuyo objetivo es el sostenimiento familiar.

De igual manera, el Registro Público de Derechos de Agua transita hacia un Registro Nacional del Agua, a fin de contar con una herramienta que favorezca el adecuado control y la transparencia del régimen de concesiones y asignaciones; se modifican las reglas aplicables a la determinación del pago de la cuota de garantía, y se establecen reglas claras aplicables a las concesiones que se otorguen para uso agrario, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, reconocer los derechos de las personas titulares y evitar prácticas que distorsionen su objetivo.

Sin embargo, tras atender inquietudes de organizaciones ambientalistas, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, indicó que se incluyeron medidas de reparación o compensación por daños ambientales, que se sumarán a las acciones existentes de protección al medio ambiente para garantizar que el patrimonio natural de los mexicanos sea preservado.

Mientras que, en beneficio de las comunidades, se estableció crear trámites flexibles para realizar las regulaciones, teniendo especial consideración en las poblaciones marginadas o en condiciones de vulnerabilidad. “Al llevar a cabo acciones simplificadas, se contribuye a la reducción de barreras que históricamente han limitado el acceso de estas poblaciones a servicios y derechos; se promueve la inclusión; se disminuyen desigualdades, y se fortalece la confianza en las instituciones, garantizando que nadie quede excluido”, resaltó.

De acuerdo con el presidente de la Jucopo, el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá esta semana, en tres sesiones, temas claves como la Ley General de Salud en materia de vapeadores –que ha sido muy cuestionada por los grupos de cabilderos que protegen a las grandes cigarreras–; la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales; así como la Ley de Ascensos de la Armada de México, entre otras.

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