El general Pedro Almazán Cervantes, subdirector responsable de la seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex), fue forzado a renunciar el pasado 16 de agosto, pero antes de su salida envió un oficio (número DCAS-SSE-281-10972-2021, cuya copia está en poder de Contralínea) a la Dirección Corporativa de Administración, en donde reconoce que la petrolera enfrenta “un gran rezago y debilidad institucional” en materia de seguridad y protección de sus instalaciones, lo que la coloca en “un alto grado de vulnerabilidad” ante la delincuencia organizada.
El despido del general Almazán Cervantes ocurrió cuando el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el director corporativo, Marcos Herrería, cedieron a las presiones del secretario general interino del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el exdiputado priísta Manuel Limón Hernández, para darlo de baja.
En sólo 3 años del actual gobierno, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex ha tenido tres subdirectores militares como principales responsables de la vigilancia y el cuidado de instalaciones petroleras, de la seguridad de los trabajadores y, sobre todo, del combate al robo de combustibles que en gobiernos panistas y priístas se toleró, mientras que para el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una prioridad disminuir el huachicol para lograr el autobasto de combustibles en el país que permita dejar de importar gasolinas de Estados Unidos.
El último cambio en esa Subdirección de Salvaguardia ocurrió apenas el mes anterior, cuando el general Almazán Cervantes dejó el cargo por las presiones de la dirigencia sindical petrolera, y fue sustituido por otro general: Salvador Gutiérrez Plascencia.
Aunque el hecho pasó prácticamente inadvertido en la prensa, debido a que la Dirección Corporativa de Administración, a cargo de Marcos Herrería, evitó hacer pública esta renuncia que exhibe deficiencias en la administración de la empresa petrolera, el cambio se da en un momento complicado para Pemex porque sigue pendiente la elección del próximo secretario general del Sindicato que sustituiría en la dirigencia al viejo priísta Carlos Romero Deschamps. Aunque recientemente se jubiló, sigue metiendo las manos en grupos y secciones sindicales para tratar de imponer a uno de sus incondicionales, a pesar de que hay carpetas de investigación en su contra abiertas en la Fiscalía General de la República por diversos delitos, como enriquecimiento ilícito, fraude con las cuotas sindicales de casi 100 mil trabajadores y hasta lavado de dinero.
El pasado 17 de junio el secretario general interino del STPRM, Manuel Limón, y el secretario del Exterior y Propaganda, Daniel Aguado Rojas, enviaron el oficio con la clave SIA-143/2021 al subdirector de Capital Humano de Pemex, Franco Octavio Veites Palavicini Pesquera, en donde le reclaman que en diversas ocasiones han solicitado a la dirección petrolera se resuelva la inseguridad que impera en las instalaciones y que la respuesta siempre ha sido “la omisión y el silencio ante hechos que van desde robos, asaltos, privación ilegal de la libertad y lamentablemente en algunos casos la pérdida de la vida de varios compañeros durante el ejercicio de sus labores”.
En el escrito explica que sólo en el mes de junio hubo una serie de actos delincuenciales, como el ocurrido en el Complejo Procesador de Gas Cactus, en donde murió el trabajador Jorge Alberto Soto, ficha 808583; otro caso ocurrió al interior de la Batería Pijije, en donde tres trabajadores fueron asaltados, golpeados y a dos de ellos los agresores les prendieron fuego, lo que les provocó quemaduras de segundo y tercer grados. Un caso más fue el robo frustrado en la bodega Flores Magón, ubicada en la avenida Ricardo Flores Magón 234 de la Ciudad de México.
El secretario general interino le reclama al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que ha dejado de aplicar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores, por lo que le exige solución inmediata y que, de ser necesario, deben intervenir las secretarías de la Defensa y de Marina, además de la Guardia Nacional, para la protección oportuna de los trabajadores, a fin de que los petroleros puedan cumplir con sus labores.
Todo lo anterior, añade la carta, “ante la incapacidad manifiesta de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica”, que en ese momento estaba a cargo del general Almazán Cervantes.
Ocho días después de haber recibido el escrito anterior, el 25 de junio, la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, a cargo de Marcos Herrería, envió el oficio DCAS-SCH-1379-2021 al general de brigada Pedro Almazán Cervantes, en donde le informa del reclamo de los líderes sindicales y le solicita rendir un informe en respuesta al Sindicato y las medidas y acciones que se aplican para ofrecer una respuesta puntual, oportuna y veraz.
La respuesta del general Almazán Cervantes a los líderes petroleros y a los directivos de Pemex la envió en el oficio DCAS-SSE-281-10972-2021 de cinco páginas –documento en poder de Contralínea–, en donde hace una exposición de la inseguridad que guardan las instalaciones petroleras debido a las negligencias e incumplimientos de la Dirección General y de la Dirección Corporativa.
En su amplia exposición, el general renunciado sostiene que “en buena parte de las instalaciones de Petróleos Mexicanos prevalece una situación de inseguridad que no tan sólo afecta a los trabajadores, sino también al patrimonio de esta empresa productiva del Estado y la propia viabilidad de sus actividades productivas; sin embargo, la falta de seguridad y vigilancia en las mismas no está asociada a una falta de previsión, incapacidad, omisión o silencio por parte de esta Subdirección de Salvaguarda Estratégica, sino a la carencia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para brindarles protección, así como a la convergencia de diversos factores que con el paso del tiempo fueron generando dentro de Pemex un gran rezago y debilidad institucional en materia de seguridad y protección de sus instalaciones; aspectos que ya desde hace varios años han venido colocando a las instalaciones petroleras del país en un alto grado de vulnerabilidad”.
El general Almazán expone los activos más importantes con que cuenta Pemex: 7 mil 724 instalaciones terrestres; 306 instalaciones marinas; 66 mil 464 kilómetros de ductos, y para la custodia y protección de todo esto la Subdirección de Salvaguarda Estratégica sólo cuenta con 1 mil 368 agentes de salvaguarda, quienes además tienen que dividirse en dos turnos, lo que reduce la vigilancia a sólo 684 agentes.
“Estos efectivos resultan totalmente insuficientes, máxime cuando por falta de mantenimiento e incumplimiento de la empresa Integra Arrenda, SA de CV, arrendadora de vehículos, se mantiene regularmente fuera de servicio, alrededor de un 55 por ciento de su parque vehicular, sin que sean sustituidos como lo establece el contrato; mismo que se encuentra en vías de recisión por gestiones iniciadas por esta Subdirección de Salvaguarda Estratégica desde hace aproximadamente un año”.
Ante la poca disposición de la Dirección Corporativa de Administración para contratar a más personal que cuide y vigile las instalaciones petroleras, se firmaron convenios de colaboración con el Ejército para que proporcione 4 mil 392 elementos y la Marina otros 573 para coadyuvar con la seguridad y presencia en 162 instalaciones y los tramos de ductos más asediados por la delincuencia organizada.
El general Almazán Cervantes reprocha a los directivos de Pemex que “desde diciembre de 2018 y como una meta sexenal, Petróleos Mexicanos adquirió el compromiso de reclutar gradualmente 10 mil agentes de Salvaguarda Estratégica y de este modo, mejorar la seguridad de sus ductos e instalaciones y relevar gradualmente a los soldados y marinos que se empeñaron en esas tareas al ponerse en marcha el Plan Conjunto Contra el Robo de Hidrocarburos; sin embargo, en el año 2019 no se emprendió acción alguna para empezar a cumplir con ese compromiso, ni se proyectó nada para iniciarlo en 2020”.
El militar se queja del director corporativo Marcos Herrerías cuando afirma que es la falta de sensibilidad, solidaridad y compromiso de algunas de las áreas involucradas, que a lo largo de 2020 no se logró consolidar avance alguno y, por el contrario, “se intentó debilitar aún más la estructura orgánica actual de esta Subdirección de Salvaguarda, además de limitar sus facultades al pretender transferir varias de sus funciones estatutarias y recursos hacia otras subdirecciones dependientes de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios”.
A pesar del poco apoyo desde la Dirección de Pemex, en 2020 se localizaron e inhabilitaron 4 mil 562 tomas clandestinas; se aseguraron 141 bienes inmuebles entre predios, bodegas, terrenos rústicos y otros, al igual que 158 vehículos entre pipas, autotanques y otros automotores, y se recuperaron 732 mil 902 litros de combustible.
Lo anterior permitió disminuir 23 por ciento el robo de combustibles refinados con respecto a 2019, pasando de una desviación promedio anual de 6 mil 414 barriles por día, a una de 4 mil 951 barriles diarios, lo que evitó a Pemex una pérdida anual de 81 millones 176 mil 849 litros de combustible refinado, con un valor comercial de 1 mil 388 millones 124 mil 110 pesos.
En cuanto al robo de gas LP, en 2020 lograron disminuir un 24 por ciento con respecto a 2019, al pasar de una desviación promedio anual de 5 mil 311 barriles por día, con lo cual se evitó la pérdida de otros 71 millones 22 mil 87 litros de gas LP, con un valor comercial de 646 millones 307 mil 541 pesos.
El general Almazán explica en su escrito que la acción de la delincuencia organizada no ha cesado y, por el contrario, cada vez es más frecuente, tecnificada y agresiva, por lo cual “últimamente hemos perdido a otros cinco compañeros más por agresiones armadas de la delincuencia organizada”.
Quien fuera subdirector de Salvaguardia se queja de “la reiterada renuencia, obstáculos, engorrosa y lenta tramitología que continúan anteponiendo algunas áreas particularmente subordinadas a esa Subdirección de Capital Humano; a la fecha no se ha logrado liberar una sola plaza presupuestal para cumplir con el compromiso de reclutar más agentes de salvaguardia, reforzar el Centro de Control de Confianza para agilizar la debida selección de aspirantes, así como para conformar las estructuras de mando más apremiantes (coordinaciones regionales, estatales y departamentales de Salvaguardia); situación que contrasta con el empeño que otras áreas administrativas dependientes de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios han puesto de manifiesto para agilizar la capacitación y el equipamiento del personal que se tiene proyectado reclutar”.
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