La seguridad nacional de México tiene como uno de sus ejes la soberanía energética, por las posibles amenazas físicas, económicas y políticas que enfrente el país, como las tensiones recientes con Estados Unidos, por los aranceles globales. Por ello, desde la llegada de López Obrador a la Presidencia se buscó rescatar la industria petrolera y eléctrica, indica en entrevista Heberto Barrios Castillo, quien se desempeñó como subsecretario de Planeación y Transición Energética en el sexenio pasado. El experto considera que uno de los grandes pendientes de Pemex es la reconstrucción de la petroquímica

Desde el inicio de su mandato en diciembre de 2018, el expresidente Andrés Manuel López Obrador instrumentó una política energética orientada a fortalecer a las empresas estatales, especialmente Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo revertir aspectos de la reforma energética de 2013 que privatizó a ambas empresas.

En entrevista para Contralínea, Heberto Barrios Castillo, exsubsecretario de Planeación y Transición Energética subraya que el expresidente tenía clara la importancia del sector energético porque ya contemplaba impulsar una política de industrialización para el país. Es así que recuperó la importancia de contemplar la soberanía energética como un aspecto de seguridad nacional, con la finalidad de enfrentar las posibles amenazas físicas, económicas y políticas como las tensiones por parte de Estados Unidos.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía clara la importancia del sector energético para el país, por ello, buscó rescatar y fortalecer a Pemex, con el propósito de revertir la dependencia de México al mercado internacional de los combustibles respecto a los precios y suministro de las gasolinas y de esta manera transitar hacia la soberanía y autosuficiencia energética. Además, en el impulso de una política industrial, la energía juega un papel importante.

Para lograrlo, utilizó diversas estrategias, entre las cuales se encuentra la inversión pública, de la cual una parte fue orientada al pago de la deuda de Pemex que se generó y aumentó de manera considerable durante los gobiernos neoliberales, además de la apuesta por la inversión en infraestructura energética y el rescate de las refinerías en territorio nacional.

A decir del ingeniero mecánico por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Heberto Barrios Castillo, el rescate a la empresa de hidrocarburos más importante de México tiene que ver con recuperar “la idea de que justamente lo energético también forma parte de la soberanía y en este caso, que forma parte de la propia ley de seguridad nacional, eso es totalmente cierto”.

Desde su propia experiencia al haber sido parte de ese esfuerzo, expresa que “desde el gobierno anterior está muy clara precisamente la soberanía energética, la autosuficiencia es parte de la seguridad nacional porque en el momento que donde estamos importando combustible nos digan que ya no, simplemente porque cualquier pretexto que ellos inventen pues prácticamente [afecta al] país y como digo, no tan solo por cuestiones políticas, inclusive por cuestiones físicas”.

Debido a ello, en estos momentos, “hay una visión más amplia ahorita de Pemex como es lo que siempre promovemos, Pemex debe ser una empresa con una visión energética amplia, no nada más hidrocarburos”.

El camino está trazado, pues “actualmente se está produciendo y tal vez, con esta próxima estructuración queda ya la propuesta de tener un Pemex energía para ver cuestiones de otras energías o cuestiones inclusive de litio, cosa que en el semestre pasado sí se avanzó bastante”.

El inicio del Plan

Los primeros días posteriores a asumir el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el Plan Nacional de Refinación con el propósito rehabilitar las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y construir la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, para que el país redujera la importación de gasolinas y produjera combustibles propios.

El pasado 3 de mayo de 2024, en la conferencia presidencial el entonces director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que en el periodo de 2019 a abril de 2024, el gobierno federal dispuso 952 mil millones de pesos corrientes a la petrolera mexicana, de los cuales 561 mmdp se destinaron al pago de la deuda y para la infraestructura 391 mmdp.

En el rubro infraestructura se contempló la compra de la refinería Deer Park por un costo de 594 millones de dólares, aproximadamente 22 mil 700 millones de pesos, por su parte, la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, al final tuvo un costo de 330 mil millones de pesos.

En relación con ello, Heberto Barrios Castillo Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía con López Obrador, señala que una de las acciones más criticadas del sexenio pasado fue la compra de la refinería Deer Park en Texas, “pero la experiencia demostró que sola se pagó en unos cuantos meses y esto también nos da una gran ventaja logística, porque con esto ya tenemos asegurado el abasto del norte del país”.

Además, refiere que se trató de “una verdadera hazaña que el gobierno de Estados Unidos y sus mecanismos comerciales autorizaran la compra [a pesar de que] está prohibida porque, hay gobiernos que llevan muchos años tratando de comprar o poner una refinería como el caso de China y no les han autorizado, o sea, hay que valorar esto porque realmente fue muy importante y sí, nos da mucha viabilidad económica”.

El propio expresidente Andrés Manuel López Obrador informó que, gracias a las utilidades generadas por la operación de Deer Park, la inversión inicial se recuperó en un periodo de seis meses, es decir, de enero a junio de 2022.

Pero es necesario tener presente que la idea de abandonar la refinación surgió desde 1994, el experto en el sector energético comenta: “recordemos que cuando entró el presidente Ernesto Zedillo hubo una crisis financiera en México que se conoció como el efecto tequila; el gobierno mexicano pidió un préstamo que autorizó el gobierno de Estados Unidos y a partir de ahí se empezaron a imponer ciertas políticas [de corte neoliberal]”.

Una de ellas refiere fue la de “abandonar el industrial de la refinación porque en Estados Unidos hay sobrecapacidad de refinación […] el asunto es que se empezó a imponer la ideología de que no era rentable la refinación en ninguna parte del mundo y que daría más valor importar los combustibles como la gasolina, el diesel, turbosina, pero más que nada esa era una cuestión ideológica que plantean los modelos económicos”.

Un error el abandono al sector energético en México

Ha sido la propia historia la encargada de demostrar que el abandono al sector energético del país fue un error y quedó demostrado que “es necesario que tengamos independencia energética, soberanía energética y claro que sí, uno de los puntos básicos [para alcanzar este propósito] es la rehabilitación de estas refinerías que fueron abandonadas por mucho tiempo, inclusive deshaciéndose del personal capacitado, no es un asunto fácil, pero se ha estado invirtiendo bastante y sí se ha aumentado en gran porcentaje nuestra capacidad de refinación” destaca Heberto Castillo.

Basta recordar que tras la aprobación de la reforma constitucional en materia energética de 2013, inició un nuevo modelo para el sector hidrocarburos, se permitió a la iniciativa privada participar en las actividades de exploración y extracción de los yacimientos de hidrocarburos terrestres y marinos a partir de asignaciones para el caso de Pemex.

Además de la instrumentación de contratos para las empresas privadas y en conjunto con Pemex, éstas últimas a través de las licitaciones conocidas como “rondas petroleras” las cuales eran realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como resultado, de 2014 a 2018 se celebraron 4 rondas petroleras y una licitación de asociación, con un total de 107 adjudicaciones por contratos, ello, sin considerar las asignaciones que se dieron directamente a Pemex en la ronda cero, contratos que beneficiaron únicamente a los privados.

Por esto otra de las apuestas del gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue incrementar la inversión en exploración y producción de hidrocarburos, un avance significativo para contrarrestar los efectos de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto.

Para muestra, de 2011 a 2019 la producción nacional de hidrocarburos líquidos mantuvo una  tendencia a la baja. Sin embargo, a inicios de 2019, el gobierno federal implementó el programa emergente para frenar la caída en la producción en los campos y pozos petroleros, apoyó la restitución de reservas y mantuvo la plataforma de producción de hidrocarburos sin poner en riesgo la disponibilidad de los energéticos para el consumo nacional.

Gracias a ello, en 2020 se frenó la caída y repuntó la producción, resultando que, para 2023, la producción nacional en este rubro incrementó 90 millones de barriles diarios —en promedio—, de hidrocarburos líquidos, como se puede observar en la siguiente gráfica.

Lo mismo ocurrió con la producción nacional de petróleo crudo, pues desde 2011 y hasta 2020 se presentó una caída de 10 años consecutivos, tendencia negativa que se detuvo en 2021, como se observa en la siguiente gráfica.

Reducción de la deuda de Pemex

Históricamente Petróleos Mexicanos ha tenido un papel fundamental en la economía nacional gracias a su contribución al gasto público de tal manera, que del año 2000 a 2018 fue el principal contribuyente del Estado generando excedentes petroleros por 640.5 mil millones de pesos de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, los cambios al marco regulatorio de Pemex producto de la reforma de 2013, propiciaron que a la par de estas ganancias la empresa mexicana comenzara con un esquema de endeudamiento para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Aunado a ello, surgió un esquema de financiamiento a largo plazo, también conocido como  (Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público) que consistía en proyectos de obra pública financiados por los privados.

Este esquema fue creado durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo (1997-1998) para disfrazar el endeudamiento público, bajo el falso argumento de que buscaban resolver la supuesta incapacidad financiera de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero en una década lograron el colapso de las finanzas de la propia empresa petrolera.

Estos mismos proyectos fueron los responsables de la sobreexplotación y declive del complejo petrolero Cantarell, ubicado en el mar de Campeche y que fue considerado como el mayor yacimiento petrolífero de América y el segundo más grande a nivel mundial. De hecho, en 2004 cuando alcanzó su máxima capacidad de producción se colocó como el séptimo lugar de la producción global, pero con todo ello Pemex no recibió los beneficios esperados y en cambio, adquirió una deuda que sólo se dedicó a crecer durante el periodo neoliberal.

Como respuesta, una de las principales acciones de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó en la reducción de la deuda de la paraestatal, al cierre del sexenio 2018-2024, el gobierno federal informó que de 2019 a 2024 (con datos preliminares al 30 de junio) la deuda de Pemex pasó de 128.7 mil millones de dólares a 99.4 mmdd, lo que representó una disminución de 24.9 por ciento, hecho que evidenció el proceso de rescate a la empresa, pues durante los sexenios anteriores la deuda sólo creció, tan sólo de 1999 a 2007, la deuda de Pemex incrementó 550 por ciento mientras que de 2007 a 2018, aumentó 91.9 por ciento, como se muestra en la siguiente gráfica.

En 2023, Pemex reportó una utilidad neta de 110 mil millones de dólares, un 10 por ciento superior a la del mismo período de 2022 que fue de 99.9 mmdp de acuerdo con los datos de la misma empresa.

Y aunque algunos analistas señalan que la empresa ha generado un déficit de 1 mil 739 billones de pesos en las finanzas públicas, entre 2019 y 2023, dicha afirmación no considera las utilidades de 200 mmdd obtenidas en los últimos dos años (2023-2024) ni las inversiones con impacto positivo a largo plazo.

Reforma energética de 2013; sin pies ni cabeza

De acuerdo con el ingeniero Heberto Barrios Castillo, quien se desempeñó como subsecretario de Transición y Planeación Energética durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma energética iniciada a partir de 2013 y continuada en 2014 y también conocida como la reforma de Peña Nieto, “fue más que nada, una imposición de los organismos financieros internacionales y con fines de privatizadores”.

Lo anterior, porque siguió recomendaciones de organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde los compromisos del Programa de Ajuste Estructural, que se heredó al gobierno de Miguel de la Madrid, quien asumió tales compromisos. Uno de ellos fue la recomendación del Consenso de Washington, base del modelo económico neoliberal, que apuntaba hacia la privatización de empresas públicas.

Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN), en 1994, se abrió paso a la privatización de empresas y bancos de propiedad pública en favor de empresarios extranjeros y nacionales.

Para 2013 y tras una alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el hoy extinto Partido Revolución Democrática (PRD), el gobierno de Peña Nieto obtuvo la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que concluyó en las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que transformaron el estatus jurídico de Pemex y CFE, convirtiéndolas de empresas públicas a empresas productivas del Estado y permitiendo la participación del sector privado en la generación y suministro de electricidad, así como en la exploración y extracción de hidrocarburos.

Heberto Castillo señala que dichas figuras, “no se llegaron a entender y [desde entonces] han dificultado mucho la gestión de nuestras empresas; empresa petrolera y empresa eléctrica, con esa figura muy sacada de la manga de la empresa productiva del Estado”.

El experto recuerda que vivió esas modificaciones mientras se encontraba en el Senado de la República cuando de la mano de personajes como el doctor en Derecho Jaime Cárdenas Gracia advirtieron “que realmente no había ninguna raigambre, ninguna raíz de estas figuras como empresa productiva del Estado”.

“Realmente no tenía ni pies ni cabeza y ha sido muy difícil la gestión de nuestras empresas a través de esa figura de empresas productivas del Estado, lo que llama la atención es que todos cuando estábamos ahí en el Senado, básicamente el PRI la mayoría, todo el mundo decía que las entendía y realmente era muy difícil entenderlas” expresa en entrevista para Contralínea.

Agrega que “lo de empresas productivas del Estado básicamente se trataba de que no se les aplicara la ley de adquisiciones y también darles un techo presupuestal, ya no por renglón del gasto como se hacía anteriormente cuando eran organismos descentralizados del Estado y que cada quien autorizara sus propios recursos humanos, cuánto gastar y todos estos detalles aprobados los Consejos de Administración”.

No obstante, tras esta modificación Pemex adquirió personalidad jurídica y con ello patrimonio propio, además de autonomía técnica, operativa y de gestión, con la finalidad de desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales que generaran valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, cosa que no sucedió.

Por el contrario, las concesiones otorgadas al sector privado para la explotación

de petróleo se manejaron con fines especulativos, debido a que en un inicio sólo se revendieron y no generaron inversión para la paraestatal.

De este modo, la empresa mexicana adquirió un régimen especial en materia de adquisiciones, servicios, obras públicas, arrendamientos, deuda pública, presupuestaria y responsabilidades administrativas que en teoría le permitirían competir eficazmente en la industria, algo que tampoco ocurrió.

Los pendientes para esta administración

Uno de los grandes pendientes de Pemex es la reconstrucción de la petroquímica, señala Castillo Barrios, “pero también hay el plan de en este gobierno [de la presidenta Claudia Sheinbaum], avanzar en la rehabilitación de petroquímica, un renglón de donde llegamos a ser una gran potencia mundial” entre las décadas de 1980 y 1990, con grandes complejos petroquímicos como La Cangrejera, Morelos y Escolin.

A pesar de que reconoce que no ha sido una labor sencilla destaca que “es importantísimo no depender de los productos importados, sobre todo de Estados Unidos, porque ya vemos que ahora con esta cuestión de los aranceles y que hay amenazas políticas –y aunque no las hubiera– hay amenazas simplemente físicas y ambientales porque gran parte de la gasolina que importábamos para México venía de Houston”.

Las amenazas externas también se ven reflejadas cuando existen conflictos entre países a nivel internacional, para ejemplificar detalla el caso de Houston, “todos sabemos que Houston no es un puerto marítimo, es un puerto que depende de un canal para salir al mar y luego cuando había problemas en ese canal pues se quedaban sin abastos prácticamente en el valle de México. Entonces es algo necesario que se está haciendo y yo espero que con estas reformas que se están llevando se pueda avanzar aún más”.

Las políticas impulsadas desde el sexenio del licenciado López Obrador sentaron las bases para los proyectos que impulsará la presidenta Claudia Sheinbaum en lo que se ha consolidado como el segundo piso de la Cuarta Transformación, de hecho como parte del Plan México se contempla como objetivo lograr la autosuficiencia energética y el impulso de la petroquímica así como el programa de fertilizantes para el Bienestar también a cargo de Pemex.

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