El Senado de la República discutirá un punto de acuerdo para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera contra las empresas que facturan operaciones simuladas (conocidas como factureras) y que deducen dichas operaciones. El fraude a la hacienda pública se estima en 2 billones 739 mil millones de pesos.

El senador Rafael Espino de la Peña expuso en su punto de acuerdo que “el SAT ha identificado un total de 12 mil 749 contribuyentes que, se presume, realizan operaciones inexistentes, es decir, que emiten comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para ofrecer servicios, producir, comercializar o entregar bienes respaldados por dichos comprobantes”.

El senador agregó que “algunos de esos contribuyentes se encuentran como no localizados, 2.63 por ciento ha logrado desvirtuar las acusaciones que se les imputan, 95.8 por ciento ha sido definitivamente clasificado como empresas facturadoras de operaciones simuladas y sólo 2.16 por ciento de ellas aún espera una resolución”.

Asimismo, pidió que el Servicio de Administración Tributaria publique de manera regular y accesible información detallada sobre el número de procedimientos de fiscalización, casos judicializados, montos de evasión fiscal y cualquier otro indicador relevante contra las empresas factureras.

El senador Espino indicó que de acuerdo con el SAT, de 2014 a 2017, el número de empresas facturadoras de operaciones simuladas aumentó seis veces. “Cada una de ellas emitió facturas para aproximadamente 50 empresas receptoras, con un promedio de facturación de cinco millones de pesos para cada una de ellas”.

Añadió en su punto de acuerdo que al 9 de diciembre de 2019 existían alrededor de 10 mil 953 presuntas empresas que facturaban operaciones simuladas, lo que correspondía a 547 mil 650 personas morales receptoras de facturas que amparaban operaciones inexistentes, por un monto aproximado de 2 billones 739 mil millones de pesos.

En punto de acuerdo quedó inscrito en la Gaceta Parlamentaria del 28 de noviembre, y en éste Rafael Espino también exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a definir metas anuales específicas sobre casos definitivos, judicializados y montos de recaudación de empresas que facturan operaciones simuladas. Respecto de las metas, detalló que deben ser claras, alcanzables y contribuir a la recuperación efectiva de los recursos fiscales.

El legislador de Morena también pidió a la Fiscalía General de la República que informe al Senado sobre las medidas establecidas para agilizar y fortalecer la investigación y judicialización de los procesos relacionados con empresas que facturan operaciones simuladas, que garantice la integración eficiente de expedientes penales y una tramitación efectiva de los casos.

De acuerdo con un comunicado del Senado, el legislador consideró que “el SAT tiene que diseñar un plan de acción específico para asegurar la cobranza efectiva de los montos de impuestos omitidos, como el ISR e IVA, derivados del uso de comprobantes fiscales emitidos por las empresas mencionadas. También pidió a la SHCP que asigne recursos humanos y materiales suficientes para la ejecución de los programas de fiscalización, destinados a identificar y sancionar a las empresas que facturan operaciones simuladas y a las que deducen con esos comprobantes”.

Otra de las solicitudes al SAT es que “realice revisiones periódicas sobre la implementación de la normatividad sustantiva y adjetiva en materia fiscal, con el objetivo de identificar posibles lagunas o áreas de mejora que permitan una detección más eficiente de esquemas de evasión fiscal. Y sugirió que establezca incentivos para fomentar la colaboración proactiva de las empresas en la identificación y denuncia de prácticas fraudulentas, así como promover una cultura de cumplimiento tributario”.

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