Las oficinas de representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ubicadas en Tijuana y Ensenada, Baja California, serán cerradas. La decisión fue justificada supuestamente para evitar rezagos en la resolución de procedimientos y denuncias ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las operaciones de la Profepa en Baja California, enfocadas en la preservación de la vaquita marina y la totoaba, se retomarán en la representación de la Procuraduría ubicada en Mexicali, en donde será concentrado el personal de las oficinas auxiliares cerradas.

Dada la extensión territorial y riqueza natural de la entidad, la Procuraduría había instalado las oficinas auxiliares de Tijuana y Ensenada. Su objetivo: agilizar el desempeño de sus actividades sustantivas. Sin embargo, la dependencia aseguró que la multiplicidad de sedes produjo rezagos en los procedimientos, por lo que ahora se busca unificar nuevamente las actividades administrativas.

“Se tiene garantizado que el retiro de personal no desencadenará la impunidad, ni el aumento de recurrencia de ilícitos ambientales, ya que se reorganizará la oficina de representación y se prevé mantener el presupuesto y los recursos suficientes para seguir atendiendo las actividades sustantivas de la Profepa en el estado. Se continuará con las actividades operativas tales como: visitas de inspección y atención a las denuncias, cambios de uso de suelo, ilícitos forestales, tráfico de especies de vida silvestre, recursos marinos, ecosistemas costeros e impacto ambiental”, refirió el órgano desconcentrado de la Semarnat.

La Procuraduría informó que mantendrá su presencia en Tijuana y Ensenada para cumplir con las atribuciones de revisión de movimientos transfronterizos de materiales y productos regulados por la Semarnat con el personal que se tiene asignado en las oficinas instaladas en los puntos de revisión o aduanas de ambas ciudades.

La dependencia consideró que el cierre de las oficinas no afecta el derecho de los residentes de la entidad a manifestarse, ya que toda denuncia popular “se puede presentar a través de medios electrónicos” y “no es necesario un desplazamiento a la oficina de Mexicali”.

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