Ante la reconfiguración de los grupos delictivos respecto al asedio en la frontera de Chiapas con Guatemala, organizaciones de la sociedad civil anunciaron el establecimiento de mesas de trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración –de la Secretaría de Gobernación, Segob– para garantizar un alto a la violación de derechos humanos.
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala (México MTMG), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes’ (Red TDT) aseguraron que son más de 3 mil personas desplazadas en lo que va del año, por las pugnas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La disputa es por las condiciones geoestratégicas y geopolíticas que representa la zona.
“Es un espacio territorial clave”, argumentó Carlos Orgaz, representante del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, en relación al conflicto entre cárteles por el control de las estrategias económicas que generarán los tres megaproyectos de la actual administración: el Corredor Transístmico, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.
Durante la presentación del informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos –trabajo conjunto entre el Colectivo, México MTMG, y la Red TDT, la defensora de derechos humanos Sandra Suastre indicó que la incrustación de grupos delincuenciales ocasionó el desplazamiento de 10 mil personas desde 2021.
La representante de la Red TDT aseguró que estos desplazamientos internos de carácter forzoso han fragmentado el tejido social a tal punto que la violencia generó una crisis humanitaria. La presencia del crimen organizado en la región se intensificó con la guerra contra el narcotráfico, orquestada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Desde entonces, el país padece los estragos de una estrategia mal planteada, consideró en conferencia.
Para el representante Adjunto y Oficial a Cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, si bien México posee un amplio marco en la vigilancia de los derechos humanos, es necesario trazar nuevas rutas de trabajo que orillen a garantizar la paz en la población civil.
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