La Procuraduría Fiscal de la Federación identificó un esquema de saqueo y defraudación que afectó el patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante más de 12 años, por aproximadamente 15 mil millones de pesos, denunció esta mañana Félix Arturo Medina. En la conferencia presidencial, el procurador fiscal añadió que los trabajos en torno a este asunto forman parte de la política de cero tolerancia a la corrupción.
El funcionario detalló que ese modelo de corrupción involucra a extrabajadores del ISSSTE que se coludieron con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de tribunales laborales, para tramitar miles de juicios ante una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el norte del país, con el propósito de obtener pensiones y beneficios fuera de la ley.
“El modus operandi de este esquema de corrupción fue el siguiente: Uno. Despachos de abogados irregularmente obtuvieron el padrón de extrabajadores del ISSSTE para promover e incluso duplicar juicios de incremento de pensiones ante las juntas federales de Conciliación y Arbitraje. Dos. Estos despachos buscaban a los extrabajadores con la promesa de obtener pensiones, prestaciones y derechos de manera ilegal, y presentaban demandas ante un tribunal incompetente. Tres. Los abogados encargados de defender al ISSSTE intencionalmente perdían los juicios. Este esquema se repitió en miles de casos”, explicó.
El procurador Félix Arturo Medina añadió que los beneficiados por esas sentencias ilegales pagaban moches a los funcionarios del ISSSTE, a los servidores públicos de la junta laboral y altos sueldos a los despachos de abogados y demás coyotes que participaban en este fraude. “Estas personas cometieron delitos, como asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad en declaración y ejercicio ilícito del servicio público”.
Asimismo, indicó que en el proceso de nacionalización del Instituto se ha avanzado en el combate a la corrupción, y que gracias a una estrategia jurídica conjunta –en la que participan además de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el ISSSTE y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y del Trabajo y Previsión Social– se evitó el pago de pensiones ilegales por un total de 1 mil 200 millones de pesos.
Finalmente, explicó que se han presentado ya 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República, las cuales han derivado en 25 carpetas de investigación. Añadió que 22 casos de personas ya se han judicializado, con ocho vinculaciones a proceso contra tres personas. Y destacó que ya se han asegurado cheques por un monto total de 1 mil 188 millones de pesos.
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