Durante 10 años, las “deficiencias en el diseño” de políticas públicas limitaron la atención del problema de la desigualdad entre mujeres y hombres. De 2007 a 2017, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no pudo “implementar en su totalidad el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades (Proigualdad), el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ni la observancia de la política”, señala una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De los 31 indicadores que se fijaron para medir el avance de Proigualdad, sólo 10 alcanzaron su meta hasta 2017. Otros 12 indicadores reportaron avances parciales y nueve presentaron retrocesos. “De continuar así la tendencia, ninguno de estos 21 indicadores alcanzará su meta”, señala el informe.

De 2007 a 2017, México presentó avances en el Índice Global de Brechas de Género y mejoró la calificación en el Índice de Desigualdad de Género. Sin embargo “no fue posible determinar de qué manera contribuyeron los actores de política pública de igualdad de género a obtener estos resultados”, detalla la auditoría contenida en el Informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.

La nueva titular del Inmujeres, Nadine Gasman, deberá tener en cuenta que estos avances siguen estando muy por debajo de las expectativas internacionales para cerrar la brecha de desigualdad. Si no hay cambios, la ASF estima que la meta que establece la Organización de las Naciones Unidas se lograría hasta 2069, 39 años más de lo propuesto en la Agenda 2030.

“Se requiere que se continúe trabajando en el fortalecimiento de la asignación de recursos presupuestarios y en la producción de datos para contar con información para medir todas las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de Género)”, recomienda la ASF.

Marcial Yangali