PRI y PAN secuestraron al Estado en beneficio de una minoría: AMLO
Publicado por
Nancy Flores
agosto 4, 2022 12:47 pm
FOTO: CUARTOSCURO
En el periodo neoliberal, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) “secuestraron al Estado y lo pusieron al servicio de una política económica que beneficia a una minoría”, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a todas las reformas constitucionales que esos dos institutos políticos impulsaron y aprobaron en el Congreso, en perjuicio del pueblo de México. Como ejemplo, citó 19 cambios a la Constitución que dañaron al país.
Al respecto, dijo que en los gobiernos pasados se estableció un compromiso con organismos internacionales y en ese sentido arreglaron todo el marco jurídico para beneficio de una minoría, y en contra de la mayoría del pueblo.
El primer mandatario enunció una a una, las 19 modificaciones constitucionales que considera entre las peores, por el daño que han causado:
En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. “Ésa fue una acción conjunta del PRI y el PAN”.
El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito.
El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. “Hoy, por esta reforma, hay en latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos y se despojó a miles, si no es que millones de dueños originarios de las tierras”.
El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la Ley Minera para entregar concesiones a particulares –hasta por 50 años– para la explotación de oro, plata y cobre; eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada; derogaron el impuesto a la extracción de minerales, y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Además, en ese sexenio, entregaron 6 millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el 1 de diciembre de 2018. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, 45 por ciento del territorio nacional. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan descarada.
El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. Con la nueva política energética puesta en marcha por la cuarta transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas.
El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria. Desde entonces, unos 300 mil jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto.
El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento.
El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país.
El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los cuales fueron entregados de esa forma a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras –las administradoras de fondos para el retiro, Afores– y con ellos, la administración sin transparencia –con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes– de las pensiones de millones de trabajadores. En su primera etapa, las Afores llegaron a cobrar tres comisiones distintas: sobre el saldo en la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora, al menos hemos garantizado a los asalariados el manejo seguro de esos fondos conformados con sus ahorros.
El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos, y de 1995 a la fecha [2018] se han destinado, solo para pagar intereses, más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo.
El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores al servido del Estado a los intereses de los banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos.
El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto del 2 por ciento por depósitos en efectivo, que más tarde aumentaron al 3 por ciento.
El 24 de octubre de 2008, aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados –así les llaman– a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años, mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esa reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por cinco presidentes municipales alegando que “carecen de interés jurídico” en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que, mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos, en la que aumentaron el IVA de 15 a 16 por ciento, incrementaron el Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30 por ciento y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.
El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la Presidencia, Enrique Peña Nieto firmó, con los partidos PAN, PRI y PRD, el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarlas, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral, que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitirla subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales.
El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada “reforma educativa”, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio.
El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de la ciudadanía, y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular el sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los “agentes económicos preponderantes” que han fortalecido su presencia en el mercado.
En octubre de 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos, se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia.
El 17 de octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendarla que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma, aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, fue modificada por la Presidencia mediante dos decretos del 26 de diciembre de 2013; en ellos, se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación (Cámara de Diputados, 2014) lo habilita para “condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios” y para “conceder subsidios o estímulos fiscales”. Y eso es exactamente lo que hizo el expresidente Peña Nieto: otorgar estímulos fiscales a las industrias manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, y acordar diversos beneficios a otros sectores.
No conformes con el avance en las privatizaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de: Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los Senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales, y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No dejo de señalar que, cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de 3 millones de firmas y cumplir con todos los requisitos los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad a los mandamases, declararon improcedente nuestra fundada petición.
En su conferencia matutina, López Obrador dijo que su gobierno tenía dos posibilidades para enfrentar ese marco jurídico adverso a los mexicanos: llamar a un nuevo constituyente y hacer una nueva Constitución o generar algunas reformas estratégicas. Se optó, dijo, por la segunda opción y ahora sólo faltan dos o tres. Sin embargo, reconoció que será muy complicado, porque la oposición está en huelga, por la moratoria, ya que para aprobar una reforma constitucional se requieren dos terceras partes del Legislativo.
“Lo vimos cuando [se discutió] la reforma constitucional en materia eléctrica: en vez de apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, el bloque opositor apoyó a Iberdrola y a otras empresas eléctricas extranjeras. Entonces es difícil [que aprueben las reformas que faltan], pero de todas maneras vamos a enviar las iniciativas porque también es un asunto de principios, y si ellos las rechazan, no las quieren aprobar, pues ya lo dirá la historia, el corrido. Pero nosotros sí tenemos la obligación de enviar esas reformas”.
