Con dinero del pueblo de México, Petróleos Mexicanos pagó hasta las colegiaturas en el ITAM a Fernanda –hoy de 38 años de edad– y de Carlos Márquez Padilla Casar –ahora de 40 años de edad–, hijos de María Amparo Casar Pérez, quien en el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como coordinadora de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

En esa universidad privada, Carlos y Fernanda Márquez Padilla Casar estudiaron su licenciatura y su maestría, ambas en economía, a costillas del erario de la nación. Los pagos mensuales iban de los 3 mil hasta los 12 mil pesos, aunque también se cargaron pagos extras –como por ejemplo uno de 900 pesos, para que obtuviera su “certificado legalizado”–, consta en las facturas que la familia de Casar Pérez entregó a la petrolera a cambio de recibir el recurso público.

Los documentos forman parte de un expediente de 372 fojas, con el que Pemex documentó lo que podría configurar un presunto fraude a la Hacienda Pública por más de 31 millones de pesos, y que –de acuerdo con el director general de la petrolera, Octavio Romero Oropeza– ya fue denunciado penalmente para que, en su caso, se finquen responsabilidades y para que María Amparo Casar restituya ese dinero a la nación.

El expediente no sólo documenta los pagos de esas colegiaturas, sino también otras transferencias de recursos públicos a sus cuentas bancarias, como pagos de pensiones vitalicias que la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar Pérez, cobró hasta febrero pasado, fecha en que Pemex sus pendió el pago y denunció el presunto fraude.

Esta mañana en la conferencia presidencial, el ingeniero Octavio Romero Oropeza expuso que las acciones legales en trámite buscan “recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”.

De lo anterior se desprende que las denuncias presentadas por el área jurídica de Pemex estarían reclamando directamente a Casar Pérez restituir a la Hacienda Pública ese monto millonario, tras considerar que se estaría configurando un presunto fraude continuado contra el erario de la petrolera, pues cada mes se le estaba pagando de forma supuestamente indebida más de 130 mil pesos del dinero del pueblo.

El director general de Pemex explicó que el 7 de octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez –entonces coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex y esposo de María Amparo Casar– se suicidó en las instalaciones de la empresa (se arrojó desde una ventana del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México). En aquel año, la petrolera estaba encabezada por Raúl Muñoz Leos.

Derivado del fallecimiento de Márquez, “su cónyuge María Amparo Casar –que es la jefa, directora, la cabeza de la institución o no sé cómo se llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción– solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem, la pensión para sus hijos y para ella […] antes de que hubiera un dictamen pericial”, explicó Romero Oropeza en la conferencia presidencial. En aquel momento, Casar Pérez era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Tras la muerte del funcionario, “los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora junto con un intelectual mexicano, Héctor Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirle que modificaran el dictamen, que no apareciera ‘suicidio’, sino que apareciera ‘accidente’, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Finalmente, se resolvió que fue suicidio; sin embargo, en Pemex omitieron eso los funcionarios y lo dieron como accidente, y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones”, denunció el director general de la petrolera.

Por ello, Romero Oropeza afirmó que en la actual administración se solicitaron copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México, y que al estudiarlas, se descubrió que el dictamen pericial determinó que no habría ejercicio de acción penal porque nadie privó de la vida a Fernando Márquez, sino que él se quitó la vida voluntariamente.

“Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndole y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron.”

Para el ingeniero Romero Oropeza “éste es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción, o quien encabeza a los Mexicanos, ellos dicen que son en contra de la corrupción, en realidad son a favor de la corrupción”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno ha enfrentado “toda esa campaña de quienes manejaron la política económica durante el periodo neoliberal y la política petrolera, cuando se dedicaron a saquear a México y a saquear a Pemex. Es como el mundo al revés, los corruptos de la noche a la mañana se volvieron honestos, paladines de la transparencia”.

En el caso de María Amparo Casar, “hasta pena, pero también es mucho el cinismo. ¿Cómo voy a aceptar una responsabilidad, un cargo, para combatir la corrupción, si yo soy parte de la corrupción?”, señaló el primer mandatario en referencia a que la exasesora de Santiago Creel ahora encabeza la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que fundó en 2015 el empresario Claudio X González Guajardo.

“Se necesita tener caradura, y ésa es la característica de los conservadores, son muy cretinos, muy hipócritas. Y todos son escritores del Reforma y todos en contra de nosotros”, sostuvo López Obrador.

Por su parte, en el programa de Ciro Gómez Leyva, Casar Pérez confirmó que hasta febrero pasado le fue pagada esa pensión vitalicia de Pemex, a la que –afirmó– sí tiene derecho, y se llamó víctima de una venganza del presidente, porque –según ella– MCCI ha investigado al gobierno. Asimismo, aseguró que ella ha emprendido acciones legales para que, con dinero público, se le siga pagando su pensión.