El sistema penitenciario de Guanajuato incurrió en condiciones y prácticas que constituyen delitos por violaciones a los derechos humanos contra 23 personas privadas de su libertad en el Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Acámbaro, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Entre las irregularidades detectadas, se documentaron condiciones y prácticas que pusieron en riesgo la integridad de las personas detenidas, quienes también presentaron lesiones en distintas partes del cuerpo. Además, se encontró que fueron sometidas a aislamientos de más de 10 días, sin comunicación con el exterior ni acceso a atención médica.
En el mismo comunicado, la CNDH advirtió que estas acciones contravienen a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, señaló que las tareas de los visitadores adjuntos se vieron interrumpidas por el personal de seguridad y custodia, “quienes impidieron el desarrollo de las actividades de supervisión y no permitieron continuar con las entrevistas a las personas privadas de la libertad, quienes fueron llevadas a otros dormitorios”.
Ante esta situación, la CNDH, en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), indicó medidas cautelares dirigidas a las autoridades del centro penitenciario para garantizar la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad, en especial del grupo encontrado en condiciones irregulares. Estas acciones incluyen permitir su comunicación con familiares, así como personas defensoras; revisar su estado de salud y certificar las lesiones que presentan.
“Asimismo, se exhortó a la autoridad penitenciaria a permitir el acceso a organismos defensores de Derechos Humanos y se faciliten los procedimientos para que las personas privadas de la libertad puedan interponer las quejas y denuncias del caso”, puntualizó la CNDH.
Con ello, el organismo nacional llamó al sistema penitenciario de Guanajuato a “cumplir con el deber de vigilar que se respete la aplicación de las salvaguardias de prevención de la tortura para garantizar las condiciones de estancia digna de las personas privadas de la libertad, las condiciones de gobernabilidad y seguridad, la reinserción social y los requerimientos de grupos específicos, así como adoptar las acciones inmediatas que permitan erradicar las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas privadas de libertad”.
Sin embargo, reiteró la posibilidad de establecer una colaboración con este sistema penitenciario, con el objetivo de fortalecer los mecanismos para la adecuada aplicación de la normatividad, protocolos, así como manuales, “para que su operatividad sea compatible con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
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