El racismo estructural que viven los pueblos afrodescendientes ha perpetuado las desigualdades económicas, políticas, educativas, culturales y de salud. Y aunque recientemente las comunidades negras –junto con las originarias– fueron reconocidas como sujetos de derecho en la Constitución, la deuda histórica de México con ellas sigue vigente: de acuerdo con estadísticas oficiales, en los territorios donde habitan las comunidades negras hay más pobreza, más marginación y más exclusión, que en regiones donde viven pueblos originarios o mestizos
Primera parte. Las desigualdades que enfrenta los pueblos afromexicanos –en materia económica, política, educativa, cultural y de salud– tiene raíces profundas en la esclavitud, la invisibilización y la exclusión social; que, hasta la fecha, han marcado su desarrollo.
A esto se suma la lógica del denominado “neoliberalismo multicultural”, que acrecentó las brechas de desigualdad, al capitalizar su cultura como mercancía y reducir su reconocimiento a un plano meramente simbólico, sin garantizar derechos efectivos en materia de educación, salud, representación política o en su acceso a la justicia, señala J Jesús María Serno, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en etnias, cultura y nación en América Latina.
“Sí. Hay algo que enfrentamos nosotras las personas afromexicanas de manera colectiva y es la invisibilidad. Es la invisibilidad de nuestras aportaciones en la construcción de este país”, advierte la poeta Aleida Violeta Vázquez, activista e integrante de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro).
En entrevista con este semanario, la escritora señala que la invisibilidad que han enfrentado las personas afromexicanas durante generaciones es el detonante principal de su desigualdad, estigmatización y racismo. Con ello, explica que la invisibilización no sólo ha negado la existencia de sus corporalidades, sino que también ha borrado la aportación de sus cosmovisiones para la construcción del Estado mexicano.
“Hay una estigmatización que nos relega a lugares donde nosotras las mujeres negras ‘estamos sexualmente disponibles todo el tiempo’; donde ‘aguantamos más al parir que una persona blanca, mestiza o, incluso, indígena’, donde ‘las mujeres y hombres negros aguantan más para trabajar’. Todos estos estereotipos repercuten a la hora de que nosotros queremos ejercer nuestros derechos. […] Eso provoca que en la calle todo el tiempo nos estén violentando verbal, física, emocional, mental y psicológicamente. Y también hay un bombardeo violento, muy violento, hacia nuestras corporalidades, porque también existen estos estereotipos derivados de esta invisibilidad que tiene que ver con una idea de extranjería que nos coloca en lugares de desventaja, donde fácilmente somos violentadas y asesinadas”, acusa Aleida Violeta Vázquez.
Entre los principales problemas reconocidos por los pueblos afromexicanos se encuentra la discriminación por su apariencia, la falta de empleo, la escasez de programas sociales y el poco respeto hacia sus tradiciones, usos y costumbres, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), realizada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los resultados de dicho sondeo evidencian que, a pesar de ciertos avances en materia legislativa e institucional, las personas afromexicanas aún enfrentan prejuicios por parte de la sociedad.
Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) apuntan que casi una cuarta parte de la población mexicana dijo no estar dispuesta a rentar piso con una persona afrodescendiente, mientras que una de cada cuatro personas le gustaría poco o nada que alguien del pueblo afro ocupe cargos públicos como la Presidencia de la República.
“Desde el movimiento negro siempre ha sido una posición política e ideológica el combate al racismo, porque quienes más lo hemos vivido creo que somos las personas afromexicanas, personas negras o afrodescendientes. Y mucho tiene que ver con nuestro color de piel. Es así como nuestra piel siempre está siendo increpada, siempre está siendo sujeta de muchos estereotipos porque este país es un país racista”, explica la legisladora Rosa María Castro Salinas, secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Cámara de Diputados, en entrevista para Contralínea.
El racismo que viven los afromexicanos no se limita a las interacciones sociales, atraviesa las instituciones y se reproduce en los espacios públicos. El perjuicio que ocasiona el racismo va mucho más allá. De acuerdo con la Enadis, realizada en 2022, más de la mitad de afromexicanos declararon sentirse discriminados al asistir a oficinas de gobierno, juzgados o tribunales. La misma percepción se repitió al solicitar empleo, atención médica o al ingresar a escuelas y negocios.
Fuente: Inegi. Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022.
Para la escritora Aleida Violeta Vázquez, la violencia, la desigualdad y el racismo que sufre la comunidad afromexicana han estado históricamente “territorializados”; esto es que los territorios donde habita el pueblo negro o afromexicano siempre se han encontrado entre las zonas más pobres y marginadas del país.
“La Costa Chica de Guerrero o Oaxaca son territorios que están desconectados de la centralidad de una ciudad, es decir, no hay infraestructura carretera, no hay infraestructura de luz eléctrica, no hay acceso a la comunicación porque hay una brecha digital muy muy grave en estos que son nuestros territorios”, señala la activista.
Con ello, la poeta indica que las desigualdades estructurales impactan todos los aspectos de la vida diaria del pueblo afrodescendiente, hasta tratar de arrebatarles su humanidad. “Vemos cómo este racismo, pero también cómo estas desigualdades estructurales, se impregnan. Nos repercuten en toda nuestra existencia, en todo nuestro vivir, en el vivir cotidiano en nuestros territorios”.
Esa realidad se refleja en los indicadores oficiales. De acuerdo con estadísticas del ya extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las zonas con mayor concentración de pobreza coinciden con los territorios donde convergen los grupos más vulnerables del país (las infancias, adolescencias, pueblos indígenas y afromexicanos, jornaleros agrícolas y comunidades rurales).
Pueblos indígenas y afromexicanos, los más pobres
En México, los pueblos indígenas y afromexicanos son los grupos poblacionales más pobres. Según el Inegi, en 2024 el 29.6 por ciento de la población mexicana –equivalente a 38.5 millones de personas– se encontraba en situación de pobreza multidimensional. Sin embargo, la desigualdad se acentuó entre las comunidades originarias y las afromexicanas.
Fuente: Inegi. Pobreza Multidimensional, 2024. Cálculos con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), utilizando la metodología del Coneval.
De acuerdo con el organismo autónomo ya desaparecido, el 32.2 por ciento de la población afromexicana y el 66.3 por ciento de la indígena reportaron vivir en situación de pobreza. Estas cifras evidencian que ambas comunidades siguen padeciendo los estragos de una estructura marcada por la marginación y la exclusión racial, económica y territorial.
Particularmente, la población afromexicana, estimada en más de 3.1 millones de personas, aún enfrenta rezagos estructurales en los territorios donde habitan, marcados por la pobreza y la exclusión.
Este orden estructural, explica el especialista en etnias J. Jesús María Serna, se origina en un proceso denominado como “afroindianidad”, concepto que se usa para entender la relación histórica entre los pueblos afrodescendientes e indígenas, que derivó en intercambios culturales, sociales y simbólicos, y que los ubicó en condiciones compartidas de marginación.
De acuerdo con el doctor en estudios latinoamericanos, este vínculo produjo un tipo particular de mestizaje –distinto al que comúnmente se reconoce en el discurso oficial– que ha sido ignorado por la historia colonizadora, y cuyas consecuencias son visibles hoy en la desigualdad territorial, la precariedad y la escasez de políticas.
En 2024, Chiapas, Guerrero y Oaxaca –dos de las cinco entidades con mayor concentración de personas afrodescendientes– alcanzaron los porcentajes más altos en los niveles de pobreza multidimensional con 66, 58.1 y 51.6 por ciento, respectivamente. De igual manera, estas entidades registraron los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza extrema con 27.1, 21.3 y 16.3 por ciento, según datos del Inegi.
Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, utilizando la metodología del Coneval.
Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, utilizando la metodología del Coneval.
Para la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro), estudiar las regiones con mayor presencia afromexicana no sólo permite geolocalizar a estas comunidades, sino también ayuda a comprender la territorialización de la desigualdad. La organización señala que, históricamente, estas zonas han sido escenario de racismo estructural, discriminación e invisibilidad de tipo institucional, cuyos procesos han dejado una huella profunda que se manifiesta en brechas de acceso a derechos, infraestructura y servicios públicos.
Para evidenciar cómo la desigualdad está territorializada, la colectiva realizó un análisis con datos del Inegi de 2021 –que incluyó variables vinculadas al acceso a derechos básicos, como el agua potable, además de servicios de drenaje y de energía–, y encontró que el acceso al agua entubada refleja de manera contundente la brecha estructural que enfrentan las comunidades afromexicanas.
Ello, porque mientras que, a nivel nacional, el 77.6 por ciento de las viviendas cuenta con agua entubada, en los municipios donde el 40 por ciento de la población es afromexicana, la cifra de hogares con acceso a ese servicio desciende a 24.1 por ciento.
La situación es aún más crítica en los municipios con más del 70 por ciento de población afrodescendiente, donde apenas el 13.2 por ciento de viviendas dispone de ese servicio básico. Estas cifras muestran que la desigualdad se expresa en la infraestructura, en la calidad de vida y en la permanencia histórica del abandono institucional por parte de gobiernos neoliberales.
El escenario adquiere mayor relevancia si se considera la distribución territorial de la población afrodescendiente. Más de la mitad, es decir, el 53.2 por ciento se concentra en seis entidades: Estado de México con 19.2 por ciento; Guerrero, 11 por ciento; Nuevo León, 6.6 por ciento; Chiapas, 5.8 por ciento; Jalisco, 5.7 por ciento; y Oaxaca, con 4.9 por ciento. Estados que, en su gran mayoría, presentan amplias brechas en acceso a derechos y servicios básicos. Ello, según la última actualización del Inegi, presentada el 28 de agosto de 2024.
Frente a este panorama, las comunidades afromexicanas exigen justicia histórica. “¿Qué le hace falta al pueblo negro? Todo. Nos hace falta todo”, afirma, en entrevista con Contralínea, la activista Rosa María Hernández Fitta, presidenta del Consejo Afroveracruzano y consejera del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
La consejera nacional señala que la ausencia de políticas públicas ha perpetuado la precariedad en servicios básicos, como educación, infraestructura y acceso a programas culturales, pero también los ha dejado en una precariedad económica que aún no ha podido resarcirse. Por ello, sugiere el desarrollo de programas que se adapten a cada región en que habitan los pueblos negros.
“Cuando nos preguntan a nosotros qué le hace falta al pueblo negro, digo: todo, porque no habíamos tenido absolutamente nada. Nos hace falta todo. Nos hace falta acceder a programas para conservar nuestra cultura, servicios, educación. Por ejemplo, que la historia de nuestros pueblos se cuente en los libros de texto, que no sigamos invisibilizados. La propia Secretaría de Educación podría contar nuestra migración forzada, la de nuestros ancestros, que se cuente la verdad”, señala Rosa María Hernández Fitta.
Pueblos negros e indígenas, los más violentados
La realidad de los pueblos afrodescendientes recae en su formación diaspórica, es decir, no se remite a una identidad homogénea, sino a una experiencia resultado del desplazamiento, despojo y redefinición de sus miembros. Esta trayectoria podría explicar las múltiples violencias que enfrentan en el país.
Ello, aunado a la invisibilidad histórica que padecen las personas afromexicanas, ha facilitado la violación sistemática de sus derechos y libertades. Esa condición ha incrementado su vulnerabilidad, reproducido su situación de exclusión y alimentado prácticas discriminatorias que obstaculizan su acceso a oportunidades, servicios básicos y la justicia, advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Hoy, la comunidad afromexicana continúa siendo objeto de expresiones racistas donde interactúan estereotipos y prejuicios importados. A esta discriminación, se suma una condición estructural de vulnerabilidad que los expone a violencias sistemáticas ejercidas por distintos grupos de poder asociados al capital, que van desde empresas trasnacionales con proyectos extractivos hasta redes del crimen organizado.
El doctor en estudios latinoamericanos J. Jesús María Serno señala a este semanario que, en las regiones donde se asentaron los pueblos afrodescendientes, persisten escenarios “especialmente complejos y delicados”, marcados por el despojo y la disputa territorial de parte de poderes políticos y fácticos.
“Las zonas donde están los afrodescendientes han sido zonas muy complejas en su expresión de vida. Ancestralmente, ha habido una situación de violencia, que no es una violencia en abstracto, es una violencia contra estos pueblos que viene desde los distintos grupos de poder; obviamente que son diversos y van desde las grandes empresas trasnacionales, el capital en general, los empresarios que tiene un montón de políticas muy depredadoras y que van contra de propia vida de las comunidades”, explica el experto.
Estudios de organismos internacionales –como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)– indican que la violencia territorializada es uno de los factores que detona fenómenos como el desplazamiento interno forzado, proceso que es resultado de hechos victimizantes de alto impacto, como conflictos armados, violencia generalizada, presencia del crimen organizado, disputas territoriales o, incluso, proyectos que implican despojo; lo cual obliga a comunidades enteras a abandonar sus lugares de origen.
Y aunque en México el desplazamiento interno forzado no es un fenómeno nuevo, en las últimas décadas sí ha cambiado su configuración; es decir, de conflictos políticos, religiosos y despojo de tierras ha virado a una asociación cada vez mayor con la violencia de alto impacto, asociada al narcotráfico y al crimen organizado, señalan los investigadores María Cristina Díaz Pérez y Raúl Romo Viramontes en su libro La violencia como causa de desplazamiento interno forzado aproximaciones a su análisis en México.
“El desplazamiento interno provocado por la violencia no ocurre en abstracto, sino a partir de hechos concretos como la extorsión, el secuestro, el cobro por ‘protección’, el robo de identidad, los asaltos, la desaparición de familiares, los vínculos creados con la criminalidad –voluntaria o involuntariamente–, entre muchas otras situaciones”, señala el documento de Díaz y Romo.
Ambos investigadores indican que el desplazamiento interno forzado también se manifiesta como resultado de una competencia por la explotación de los recursos naturales, desastres, emergencias de origen antropogénico como la contaminación industrial o por situaciones que derivan de las organizaciones criminales que luchan por sitios específicos.
Para la diputada presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Naty Poob Picky Jiménez Vázquez, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas en 1994, constituyó un parteaguas en la historia del desplazamiento forzado interno moderno en el país. “La contrainsurgencia desplegada, caracterizada por operativos de cerco y presencia castrense masiva en comunidades, actuó como un detonante secundario de gran potencia, forzando a miles de personas a huir para escapar de la violencia estatal y paramilitar. Así, el fenómeno se complejiza, pasando de ser un resultado directo del conflicto a ser también una consecuencia de las estrategias de seguridad implementadas, estableciendo un preocupante precedente de victimización múltiple”, expresa en su iniciativa de Ley General para la Prevención, Atención y Reparación Integral de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno.
Tan sólo en 2024, al menos 28 mil 900 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno registrados en 13 entidades del país. Así, Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sonora y Oaxaca fueron las entidades que concentraron la mayoría de los casos, de acuerdo con el informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México, presentado el 26 de junio por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana en colaboración con ACNUR.
Bajo este contexto, el investigador J. Jesús María Serno explica que, desde hace décadas, los poderes políticos se han sumado a los múltiples grupos de opresión que han golpeado los derechos de las poblaciones que habitan en estas zonas rurales, en gran medida por los recursos naturales que poseen. Un ejemplo de lo anterior, es el extractivismo minero que genera impactos socioambientales muy severos como la contaminación del agua, suelo y aire; problemas de salud pública; pérdida de biodiversidad y, a nivel social, provoca conflictos internos, despojos de tierras y de recursos, además de mucha pobreza y violencia.
“La historia de los más vulnerables es una historia tremenda y toda la ha vivido la población indígena, pero también la afromexicana y afrocostera. Entonces, estas problemáticas son problemáticas muy delicadas, pero que ahí están […] Y hay toda una serie de situaciones que todavía no se resuelven y no se van a resolver porque son muy complejas, son muy difíciles de abordar o de atacar”, advierte a Contralínea el investigador.
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