Ofensiva política: del plan del “golpe de Estado técnico” al contrataque

La correcta interpretación de la ofensiva actual contra la 4T-4R (cuarta transformación-cuarta República pasa por advertir que en la lucha política –es decir, en la batalla por el poder del Estado– si hay algo poco recomendable es mantener una postura defensiva. Ésta puede permitir al adversario el avasallamiento con un abanico de acciones, las cuales terminan por debilitar las posiciones propias de poder, al tiempo que se fortalecen las contrarias.

Es recomendable la defensa sólo mientras planificas la ofensiva; la recuperación de una postura de ofensa. Aunque depende del “análisis concreto de la situación concreta”.

Por ello, es claro y evidente que los preparativos dentro de México y desde nuestras fronteras apuntan hacia la conformación de un “golpe de Estado técnico”, asimilable al llamado “golpe de Estado blando” –hace tiempo se le llamaban “conspiraciones palaciegas”–. De éste, existen distintos ejemplos en América Latina, estudiados por distintos analistas, politólogos, sociólogos, líderes políticos y periodistas especializados.

Se puede ver a través de las actividades múltiples de la derecha nacional y trasnacional de muchos meses atrás, con declaraciones, acciones, documentos, columnas periodísticas, mesas redondas y otros, ordenados, revisados y reflexionados, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, estamos concientes de ello de acuerdo a nuestra interpretación propia, la cual hemos construido mediante columnas de opinión, ensayos, entrevistas, etcétera. Esto desde unos tres años a la fecha, como consta en los espacios ofrecidos para publicarlos en la red.

Es decir, hablamos de procesos políticos de disputa por el Estado reales, documentados. Forman parte de la historia política de nuestra subregión continental. Poseen rasgos en común, además de diferencias notables entre sí, cuyo desarrollo previo a la consumación por la vía de un cambio forzado de régimen concentra los elementos, factores e ingredientes de lo que se ha denominado un “golpe de Estado técnico”.

Es un quebrantamiento del orden constitucional disfrazado de proceso jurídico constitucional. Como institución del Estado y la República, a través de jueces o magistrados, el poder judicial emite el fallo final para concretar el proceso. Es la experiencia. El presidente no está delirando; sabe bien lo que dice.

Los autores clásicos le llamaron “coup d’État” en cualquier modalidad. Por cierto, no ha desaparecido del planeta, aunque haya quienes afirman lo contrario.

Tales eventos han cambiado su mecánica, su rostro público y las técnicas empleadas. En América Latina, están vigentes a pesar de los procesos de transición democrática más o menos exitosos y tortuosos, de las “olas democratizadoras”, en consonancia con las severas restricciones impuestas por las oligarquías a la democracia, igualmente, en cualquiera de sus variantes.

Claro “los golpistas palaciegos o taimados” están a años luz de reconocer que los procesos que encabezan son auténticos “coup d’État”. Argumentan lo que les conviene a sus intereses de “camarillas asaltantes de la institucionalidad”.

Por cierto, en los “golpes conspirativos”, el proceso se cubre por el sigilo y el secreto. En México, los elementos que ha mencionado el presidente López Obrador –y otros de nuestra propia percepción–están a la vista y en despliegue. No se cuidaron mucho.

En dos casos en nuestra subregión continental, ha habido una recuperación del poder por parte de las fuerzas políticas. Ambos fueron efectuados con la destitución de un primer mandatario: en Brasil, se produjo el encarcelamiento del expresidente Luiz Ignacio Da Silva, consecuencia de un proceso judicial amañado.

Sirvió para marginarlo del proceso electoral que se avecinaba, en el cual punteaba en las encuestas como el candidato de izquierda vitorioso. Esto permitió el triunfo de un candidato de la derecha militarista como Jair Bolsonaro.

De igual manera, el “golpe blando” se produjo contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de violaciones constitucionales al presupuesto público. Éstas eran faltas administrativas menores y las convirtieron en causales de destitución. Aquí la oligarquía brasileña y el gobierno de Estados Unidos en su alianza pegaron doble: destituyeron a la presidenta Dilma y marginaron a Da Silva de la contienda presidencial.

Después, en un proceso electoral distinto, el entonces presidente Da Silva fue exonerado de los cargos que condujeron a su encarcelamiento por supuesta corrupción. Sin embargo, a través de jueces y magistrados, el mismo poder judicial lo condenó, sentenció, encarceló y posteriormenteliberó. Ya exonerado, participó y ganó un nuevo proceso electoral por la presidencia de Brasil.

Recordemos la primera reacción del candidato derrotado de la oligarquía brasileña, del estamento militar de sus aliados externos, Jair Bolsonaro. Trató de desconocer el resultado electoral y el triunfo de Da Silva. Observemos así, lo predecibles que son las oligarquías y lo burdo de sus “flamantes estrategias”.

En el caso de Evo Morales (2019, pero antes, usando a los militares, hubo una “narco rebelión militar” confesa contra la presidenta Lydia Gueiler en 1980), se le exige y es obligado a renunciar sin concluir el periodo de su mandato constitucional en un movimiento militar hostil.

Fue prácticamente una rebelión contra el orden constitucional, sin que intervenga el poder judicial para anular el proceso y restaurar la vigencia de la constitución política. Entonces, se abre un interinato de más de un año.

Evo Morales se exilia en México, y luego se convoca en Bolivia una nueva elección presidencial, en donde no participa, pero gana otro líder, un excolaborador suyo. El movimiento político recupera el poder.

En los demás casos, Honduras (2009), Paraguay (2012) y Perú (2021, antes se produjo el “autogolpe” del presidente Fujimori que le permite suprimir el poder legislativo), los primeros mandatarios destituidos bajo diversos cargos de graves violaciones al orden constitucional no volvieron a sus cargos.

Se consumó el cambio de régimen anticonstitucional, a pesar de haber llegado a la primera magistratura del Estado mediante sufragio popular universal, secreto y directo y por las mayorías nacionales.

Este acto de soberanía es anulado por el movimiento político rupturista con intervención activa del poder judicial o del poder legislativo (en Perú), luego validado por el primero. Allí es evidente el quebrantamiento del orden constitucional, no preservado por el poder judicial, tal cual es su mandato. Son hechos verificables.

Hay otros “golpes suaves” que han fracasado: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. No abundamos más para no hacer pesada esta parte del ensayo. Y claro, esos regímenes que resisten y revierten la ofensiva derechista son tildados de “dictaduras” o de “tiranías”.

Ciertamente, cierran espacios de participación ante la embestida interno-externa, y se asumen como “fortalezas asediadas”. En México, los opositores más recalcitrantes se dan el lujo de insultar al presidente de la República un día sí y al otro también, y no pasa nada. Lo hacen desde los opositores de la calle hasta los que participan en programas de radio y televisión, desde majaderías vociferantes hasta calumnias y difamaciones.

Sin embargo, debemos afirmar que la “judicialización de los procesos” de confrontación ideológica o socio-política es parte de la cultura y los principios políticos de la derecha en la teoría y en la práctica –promoviendo amparos, controversias constitucionales, desafueros, acusaciones penales diversas y reiteradas contra distintos personajes políticos–.

Y más, si concideramos que en el poder judicial tienen aliados firmes, a partir de una ideología conservadora, dada su función de poder de control constitucional para preservar el orden social y jurídico presente.

Así la “judicialización política” se usa como instrumento de debilitamiento de los adversarios con una ideología y programa político diverso o confrontado con el de la derecha.

No hablamos del uso legítimo de los recursos constitucionales o penales para dirimir una problemática, en donde una de las partes violentó el orden legal, sino de una artimaña política de represión por trasmano contra los adversarios.

Ahora bien: en nuestro caso, se trata de estudio de procesos golpistas para derrocar al adversario desde un doble contexto: a) no sólo como un cambio de régimen por medios seudo legales, sino para operar un cambio en la estructura ideológica y programática de los gobiernos en la región denominados genéricamente “de izquierdas”.

Y b) incidiendo en un contexto histórico mayor: el de los procesos de agotamiento del orden neoliberal –“ciclo de impugnación del neoliberalismo” le dicen otros estudiosos–. El orden social está mejor estructurado en unos países que en otros, dentro de las transiciones políticas a la democracia, con un producto de otro proceso paralelo como fue la reactivación de las movilizaciones socio-política e ideológicas de carácter popular. Alvin Toffler les llamó “la segunda ola democrática”.

Ésta fue la respuesta general de las oligarquías económicas, políticas e ideológicas nacional-transnacionales a dichos procesos de cambio: los “golpes de Estado blandos” que el presidente López Obrador denomina –como lo hizo también Cuauhtémoc Cárdenas durante el fraude de 1988–“un golpe de Estado técnico”.

Al centro, está la disputa por la conducción del Estado. Y desde las oposiciones socio-políticas, asumen la tarea de construcción de una severa crisis política e institucional que facilite sus objetivos estratégicos.

En México, mediante el proceso de vigencia del programa concretado de la 4T, con distintos defectos e insuficiencias, no faltaba más. Empezó la construcción del futuro de un México alternativo, sin romper con los aliados históricos y estratégicos:Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Sin embargo, el frente opositor –con Xóchitl Gálvez como candidata presidencial– pretende regresar el reloj de la historia a la década de 1990. En ese entonces, conformó el ciclo histórico de construcción de un orden neoliberal y rompió el proyecto y su programa político.

La 4T-4R va por el futuro mediante la continuación del proceso transformador iniciado con el relevo al mando de la doctora Claudia Sheimbaum. En suma, la oposición pretende consumar la gran restauración en el próximo proceso electoral.

Los golpes “blandos o encubiertos” mediante el uso de técnicas no frontales y no violentas o armadas, sino de carácter conspirativo –tan viejas como las disputas por el poder–, cuya expresión y explicación no se encuentran de manera más o menos exhaustiva.

En su denominación, se le atribuye al politólogo estadunidense Gene Sharp, quien –según el analista de prestigio, Thierry Meyssan– “recibió el encargo de la CIA para conducir la aplicación práctica de su investigación teórica en China” (1989). Además, trabajó para el Estado de Israel “creando programas de entrenamiento para jóvenes activistas, con el objetivo de organizar golpes suaves” (agosto, 2012).

Es decir, estos procesos golpistas pueden contar con la intervención de organismos de inteligencia civil y/o militar del país en cuestión, o extranjeros. En algunos casos, el “golpe conspirativo” se relaciona con el lawfare –con “la guerra jurídica” o “la guerra judicial”–. De ésta, hemos hablado para el caso latinoamericano antes. Se produce en momentos en que la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante una cobertura o apariencia jurídico-constitucional.

La denominación de “golpes blandos” en alguna forma extrapola el concepto de entender el poder del Estado como una suma de “poder duro” –la coacción, la amenaza, la fuerza armada– y el “poder blando” –la ideología, la cultura, la influencia política, las teorías o doctrinas jurídicas, la organización de los poderes judiciales, el poder económico–. Dicotomía que usan los politólogos, sociólogos o analistas militares en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos. No me convence.

El “golpe blando”, “golpe taimado” o “golpe técnico de Estado” es una conspiración política, ideológica y mediática, no armada. Mediante éste, la guerra sucia y la propaganda negra de las oligarquías nacionales aliadas con las extranjeras rompen el orden constitucional y la normatividad legal de las instituciones públicas y sociales –como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)–. Forman parte de la “guerra psicológica” y de las “guerras híbridas”.

Si este evento de ruptura no se produce o no puede ilustrarse con evidencias, a pesar de lo sofisticado de las técnicas empleadas, no estamos ante un “cup d’État”, sino frente a otro proceso politológico. Por ejemplo, un conflicto por el poder al seno de un proceso de inestabilidad política o debilidad institucional, debido a distintas causas –un escándalo de corrupción–.

En suma, no puede adjetivarse y sustanciarse como tal la esencia del proceso analizado y conceptualizado, un “golpe de Estado” en cualquier modalidad. (Martínez, Rafael, Revista CIDOB, No. 108, pp. 191-2012).

El trabajo del War Room de la doctora Sheimbaum

En el supuesto positivo, hay un “golpe de Estado técnico” en proceso de despliegue. Ante los preparativos o el desarrollo del golpe, la fuerza política en asedio –el gobierno, Morena y aliados–precisa la planificación integrada de sus acciones para responder; es decir, pasar a la formulación de un contragolpe y luego a la ofensiva. ¿A qué nos referimos con ello? o ¿Cómo debemos entenderla?

Intentaré una explicación sencilla, pero clara: el contragolpe es un principio de defensa táctica flexible, móvil. Es una forma de conducir una batalla y una postura teórico-práctica en la lucha –política o militar–, en contraposición a una defensa rígida.

La primera táctica mencionada –móvil, flexible–tiene el propósito de obligar al adversario o enemigo a ralentizar el avance de su ofensiva e impedir que ocupe mayores espacios –públicos, sociales o territoriales– mediante ella.

Este tipo de defensa permite a las fuerzas que resisten la ofensiva pasar al contrataque, en el momento apropiado. Es una reacción ofensiva al avance del plan del adversario o enemigo, lo cual constituye un momento distinto de una batalla o de una guerra.

El proceso electoral actual es una guerra electoral por el poder con normas constitucionales observables y normas reglamentarias vigentes. No es una lucha en la selva.

En el paso al contraataque o contraofensiva, es importante usar el “factor sorpresa”. Cuando el enemigo menos se lo espera, o está más confiado con el despliegue de su propio plan, sorprenderlocon un ataque importante. Esto puede dar una ventaja definitiva o equilibrar la situación en el espacio de batalla. El contrataque es la primera reacción ofensiva desde la inicial postura de defensa.

Otro importante factor en el análisis y la conformación de la estrategia de defensa y contraofensiva en la situación actual de la lucha político-electoral es el recurso posible de hacer intervenir al crimen transnacional organizado en favor del bando opositor.

No sería la primera vez que ensucian la lucha con tal recurso, porque la coyuntura del cambio en la jefatura del Estado es en extremo relevante. Unaoportunidad única para intervenir con todas las fuerzas que puedan incidir en dicho cambio o relevo.

Este macro factor por sí mismo ya hace un territorio con factores de riesgo importantes. Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994) en una coyuntura similar, no se han vuelto a presentar niveles de violencia semejantes.

Por supuesto que hoy la violencia local y regional está a cargo del crimen trasnacional organizado. En lo fundamental, trata de incidir en los procesos electorales con consignas a sus bases sociales de apoyo y con dinero ilícito de mucho peso al nivel mencionado. Sin embargo, es dudoso que pueda lograrse a nivel federal, salvo que se violente el proceso electoral el día de los comicios.

El padrón electoral tiene 90 millones de personas registradas. Se espera una participación de por lo menos la mitad. Es difícil considerar que hubiera en la criminalidad influencia de 10 o 15 millones de electores para decidir una elección.

Agitar esta posibilidad es un postulado demagógico, exagerado y escandaloso, irreal, una vil coartadacomo parte de una táctica de propaganda negra para infundir temor social. Es mucho más factible una intervención mediante fondos ilícitos.

En América Latina, hay varios casos en donde el crimen transnacional ha intervenido en procesos electorales estando en disputa el cargo de presidente de la República.

Uno de los más connotados y que es importante en su conformación es el de Ernesto Samper en Colombia –llamado “proceso 8000” en 1995-1996–. Ha reconocido que sí entró dinero ilícito desde el Cártel de Cali –de los hermanos Rodríguez Orejuela– a su campaña, mediante una operación de engaño y sustitución.

Él había gestionado apoyo de fondos desde empresarios colombianos ubicados en Estados Unidos. Ese dinero llegó a la cuenta personal del director de la campaña Fernando Botero –hijo del famoso pintor–. Cuando ingresaron miles de millones de pesos colombianos a la misma, se pensó que eran los recursos que venían de empresarios estadunidenses, ya en moneda nacional.

No fue así. Los recursos empresariales se quedaron en cuentas bancarias de Fernando Botero. Fueron 5 millones de dólares, y lo que entraba eran los recursos aportados por el “Cártel de Cali”, de lo cual no se dieron cuenta. Vale la pena revisar los detalles del caso para valorar la intervención de la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) en el proceso.

Fijémonos bien en esto: el expresidente Samper Pizano dice que las agencias del gobierno de Estados Unidos –la DEA en concreto– sabían bien lo que sucedió. Lo declaró ante la Comisión de la Verdad formada para investigar este caso.

Sin embargo, reservaron la información para que,una vez tomado el cargo de presidente, se intentara derrocarlo mediante las revelaciones y acusaciones judiciales correspondientes.

O bien, provocarían impedimentos para que accediera al poder. Así, otro personaje político llamado Álvaro Gómez ocupara la presidencia como “presidente de transición” en un virtual “golpe de Estado suave”. Se negó y fue asesinado debido a que conocía la maniobra que se había urdido y quiénes la habían hecho.

También hay unas grabaciones que involucran a Ernesto Samper Pizano en el caso de “narco corrupción”. Él no lo niega y explica el mecanismo mediante el cual procedieron a sus espaldas. Por ello, este tipo de procesos son llamados “golpes conspirativos”.

Es interesante la versión del expresidente, finalmente exonerado por la Cámara de Representantes. Los “contras” de esta versión están en la dirección electrónica, una gran narco-historia. Son casos de los que se puede aprender mucho.

¿Cuáles podrían ser los factores y elementos de una defensa flexible y luego de un contraataque ofensivo en la situación política actual?

Se puede proceder a formular la estrategia de respuesta y confrontación del golpe silencioso que se desarrolla en dos tiempos: a) el contragolpe, y b) el contrataque o paso a la ofensiva.

En la primera etapa del contragolpe: i) intensificar la denuncia sobre los preparativos del golpe de Estado conspirativo, a través de una amplia coalición de intereses espurios de orden nacional-transnacional para burlar la voluntad popular.

ii) Una amplia e intensa campaña de información y desmentidos en las redes. Debe durar lo mismo que falta para las elecciones: dos meses mínimo. Difunde el trabajo de contratación masiva de botsque realizan propaganda negra. Asimismo, refutarlas mentiras que ellos difunden, la falsa historia líquida sobre los logros del gobierno, a nivel federal y de la Ciudad de México, precisa, concisa y perfectamente direccionada, con un modelo de apartados temáticos; es decir, concentrando la información por temas.

iii) Un apartado especial en materia de avances para la recuperación de la seguridad y datos concisos. Además de una explicación de las diferencias en estrategia y los costos, de la estrategia de guerra frente a la estrategia de contención y reversión de la criminalidad.

iv) Un informe condensando sobre el combate a la corrupción, sus avances y las problemáticas estructurales para un mayor desarrollo; es decir, los candados jurídicos impuestos por el PRIAN, para asegurar la perduración de la impunidad y en la materia educativa.

v) Otro apartado especial en materia de salud, informando con detalle sobre el “cartel de los medicamentos” que tenía copado al sector salud y sus vínculos con la clase política. En particular, lo hecho para confrontar la macro crisis de pandemia global.

Un apartado sobre los logros en materia de política social; y uno más, el último en materia de gestión de la macroeconomía, el sector energético, y el avance de México hacia el grupo selecto de las 10 economías más importantes de nuestro planeta durante este sexenio.

Para la Ciudad de México, un modelo similar que comprenda un apartado con información selectiva sobre movilidad social, el tema del metro, y otro sobre las fechorías del “cártel inmobiliario”.

Esta información es fundamental para derrotar la guerra sucia mediante “propaganda negra” e “historia líquida falsaria”. Sin embargo, está dispersa. Se da a conocer a cuenta gotas y de manera fragmentaria, así no puede ser valorada por los futuros electores. Y, al mismo tiempo, impactael estado de conciencia social. Hay que concentrarla y difundirla con gran fuerza.

Es un contragolpe basado en una táctica de ofrecer información precisa a ser difundida con gran despliegue, en redes y en medios aprovechando los espacios otorgados por el INE. 

d) En la segunda etapa del paso al contrataque o recuperación de la iniciativa política –que significa cambiar la defensa flexible por la ofensiva– tiene que estar marcado por: i) una inmensa movilización política.

La consigan debe ser: “2 millones de mexicanos que cubran México por la continuación de la transformación nacional” para el día sábado 20 de abril –segundo debate es el 28 de abril– y también para el último debate –19 de mayo–. Y un gran mitin en Tlatelolco, el sábado 18 de mayo.

Un proceso de movilización permanente: marchas y mítines en el país en las fechas previas al primer debate (7 de abril), en las plazas principales de las ciudades. Así, templar el ánimo de las bases sociales, de Morena y aliados y de la 4T, con videos de la campaña de la doctora Sheimbaum. Deben incluir sus visitas a Estados Unidos.

De esta manera, llegaremos movilizados y con un alto espíritu de lucha al 2 de junio de 2024, con el objetivo de derrotar los preparativos del “golpe de Estado técnico”. Sólo así, se logrará la mayoría calificada para caminar hacia la refundación de la república y del Estado mexicano, mediante un nuevo pacto social.

Aunque son otros tiempos y otro contexto nacional y regional, tampoco debemos olvidar a los dos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato defraudado en la elección presidencial. Xavier Ovando y Román Gil preparaban un contragolpe con datos sobre los 300 distritos electorales en mano. Asimismo, poseían información del fraude que se preparaba, cuando fueron asesinados, el 3 de julio de 1988. Fueron encontrados dentro de un auto estacionado en la calle de El Rosario. Hoy los recordamos como militantes caídos por la democracia.

Un esquema como el que proponemos podría resultar. Debe contrastarse con otras ideas o propuestas que enriquezcan y desemboquen en un documento sólido con un programa de aplicación inmediata. Ofrecemos aquí tan sólo un primer acercamiento.

Jorge Retana Yarto*

**Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM.

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