Pagos millonarios injustificados, colusión y outsourcing: anomalías en Querétaro

El gobierno de Francisco Domínguez Servién ha incurrido en pagos injustificados de más de 20 millones de pesos; 33 contratos asignados a una misma persona mediante outsourcing y contratación injustificada de un servidor público municipal, de acuerdo con la auditoría estatal. Pese a ello –luego de la filtración de un video donde se ve a su ahora exsecretario particular recibiendo un presunto soborno multimillonario–, el gobernador panista afirmó que su administración es honesta

Pagos injustificados de más de 20 millones de pesos; el otorgamiento de 33 contratos a una misma persona, cuya forma de operar fue mediante la subcontratación u outsourcing; y la contratación injustificada de un prestador de servicios, quien resultó ser servidor público de un municipio, son algunas de las irregularidades que halló la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) en el gobierno de Querétaro, encabezado por el panista Francisco Domínguez Servién.

En la conferencia presidencial del 19 de agosto, el gobernador aseguró que su administración era de las mejores a nivel nacional, al estar “bien calificada” y no tener “una sola observación” por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, en su último informe, la ESFE halló 21 irregularidades en el ejercicio que hizo el Ejecutivo estatal en su revisión de la Cuenta Pública 2018.

De éstas destaca el gasto injustificado de 20 millones 606 mil 664 pesos por el pago de servicios a un proveedor, a quien se le habían pagado, anteriormente, 57 millones 989 mil 874 pesos por un contrato que estipulaba las mismas operaciones: “se encontraban inmersas en las obligaciones contraídas por el mismo proveedor, en el contrato OM/DA/208/2017”. Esto quebrantó la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Querétaro.

Otra de las irregularidades halladas fue la adjudicación indebida de 33 contratos a la misma persona física (CAMO8206115H7, según el Registro Federal de Contribuyentes), los cuales eran equivalentes a 16 millones 690 mil 618 pesos. Éstos se pactaron por diferentes conceptos: asesorías, publicidad, equipo táctico, pantallas, licoreras, microondas, bolígrafos, bordados, pelotas anti estrés, entre otros.

Dicha persona refirió no contar con trabajadores para el desarrollo de sus actividades, por lo que el órgano auditor concluyó que “los bienes y servicios adjudicados fueron subcontratados”.

Aunado a ello, la ESFE informó que, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral, este proveedor es socio de una empresa que es investigada por el Servicio de Administración Tributaria por emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o capacidad para prestar los servicios que se amparan en tales comprobantes, “contraviniendo lo dispuesto en el artículo 69-B del Código Fiscal Federal”.

El órgano estatal también reveló que la Oficialía Mayor y la Secretaría de Gobierno violaron la Ley de Procedimientos Administrativos, al realizar un pago injustificado de un prestador de servicios, quien paralelamente fungía como directora Jurídica, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de San Juan del Río, y cuyo salario mensual era de 30 mil 208 pesos.

Estos actos celebrados con el Poder Ejecutivo resultaron “injustificados”, debido a la subordinación existente con el municipio de San Juan del Río, “por lo cual, tendría impedimento material y legal para el cumplimiento contractual”, detalló la ESFE, en la Gaceta Legislativa, publicada el 15 de enero de 2020.

Por lo anterior, la Entidad Superior de Fiscalización recomendó al Ejecutivo estatal implementar controles internos, con el fin de evitar “incurrir en operaciones que puedan presumirse ilícitas, que puedan ser materia de investigación por operaciones de lavado de dinero o alguna otra que afecte el servicio público”.

Asimismo, la ESFE señaló que entre abril y octubre de este año, el gobernador panista debía dar un informe de seguimiento sobre las acciones implementadas con motivo de las 21 observaciones realizadas.

Por ello, Contralínea se comunicó a la oficina de Domínguez Servién para conocer su postura respecto a estas irregularidades. Sin embargo, la responsable de la oficina  indicó que el área encargada de brindar información sobre el tema era Comunicación Social. Ante ello, se buscó a Mariela Morán Ocampo y a Erika Patricia Contreras Moreno, coordinadora y subcoordinadora de dicha área, pero no se obtuvo respuesta.

El mandatario de Querétaro fue señalado recientemente por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos millonarios para aprobar la reforma energética que beneficiaría a la constructora brasileña Odebrecht. Luego, el domingo 16 de agosto se difundió un video en donde se observa a su colaborador Guillermo Gutiérrez Badillo, quien se desempeñaba como su secretario privado, recibir fajos de billetes de un presunto soborno de Pemex.

Otras anomalías

El amplio informe de la ESFE, publicado en la Gaceta Legislativa número 04062, el pasado 15 de enero, revela una retahíla de presuntas irregularidades, entre las que se leen:

-Incumplimiento por parte del titular de la Dirección de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor y/o servidor público que resulte responsable de […] haber llevado a cabo la contratación de un proveedor que no cuenta con la capacidad, experiencia y conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo el servicio contratado, erogando un gasto injustificado por la cantidad de 3 millones 480 mil pesos. Ello, derivado de la contratación del “servicio de consultoría administrativa para el desarrollo de un modelo de ahorro de energía eléctrica”, mediante contrato OM/DA/RE/406/2018 del 21 de noviembre de 2018, suscrito con el proveedor con Registro Federal del Contribuyente (RFC) GSE0903103C5 [Grupo Sepaa, S de RL de CV]. Para la autoridad fiscalizadora, ésta resulta injustificada pues en su objeto social, establecido en su acta constitutiva, se advierte que no tiene relación con el servicio para el cual fue adjudicado y contratado, careciendo de la capacidad, experiencia y conocimientos técnicos para llevar a cabo la contratación.

-Incumplimiento por parte del director administrativo y/o subsecretario de Administración y Vinculación y/o servidor público de la Secretaría de Desarrollo Social que resulte responsable de haber suscrito el contrato OM/DA/047/2018, cuyo gasto ascendió a 20 millones 606 mil 664 pesos, mismo que resulta injustificado al requerir servicios que previamente fueron solicitados mediante el contrato OM/DA/208/2017, con un gasto de 57  millones 989 mil 874 pesos, obligaciones solicitadas fueran garantizadas su funcionamiento hasta diciembre de 2021, adjudicados al mismo proveedor con registro federal de contribuyentes CTE110131UA4 [Cifo Technologies, SA de CV], y como consecuencia los recursos públicos no se administraron sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía y honradez.

Por ello, el órgano fiscalizador concluyó que el contrato OM/DA/RE/047/2018 es injustificado y por tanto el gasto, toda vez que los servicios contratados se encuentran inmersos en las obligaciones contraídas por el mismo proveedor en el contrato OM/DA/208/2017. Agrega que en el contrato suscrito en el ejercicio 2018 se requirió: “a) Levantamiento, actualización y validación de padrones de beneficiarios de los programas que ejecuta la SEDESOQ en todo el estado”, cuando en el contrato suscrito en 2017 el proyecto debió cubrir levantamientos por hogar y persona sobre las mismas localidades señaladas en ambos contratos, con únicamente una disminución para 2018 de tres localidades (siendo Santa María de Guadalupe, Casa Hogar Pan de Vida y Ninguno Cereso), en virtud que del conteo de las localidades se refieren 908, pero son 909. Localidades en las cuales, no hubo modificación de la información, en cuanto las columnas que las integran.

Y añade que en el contrato suscrito en el ejercicio 2018 se solicitó la actualización y validación de padrones de beneficiario de los programas, cuando en primer término la ejecución de ambos contratos, tiene como soporte la misma base de datos, como más adelante será precisado, además que atendiendo a la vigencia de los contratos, se pidió una actualización sobre las mismas localidades y en los mismos hogares, en donde un contrato fue suscrito el 23 de junio de 2017 y el otro el 5 de marzo de 2018, cuando el primero seguía vigente, y el del ejercicio 2018 culminó el 15 de diciembre de 2018, además que en el Anexo único de contrato 2017, se refirió que el servicio sería para tener un diagnóstico actualizado de las carencias de las necesidades de la población y que con el software se deberá de tener un diagnóstico actualizado de las carencias y necesidades de la población por localidad y hogar, además de poder contar con una herramienta que facilite la asignación y operación de programas, información que debió haber sido confiable.

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Querétaro presenta deficiencias en contratos para obras públicas en materia de agua

Indra Cirigo

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) documentó que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) presentó irregularidades en 12 contratos durante el uso de los ingresos de la gestión y otros ingresos y beneficios durante 2018.

En las obras públicas 52-CEA-GEQ-DDHC-18-OP-52-EL para la línea de conducción Saldarriaga IV, El Márquez y la 01-CEA-PCEA-DDHC-18-OP-01-EL para el remplazo de redes de alcantarillado sanitario en cuatro calles de la colonia Santa María Magdalena, la entidad presentó irregularidades tanto en la planeación como en los procesos de licitación y los permisos para realizarlas.

En los contratos 49-CEA-PCEA-DDHC-18-OP-49-EL para reemplazo de drenaje sanitario, 06CEA-GEQ-DDHC-18-OP-01-EL para la rehabilitación y reubicación de línea de conducción de pozos y el 51-CEA-GEQ-DDHC-18-OP-51-EL para la construcción de colector y red de drenaje sanitario se licitaron con deficiencias debido al incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro que no permitió la obtención de las mejores condiciones de contratación.

Lo mismo sucedió con los contratos para el redimensionamiento de la línea del tanque Jurica a Jurica Campestre (29-CEA-GEG-DDHC-18-OP-29-EL), el remplazo de redes de alcantarillado sanitario (019-CEA-GEQ-DDHC-19-EL), el remplazo de redes de alcantarillado sanitario en una primera etapa (032-CEA-PCEA-DDHC-17-OP-32-EL), la reubicación de una línea de conducción de 800mm del acuífero del municipio de Querétaro (47-CEA-PCEA-DDHC-18-OP-47-EL), para el proyecto y obra de la rehabilitación del emisor sanitario de Av. Universidad (64-CEA-PCEA-DDHC-18-OP-64-EL), para la construcción de derivación del sistema San Francisco-Arroyo Hondo (18-CEA-PCEA-DDHC-18-OP-18-EL) y la mejora del encauzamiento del dren el Arenal al Río Querétaro (27-CEA-PCEA-DDHC-18-OP-27-EL).

Ello porque no se describió la obra a licitar, fecha estimada de terminación de trabajos, porcentajes de anticipo, forma de pago de los trabajadores y la relación de insumos prioritarios para la obra.

Derivado de ello, la ESFE señaló que se modificó el presupuesto en el contrato 032 por 998 mil 430 pesos y contrato 52 y 019 a falta de planeación se realizó un gasto injustificado de 87 mil 246 pesos y de 3 millones 301 mil 575 pesos respectivamente, de igual forma, el contrato 27 al no contar con los permisos para su ejecución gasto 35 millones 15 mil 823 pesos.

Por lo que se determinó que la comisión no utilizó los recursos con eficacia, eficiencia y racionalidad ya que incremento costos, omitió presentar los permisos para ejecución de las obras, presentar deficiencias en la administración y control de la obra y omitió acreditar elementos técnicos para los presupuestos e inconsistencias en la documentación de comprobación de gastos.

Asimismo, la entidad superior indicó que el estado no recuperó adeudos por 1 millón 328 mil 201 pesos de cuentas a nombre de Luis Fernando Campos Lobos, la Constructora y Urbanizadora de Pavimentos, SA de CV, y Construarca, SA de CV, y 1 millón 770 mil 123 pesos por conceptos de agua potable, saneamiento, alcantarillado y recargo (adeudo acumulado desde 2014).

De igual forma, no contabilizó 45 inmuebles con un valor total de 76 millones 737 mil 428 pesos, no otorgo indemnización ni finiquitos por 508 mil 398 pesos, omitió pagos a trabajadores, realizado pagos de 5 millones 112 mil 363 pesos a proveedores no inscritos al padrón y adquirió material no contemplado o sobrevalorado en los gastos para los Ingresos de la gestión y otros ingresos y beneficios durante 2018 con un costo total de 3 millón 956 mil 944 pesos.

En ese contexto, la Entidad Superior de Fiscalización exhortó a la CEA a iniciar investigaciones sobre responsabilidad administrativas y de seguimiento a las recomendaciones emitidas.