A 109 años de promulgada la Constitución de 1917 en Querétaro, con más de 750 cambios a sus artículos originales a lo largo del tiempo, uno nuevo se vislumbra en el panorama nacional con la anunciada reforma al sistema electoral y político de México. Con las bases asentadas en las iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la administración de Claudia Sheinbaum discute las modificaciones que debe contener un documento de esta índole. Entrevistados por Contralínea, tres expertos en la materia ubican los temas más importantes a revisar hoy en día en la fórmula de elección de plurinominales, el financiamiento al INE junto con los partidos políticos y si existe o no duplicidad de funciones con los organismos electorales locales.

Luego de años sumergidos en la hegemonía partidista y un régimen que parecía inamovible, los primeros pasos que visualizaron el nacer de la democracia en México llegaron a través de las reformas a la Constitución en materia electoral, que comenzaron lentamente a dar cabida en el debate político nacional a una pequeña parte de la sociedad que buscaba ser escuchada y representada.

Ello se dio por la constante lucha que hicieron grupos opositores; fue a partir de esas modificaciones legislativas −a finales de la década de 1970− que comenzaron a surgir cambios en todo lo relacionado al sistema político mexicano y que encadenaron revisiones en otras áreas, explican a Contralínea tres personas investigadoras en el ámbito político, electoral y de partidos por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con la doctora Laura Valencia Escamilla, antes de la reforma electoral de 1977 se aplicaron pocos cambios a la Carta Magna, la cual está vigente desde su promulgación el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, durante el mandato del presidente Venustiano Carranza; no obstante, luego de ese año se han desencadenado tantos cambios a los artículos constitucionales que a la fecha suman más de 760.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que desde octubre de 2024, cuando comenzó su administración federal, se han realizado 22 reformas constitucionales; destacó la del Poder Judicial, reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, la restitución de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas estratégicas; implementación de inteligencia en seguridad pública, prohibición del nepotismo y ajustes en materia de agua.

Muchas de estas formaron parte del paquete de 18 reformas constitucionales que envió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace dos años −en el marco del aniversario de la Constitución− y fueron aprobadas por el Congreso de la Unión luego de la obtención de dos terceras partes de los escaños legislativos por Morena y sus partidos aliados: del Trabajo (PT) y Verde (PVEM).

La reforma electoral, incluida en ese grupo, será presentada formalmente en los próximos días, derivada del análisis realizado por una Comisión Presidencial creada para ese fin; pero el doctor Moisés Noé Mendoza Valencia enumera algunos puntos clave que deberán ser abordados en el documento, con base en las iniciativas del expresidente López Obrador y las declaraciones vertidas por Sheinbaum Pardo y otros personajes políticos prominentes de Morena.

Entre estos destaca: la reducción del costo de las elecciones, los cambios en la integración del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminación de las y los legisladores plurinominales, aplicación del voto electrónico y por correo, desaparición de organismos electorales locales, reducción en el tiempo de las campañas, revocación del mandato, mejoramiento en la paridad de género, sanciones y eliminación del fuero.

Plurinominales: alejados del espíritu para el que fueron creados

Por décadas, las elecciones fueron organizadas y vigiladas por el partido en el poder, a través de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral dependiente de la Secretaría de Gobernación. Además, no estuvo contemplada la participación de partidos políticos, hasta 1963. En 1977, con la entrada de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, se creó la figura de las y los legisladores de representación proporcional; en ese momento solo para partidos de oposición e hizo que la Cámara aumentara 100 diputaciones para formar 400 en total.

La intención de crear esta figura era garantizar que las minorías −durante años perseguidas, negadas, invisibilizadas y marginadas− tuvieran cabida en el debate político, así como canalizar demandas de la ciudadanía para llegar a ser partidos políticos con presencia suficiente, explica Enrique Cuna Pérez, doctor en estudios sociales por la UAM.

“Sin embargo, poco a poco fue transformándose la idea de la representación de las minorías al mantenimiento de una élite, una élite o cúpulas partidistas, que es creo donde más existe la crítica a esta figura”. Actualmente son más evidentes las lejanías de los diputados plurinominales que las cercanías con la población, agrega el académico a casi 50 años de esta experiencia en México.

Además, el objetivo de ser parte del debate político nacional por el que fueron creados se ha conseguido con el pasar de los años “en función de nuevos mecanismos de involucramiento y participación”, añade el doctor Enrique. “En los últimos 20 años hemos tenido una notoria apertura al sistema de representación, pero sobre todo a la canalización de las demandas a través de múltiples ejercicios de democracia semidirecta” como las consultas populares, tenemos referéndum, revocación de mandato; “es decir, tenemos figuras que antaño −en los setenta− no existían”.

Continúa, “Por tanto, es entonces cuando la figura del ejercicio proporcional empieza a disminuir y deja de tener sentido, porque entonces ahora la dinámica no es que los estados no estén representados, sí están representados, pero ahora la figura se trata a partir de este ejercicio de castigo, premio o simple y sencillamente no del mérito en la cercanía con respecto a la representación, sino el mérito en la cercanía y lealtad o fidelidad al ejercicio de las cúpulas”.

Aunado al hecho de que son cargos no electos por la gente, es así que se ha formado una opinión negativa en la sociedad hacia la representación proporcional. Por tanto, desata uno de los principales debates a nivel nacional, con propuestas desde eliminar esa fórmula hasta modificarla.

En torno a esta discusión, el doctor Moisés Mendoza −escritor de diversos libros y artículos sobre temas electorales− menciona a este semanario una propuesta alternativa de asignación de escaños, que llama de “mejores segundos lugares”; de modo que un candidata o candidato se vea motivado a hacer una buena campaña para gustar a la población y, si obtiene un número favorable de votos, aun perdiendo en su distrito, tenga derecho a acceder a la Cámara. De esta forma también obligan a las y los políticos a tener que hacer campañas y les quitan a las cúpulas partidistas el poder sobre quién va a representar al partido y se traslada al pueblo.

Elecciones en México: las más caras del mundo

Otro de los puntos nodales de la reforma electoral que se avecina es la disminución del presupuesto que se destina al INE y a los partidos políticos. El doctor Enrique también percibe una sensación negativa de la población hacia el dinero que reciben, pues −en su opinión− los partidos se convirtieron en negocios privados y no traducen ese amplio financiamiento en ejercicios de canalización de las demandas de la gente. “Están tan concentrados en la obtención del voto que han renunciado completamente a la idea misma de lo que es un partido para la sociedad”.

Además, México se convirtió en el país a nivel mundial que más dinero público ejerce en las elecciones. Esta afirmación la refuerza el también investigador Mendoza Valencia con el presupuesto erogado en los comicios de 2024. Ese año, el INE recibió 22 mil 323 millones de pesos; pero a los partidos se otorgaron 10 mil 444 millones y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 mil 623 millones de pesos.

No obstante, al ejercicio federal se debe sumar lo gastado también a nivel estatal. Para esas elecciones, los Organismos Públicos Locales (OPL) recibieron 18 mil 679 millones de pesos y los partidos políticos locales 8 mil 836 millones. Por tanto, el monto total para llevar a cabo las elecciones de 2024 fue de 63 mil 905 millones de pesos.

Este monto significó un aumento de aproximadamente el 25 por ciento respecto a lo ejercido en las votaciones de 2018, según datos del doctor Moisés. También a nivel federal fueron 5 mil 642 millones de pesos más que lo utilizado en 2025; no obstante, el año pasado no se escogieron más que a las y los aspirantes a juzgadores, magistrados y ministros.

El presupuesto para cuestiones electorales se destina con base en el padrón electoral del momento, multiplicado por 0.65 que representa la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria; una fórmula plasmada de igual manera a partir de la reforma electoral de 2007.

Es verdad que las elecciones en México son caras, pero también responde a su magnitud; “obvio que requiere recursos”, señala la doctora en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Laura Valencia, quien también encuentra un riesgo en la reducción del financiamiento en este ámbito: dice que la acción podría perjudicar a los partidos, menos al que se encuentra en el poder, pues este se puede hacer de todo un andamiaje para sobresalir sin el recurso.

El doctor Cuna Pérez traza una postura similar; a su parecer, “no es costosa en términos de los objetivos de la misma, es costosa en términos del funcionamiento instalado como tal”, que abre paso a “funcionarios dorados” con sueldos mayores a los de la presidenta de la República.

Las funciones se duplican

Con todo el presupuesto que representan los organismos electorales estatales, el doctor Moisés observa que dentro de la misma propuesta de disminuir el financiamiento, eliminarlos junto con los tribunales locales sería la mejor opción.

Ello, porque su funcionamiento se duplica con las obligaciones y lineamientos del instituto federal, el INE, como la difusión de plataformas o atracción del voto. Incluso cuando la reforma electoral de 2014 fue muy centralista, no tocó a los OPL, analiza Cuna Pérez, quien los critica porque tampoco “pudieron independizarse de los actores políticos prominentes de los estados, entre ellos, los gobernadores”, que ejercían mucha influencia sobre ellos.

Mendoza Valencia también señala el sistema mixto que se estableció en México. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un instituto electoral por cada entidad federativa, pero no hay uno nacional. Por otra parte, Brasil lleva a cabo las elecciones bajo la administración de una sola institución federal. No obstante, en México existen 32 institutos a nivel estatal como uno a nivel federal.

Combatir la desconfianza

La historia de los cambios legislativos en materia electoral muestra que “estamos en un constante camino de mejoramiento”. Ello no quiere decir que una reforma niega o descalifica la anterior. Desde 1977 “toda reforma inmediatamente instala la revisión de la misma y la garantía de perfeccionamiento” porque hasta ahora “no hemos construido el andamiaje suficiente para combatir” dos cosas principalmente: la desconfianza y la representación, analiza el doctor Enrique Cuna.

Si bien las reformas siempre han sido cercanas a los partidos políticos, el académico precisa que tratar de crear un ambiente respecto a que Morena busca perpetuarse en el poder con la actual es exagerado y hasta fantasioso, pues no existe −con la información disponible− algún elemento que fundamente estos señalamientos.

En lugar de ello, se debe trabajar en mejorar el involucramiento de la sociedad, que haya más gente informada, que debata y garantice su participación; a eso se debe aspirar: a un sujeto que también exija a los partidos “más allá de lo que hacen, que se plante ante ellos para garantizar la suficiencia de sus demandas; […] entonces, si esa aspiración cuesta, yo diría que no importa lo que cueste”.

Para que la población vuelva a confiar en las elecciones y el sistema político mexicano, el doctor Moisés considera algunos puntos relevantes: eliminar el fuero para que los ciudadanos sientan la confianza de que haya rendición de cuentas; ampliar las reglas de la participación de candidaturas independientes, ya que actualmente es muy difícil que alguien tenga la estructura para lograrlo; una mayor apertura para las personas jóvenes, indígenas y otras minorías; reducción del gasto en el INE, voto fácil y remover el exceso de burocracia.

Elementos perfectibles de la reforma

Además, la doctora Laura aterriza algunas propuestas que considera que deberían ser incluidas en una nueva reforma electoral: añadir la segunda vuelta, una medida de la que México es el único país en América Latina sin haberla adoptado y que es “la ratificación de que efectivamente la población clama por ese gobierno en turno”; el voto de las personas migrantes; y el fomento de los partidos locales para que emerjan los líderes que hacen tierra y visitan a la gente.

De igual manera, puntualizó que, en el tema del financiamiento una medida que se puede aplicar es otorgar el dinero directamente a las y los candidatos, para que dejen de ser dependientes de los partidos y puedan dedicarse a la ciudadanía; asimismo, acotar el fuero solo al trabajo legislativo y mantener la reelección a nivel local, pues, de lo contrario, fomentan la volatilidad en las políticas públicas y limita la visión a largo plazo.

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