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El Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador surgió luego de uno de los mayores golpes a la democracia, asestado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el 8 de mayo de 2023, el Pleno de la SCJN determinó –por mayoría de nueve votos de sus 11 integrantes– la invalidez del primer decreto de reformas político-electorales –conocido como Plan B– aprobadas por el Congreso de la Unión [Morena, Verde y PT] en diciembre de 2022. Ello, tal como se lo solicitó la oposición, en voz de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.
Aquel día, la mayoría de ministros y ministras habrían firmado su propia sentencia de extinción del Poder Judicial de la Federación: el 9 de mayo del año pasado, un día después de ese golpe judicial al Plan B, el presidente López Obrador llamó al pueblo a un “Plan C”. En la próxima elección, arengó el primer mandatario en su conferencia matutina, hay que tener mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución.
El plan estaba en marcha: el pueblo fue informado por el propio López Obrador de las reformas más urgentes a la carta magna para hacer efectiva la cuarta transformación; de lo contrario, temas tan importantes como la eliminación de privilegios a costa del erario de la nación, o de sueldos millonarios para una burocracia que trabaja a favor de los intereses de poderes fácticos, como las trasnacionales, tampoco se erradicarían.
La primera reforma que sugirió el titular del Poder Ejecutivo, desde aquel mes de mayo de 2023, fue precisamente la del Poder Judicial. Ello, porque el Plan B era apenas uno de decenas de cambios legislativos que la Corte echó abajo. En total, la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama ha documentado que el máximo tribunal invalidó 74 reformas y leyes en el sexenio de López Obrador (entre 2019 y 2023), lo que la juzgadora acusa es una masacre legislativa nunca antes vista.
El 5 de febrero de 2024, el presidente de la República formalizó su llamado a ejecutar el Plan C. En la conmemoración del Día de la Constitución, dio a conocer 20 reformas a la carta magna para profundizar el Estado de bienestar, combatir la corrupción y democratizar más al país: darle el poder al pueblo. “Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”, afirmó en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional. [1]
Una de esas reformas es al Poder Judicial, que tiene por objetivo constituir una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente; que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso electoral similar al que se lleva a cabo para presidente de la República y legisladores; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita.
A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, y los ministros, magistrados y jueces tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las trasnacionales a las que han defendido históricamente.
El 2 de junio de 2024, el pueblo respondió a ese llamado del presidente López Obrador al Plan C, con 35 millones 923 mil 669 votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum y un voto masivo para la coalición Morena, PT, Verde en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el conteo del Instituto Nacional Electoral, la coalición de la 4T tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que se calcula que en el Senado de la República le hace falta de uno a tres votos para alcanzarla, lo que hace muy viable reformar la Constitución.
Por tanto, el mandato del pueblo es claro: cambiar la carta magna en los términos en los que el presidente López Obrador planteó el pasado 5 de febrero. Y es que al conmemorar el aniversario 107 de la Constitución, el primer mandatario sostuvo que, de ser aprobadas, las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos en el periodo neoliberal. “Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna que fue fruto de un movimiento popular, revolucionario y por lo mismo, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo, público”.
Tras la presentación del paquete de reformas, los días siguientes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó cada una de las reformas en la conferencia presidencial. En ocasiones, estuvo acompañada por otros servidores públicos.
El 12 de febrero, la funcionaria expuso la reforma al Poder Judicial: la iniciativa, dijo, buscará construir una institución de impartición de justicia independiente, legitimada y ajena a intereses privados. La abogada Luisa María Alcalde Luján explicó que dicha propuesta responde al reclamo del pueblo de México de contar con una institución de impartición de justicia austera, que resuelva los asuntos de su competencia y abone a erradicar la impunidad.
En aras del equilibrio de poderes, la reforma –aseguró– evitará que el PJF se coloque por encima de los otros dos Poderes y desaparezca leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Además, promueve que las y los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular; que no exista más la onerosa pensión vitalicia y, como establece la Constitución, sus remuneraciones no excedan lo que percibe el presidente de la República.
La funcionaria detalló los objetivos de la reforma:
“Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea más eficiente, austera y transparente tratándose del máximo tribunal del país.
“Elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con legitimidad democrática a partir del voto popular.
“Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual se propone no sólo dividirlo en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garanticen instancias de vigilancia.
“Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones.”
Acerca de la nueva integración de la SCJN, expuso que la iniciativa de reforma establece:
–Reducir el número de ministras y ministros, de 11 a nueve integrantes.
-Reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años.
–Eliminar las dos salas que son muy opacas en la resolución de conflictos y que solamente se realicen sesiones en pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todas y todos tengan la posibilidad de conocer qué están determinando las y los ministros.
–Eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras.
-Ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.
Sobre la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, Luisa María Alcalde indicó que el planteamiento es que una vez aprobada la reforma, en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial (quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones).
La funcionaria explicó que la selección de candidaturas también tendría reglas: “las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados del Tribunal Electoral y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión”.
Esto es que, de acuerdo con la iniciativa de reforma, el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta cinco candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada, y el Judicial hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
En el caso de las y los 1 mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión), indicó.
Y del proceso electoral y resultados de la elección, indicó que la propuesta incluye que se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que una vez conformado sea este el que organice la elección. El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan los requisitos de ley.
-Las campañas durarán 60 días. No habrá etapa de precampañas.
-No se permite el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate.
-Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la SCJN.
Sobre las reglas específicas, expuso que, en caso de ausencia definitiva de ministras, ministros, magistradas, magistrados o juezas o jueces, el Senado de la República designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.
Y para las ternas, la iniciativa establece que el Ejecutivo federal la propone para ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina; el órgano de administración judicial para magistrados de circuito y jueces de distrito; y la SCJN para magistrados electorales.
Por otra parte, el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, de los cuales el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado de la República a otro; y la SCJN a tres, será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Otro punto destacado de la reforma es acerca de las cuatro nuevas reglas procesales:
“-Justicia expedita: se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales (en caso de rebasarlos, la autoridad judicial debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora).
“-Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
“-Justicia local: los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
“-Fideicomisos del Poder Judicial: una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.”
A lo largo del sexenio de López Obrador, la mayoría de ministras y ministros de la Corte han actuado sistemáticamente en contra del pueblo y de las iniciativas que se han discutido y aprobado en el Poder Legislativo. Además de que directamente la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, habría conspirado para atentar contra los comicios electorales del 2 de junio, al tratar de reinstalar al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El 28 de agosto de 2023, Norma Piña lanzó una amenaza pública contra el proceso electoral: ese día, advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y la coalición PRI-PAN-PRD [2].
Textualmente, en aquel momento Norma Piña declaró: “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año [2024] son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.
A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la cuarta transformación. Al respecto, se identifican al menos otros cuatro sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta: 1) la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a tres magistrados electorales, al líder del PRI –Alejandro (Alito) Moreno– y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; 2) la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 3) la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa –exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y ocho militares– y de generadores de violencia –como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal– para desestabilizar el país por dos vías: protestas sociales y generación de violencia extrema; y 4) consentir la reunión –a tan sólo 18 días de la elección: el pasado 14 de mayo– de los magistrados del TEPJF con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN que aseguraba que en la contienda “no hay piso parejo”, que “hay una elección de Estado”.
Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 –que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio– destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra presidenta Norma Piña; y que ésta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores en ese Poder y ha fallado todo contra la 4T.
De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso [actual presidenta del TEPJF], Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese Tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importaba controlar: la calificación de la elección federal.
Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón –de mayo a diciembre de 2011–, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza –el 3 de agosto de 2023– fue censurar al presidente López Obrador, para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez [3].
El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la presión que ejercieron los tres magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.
La cena no sólo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había dos invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del TEPJF: el líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda –quien finalmente no asistió, según el diario Milenio–. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues éste arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023 [4], por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia.
Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó Milenio. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea Whatsapp en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF. Lo que no consiguió.
Ésa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera: el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista, Alejandro Armenta Mier, denunció que, un día antes, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”; “La vida nos juzgará”.
Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad, y desde las sombras siguió tejiendo el escenario para declarar nulas las elecciones, que aparentemente se disipó por los casi 20 millones de votos de diferencia entre el primer y segundo lugar en la presidencial.
La operación electorera de Piña fue tan evidente que incluso, el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de Estado técnico.
Ese día, expuso: quieren “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección [presidencial]. Fíjense por dónde van”, en referencia al objetivo de anular la elección presidencial. “Eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”
Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas –“quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos”–, López Obrador cuestionó: “¿van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cossío?, ¿a [Jorge] Castañeda, [Héctor] Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”
La guerra del Poder Judicial contra la cuarta transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico, y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo.
Como ya se expuso, uno de los primeros grandes casos que resolvió la Corte ya con Norma Piña al frente, fue determinar la invalidez, en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de Diputados y Senadores, y que se votó por mayoría legislativa (modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas). Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el pasado 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harán reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces, y por lo cual ahora se estaría operando no reconocer la mayoría calificada de Morena, PT y Verde.
En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados –como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico [5]– en colusión con jueces, magistrados y ministros frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.
Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También, la Suprema Corte echó abajo, ese mismo mes, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.
Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, sólo dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN.
Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso, al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.
Aunado a lo anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés, porque como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica, y ellos fallaron en el mismo sentido; además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos (y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua), se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros (sólo la ministra Lenia Batres ha regresado los pagos en exceso a la Tesorería de la Federación) [6].
La guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Dicho proyecto señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.
Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–.
Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.
Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.
Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.
Ahora, por primera vez, se tiene la oportunidad de reformar al Poder Judicial para impedir que en el futuro actúe contra el pueblo de México, en beneficio de un puñado de oligarcas y trasnacionales.
Referencias:
[1] El 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador presentó al pueblo las 20 reformas a la Constitución:
“1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.
“2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
“3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
“4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
“5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
“6. Prohibir el maltrato a los animales.
“7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
“8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
“9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
“10. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
“11. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
“12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; les impiden jubilarse con el ciento por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de este año [2024], será creado un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento; se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
“13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
“14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: ‘que coman los que nos dan de comer’.
“15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional propuesta, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.
“16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la Revocación del Mandato.
“17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.
“18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.
“19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.
“20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.”
[2] https://acortar.link/akQM2A
[4] https://centralelectoral.ine.mx/2023/09/07/inicia-proceso-electoral-federal-2023-2024/
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