Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos urgen al Estado mexicano para que proponga una Ley de desplazamiento forzoso, que reconozca la tipificación del delito y a las personas desplazadas como víctimas, para que puedan ser atendidas y garantizar el cumplimiento de los derechos contenidos en la Ley General de Víctimas.
Dicha Ley obliga, en sus respectivas competencias, “a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”.
A través de un comunicado, las organizaciones ejemplificaron que el 4 de noviembre de 2018, unas 18 familias fueron desplazadas por un grupo armado que atacó la comunidad indígena de Tlaltempapa, Guerrero. Días más tarde, el 11 del mismo mes, unas 1 mil 800 personas del municipio General Leonardo Bravo se vieron obligadas a abandonar sus hogares por amenazas de grupos delictivos. En ambos casos, “las autoridades fueron omisas en garantizar la seguridad de las comunidades”, acusan.
Y es que el pasado 30 de septiembre, comunidades en situación de desplazamiento forzado interno y organizaciones de la sociedad civil se reunieron para dialogar y reflexionar en torno a esta problemática.
Derivado de ello, indican, falta atención “por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno hacia quienes sufren de esta situación. Vemos la necesidad de trabajar de manera articulada para visibilizar y exigir se atienda esta crisis humanitaria…”.
Acordaron exigir al Estado que cumpla con sus responsabilidades relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas desplazadas y se atiendan las causas de la violencia, sean generadas las condiciones de paz y seguridad en las comunidades de origen para que quienes están en desplazamiento y puedan regresar a sus hogares.
Entre los firmantes se encuentran: Consultoría Técnica Comunitaria AC, Centro de los Derechos Humanos de la Mujeres AC, Desplazados de la Comunidad del Manzano, Desplazados de la Comunidad de Monterde, en Chihuahua; Colegio de Sonora, Red Kaweruma para apoyo a Guarijios, en Sonora; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, Voces Mesoamericanas, Desplazados Tzeltales de Ocosingo, en Chiapas; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Desplazados de la comunidad de Leonardo Bravo, Desplazado de Zitlala, en Guerrero; Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam, en Quintana Roo; Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingan, Desplazados de Aguililla, Michoacán; Servicios y Asesoría para la Paz AC; Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos AC, Centro de Seguridad Humana y Prevención, Centro de Investigación y Acción Social AC, Aluna acompañamiento psicosocial AC, en Ciudad de México; así como Trabajo interestatal en Sinaloa, Sonora, Campeche, Quintana Roo y Chiapas y el Foro para el Desarrollo Sustentable AC.
Te puede interesar: Violencia en Pantelhó genera nuevas víctimas de desplazamiento
