Derivado de las crisis económica y de salud provocadas por la pandemia de Covid-19, en México podría haber 3.8 millones de niños trabajando; es decir, poco más del 11.5 por ciento de la población infantil, alertan especialistas. Hasta 2019, las cifras del mercado laboral infantil alcanzaban a 3.3 niños mexicanos

Las crisis económica y de salud derivadas de la pandemia de Covid-19, en México podría haber 3.8 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando, alertan especialistas. La cifra representa poco más del 11.5 por ciento de la población infantil y 5 puntos porcentuales más respecto de la estimación hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hace 2 años.

Y es que la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 (ENTI) indicaba que 3.3 millones de menores, de entre 5 y 17 años de edad, trabajaban en el país. De éstos, 2 millones se desempeñaban en labores peligrosas o prohibidas y no tenían la edad mínima para estas actividades, de acuerdo con los convenios y recomendaciones internacionales, así como con la legislación nacional.

Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), comenta que en el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil hay preocupación por la simbiosis que ya se empezó a manifestar entre la pandemia y los efectos derivados de la crisis económica, conocida como sindemia, “una mezcla de las condiciones sociales desiguales, desfavorables y los efectos de pandemia”.

La directora Ejecutiva de Redim explica que “por los efectos asociados a la pandemia ya sabemos que muchas familias perdieron sus ingresos, se encuentran sin trabajo. Entonces, esto hace que muchas de estas tengan que optar por diversificar sus fuentes de ingresos y esto arroja a niños y adolescentes al trabajo infantil”.

Las cifras de la ENTI, alerta, “podrían haberse agravado. Por ejemplo, “para niños de 5 años en adelante, 5 mil no están en la escuela por falta de recursos; es decir, la falta de retención en las escuelas y la crisis económica, muy probablemente haga que en los centros escolares vaya a haber menos niños y adolescentes que se van a ir al mercado laboral, formal o informal, ese es un panorama que tenemos enfrente”.

Es importante “condenar el trabajo infantil, para intentar erradicarlo, pero sobre todo tenemos que propiciar una mirada más profunda que comprenda cuáles son las situaciones de pobreza y de pobreza extrema que viven niñas, niños y adolescentes. En México, la tercera parte de niños y adolescentes viven en pobreza, ser niño en este país es sinónimo de ser pobre y en este contexto de sindemia preocupa mucho los efectos que pueda tener esta mezcla”.

Agrega que “el cálculo es que pueda subir a 3.6 millones o 3.8 millones [de menores trabajadores]. Son los cálculos más tremendos. Estamos hablando de un problema considerable, más de la décima parte de la población que representan estos niños y adolescentes estarían expuestos al trabajo infantil que está prohibido por la ley”.

El Sur, con más trabajo infantil

Los datos oficiales indican que los cinco estados donde más se desarrolla el trabajo infantil son: Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí. En tanto, Baja California, la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, y Coahuila, presentan las tasas más bajas en esta materia.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, menciona que “hay tener presente que la actividad económica de niños y adolescentes es una realidad en nuestra región y está directamente vinculada con pobreza bajos salarios y una frágil institucionalidad”.

Refiere que “no existen programas públicos o son muy frágiles que puedan contener esta urgencia de sobrevivir a través de actividades económicas. Lamentablemente, por los datos disponibles en toda la región, estamos hablando de millones de niños y niñas que realizan actividades económicas directamente vinculadas a la sobrevivencia, una de las características de esta actividad económica o este trabajo infantiles que no reciben ingreso más de la mitad de ellos por su trabajo”.

Esto, explica, podría tener una vertiente de trabajo familiar, lo cual, en sentido estricto no es negativo. El problema, dice, es que “no hay datos suficientes para poder hacer análisis comparativo, pero sobre todo para conocer qué tanto están siendo protegidos. En toda la región, y México no es la excepción, han desarrollado programas y acciones para erradicar el trabajo infantil de acuerdo al discurso y la narrativa de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”. Lamentablemente, añade, esto se ha usado en toda la región para prácticas de limpieza social y persecución de familias pobres.

“En el caso mexicano existe, pero es violentado de manera flagrante. El artículo 123 Constitucional, actualizado en 2015, en el que se incrementó la edad de trabajo permitido en adolescentes, pasó de 14 a15 años. Legalmente en México es posible que las personas adolescentes de 15 a 17 años trabajen. La característica es que tiene que ser protegido, que no afecte su desarrollo y demás. Es decir, tiene que ser supervisado por la Secretaría del Trabajo, esto, por supuesto es papel mojado, no sucede”, acusa.

Para el especialista en derechos de la infancia, es indispensable “destacar que la explotación es algo que hay que castigar, es un delito, parte de las formas de esclavitud modernas, el trabajo familiar no puede ni debe ser perseguido ni criminalizado porque si existe y es parte de nuestra conformación cultural en América Latina y el trabajo reconocido por la Constitución, debería existir y ser protegido, lo cual no sucede, ni en México ni en los países de América Latina”.

En los casos de niños jornaleros, la experiencia más visible en el trabajo infantil, dice, “habría el matiz de que cuando le trabajan a agroindustria está prohibido. Por eso estaremos hablando del trabajo explotado o no permitido. También los vemos en el comercio informal, recordemos que nuestro país, la mitad de la población está haciendo actividades informales… Donde sí es muy evidente el riesgo es en actividades como en la vía pública, grandes avenida, expuestos al sol o la inclemencia del tiempo. No importa si es con tu familia o no, esto tiene que ser vigilado para evitar que represente un riesgo para la salud de niños y niñas”.

Por otra parte, expone, es necesario necesitamos que los trabajadores tengan derecho a organizarse para, en consecuencia, defender sus derechos y desarrollo, esto es papel mojado, no sucede en el país.

Ocupaciones peligrosas

Según la ENTI, el porcentaje de la población de 5 a 17 años que se encuentra en ocupaciones peligrosas de acuerdo con Ley Federal del Trabajo (construcción, minas, sector agropecuario, bares, cantinas, entre otros), para 2019, estaba en 3.8 por ciento; es decir, 1 millón 83 mil niños.

Jennifer Aza Gutiérrez, directora de la Asociación Civil Melel Xojobal, comenta que el tema del trabajo de los niños “tiene muchas aristas, trabajo protegido en cuanto se realiza en el contexto familiar. También hay niños que son explotados por terceros, empresas que consiguen fines de lucro a costa del trabajo de los niños y, obviamente, todas esas situaciones deben ser atendidas, sancionadas, y corregidas para proteger los derechos de los niños que se encuentran en esta situación.”

Para Aza Gutiérrez no se pueden plantear una medida general que de alguna forma el trabajo debería estar permitido. “Lo que sucede es que caemos en lógicas de criminalización y de violación de derechos a las familias que de por sí viven en condiciones ya precarias”.

La especialista resalta que es importante seguir trabajando en hacer una distinción del trabajo familiar, de las otras formas de trabajo y distinguirla de las otras situaciones que no son trabajo, sino forma de explotación, ya sea sexual o laboral.

Dice que debe haber una revisión de las políticas públicas para proteger y garantizar el derecho de la niñez y que estas también tengan el presupuesto suficiente para llevarlos a cabo en términos del trabajo explotado o más bien de la explotación laboral de los niños y adolescentes. “Es necesario poner el foco en las empresas que lucran con el trabajo de los niños y no poner el foco en las familias que son abusadas por la condición de precariedad en que se encuentran por estas empresas.

“En la medida en que se pueda garantizar un mayor acceso a derechos de los niños, mejores condiciones económicas es un poco improbable como dadas las tendencias mundiales y nacionales de incremento a la desigualdad y la pobreza infantil, pero se tiene que apostar a una inversión en serio en la niñez”, agrega la directora de Melel Xojobal.