La lucha jurídica emprendida por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) contra las condiciones de reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (Cefereso 16), el único penal federal femenil del país, ha evidenciado graves violaciones a los derechos de las mujeres privadas de la libertad. A través de litigios estratégicos y acompañamiento legal a las internas, la institución ha logrado resoluciones para garantizar el acceso a la salud física y mental de las reclusas.

También ha conseguido el reconocimiento de que el Estado mexicano incurrió en violaciones a derechos humanos al mantener casos de prisión preventiva por más de 15 años sin revisión.

Para Janet Calderón Jiménez, delegada del IFDP en Morelos, la discriminación empieza desde que solo uno de los 14 penales federales sea para mujeres, y que éste no pueda garantizar las condiciones mínimas de vida de las internas.

El Cefereso 16, ubicado en Morelos, ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil por registrar suicidios entre sus internas. Al respecto, Janet Calderón Jiménez advirtió que alrededor del 85 por ciento de las peticiones administrativas presentadas por los defensores responden a cuestiones médicas, principalmente ginecológicas, pediátricas y de salud mental, las cuales usualmente no son respondidas por las autoridades carcelarias.

Según explicó, esta falta de atención médica se combina con episodios de violencia y castigos dentro del penal. Compartió que las mujeres buscan una salida ante los malos tratos y la falta de atención, “tenemos casos documentados donde las mujeres han sido lesionadas o con castigos por custodios varones que no se puede comparar la fuerza y más de 20 casos entre 2023 y 2024 de las mujeres que perdieron la vida en custodia del Estado, bajo aparentes suicidios”.

Además, consideró que esta situación podría escalar a tratos inhumanos. “Cualquier cosa que pudiera suceder o afectar más a las mujeres o a las personas privadas de la libertad dentro del centro de reclusión pues es como hacer extensiva o aumentar la pena, lo que podría incluso considerarse un entorno torturante por el tipo de situación que podrían vivir”, particularmente las mujeres.

Durante la conferencia “Atención pediátrica y ginecológica a favor de mujeres en el Cefereso 16”, organizada por el IFDP, la abogada Griselda Abigail Escalante Tirado lamentó que siga existiendo una brecha de género evidenciada porque mientras que en una controversia similar el cefereso 17 logró conseguir cinco médicos generales, un urólogo, un psiquiatra y un psicólogo, las mujeres continúan requiriendo un pediatra.

La defensora pública federal –quien litigó una de las controversias a favor de un grupo de mujeres recluidas en el penal– manifestó: “las mujeres hemos sido históricamente marginadas, entonces en la actualidad necesitamos medidas afirmativas y reforzadas que nos lleven a establecer una igualdad respecto a los hombres, esto no es una cuestión de ideología de género, esta es una cuestión que está en la leyes porque nosotras tuvimos derecho al voto hace apenas unas décadas”.

Los testimonios de quienes han vivido estas condiciones dentro del penal ilustran con mayor claridad la dimensión del problema. Katherine Michelle Lara, integrante de Artículo 20 y quién estuvo recluida 10 años en el centro penitenciario, relató que sus compañeras tenían que recurrir a auto lesiones “para que las voltearan a ver”.

Contó que llegó con siete meses de gestación y aunque su derecho era que una vez nacido su hijo podía permanecer a su lado hasta los tres años de edad, la abuela del menor tuvo que sacarlo al cumplir nueve meses, pues no existían los cuidados médicos adecuados. Además, cuando le detectaron cáncer tuvo que esperar dos años para que le realizaran la cirugía que requería.

Criticó el estigma al que están sometidas pues representa un obstáculo para pelear por que no violenten sus derechos “cuando sucede algo nosotras somos las culpables porque al fin y al cabo somos tachadas por la sociedad como delincuentes y desgraciadamente no se dan cuenta que somos seres humanos, cuando me leyeron mi sentencia me dijeron que mis únicos derechos que perdí fueron mis derechos civiles de ahí en fuera ningún otro derecho, desgraciadamente nosotras como mujeres perdemos todos”.

El problema también tiene una dimensión estructural dentro del sistema penitenciario mexicano.

Al corte de enero de 2026, México registró una población penitenciaria de 259 mil 106 personas, lo que sitúa al país en el noveno lugar de un ranking de 215 naciones; este universo representa un reto de gestión gigantesco, expuso Gerardo Augusto Manrique López, defensor del IFDP.

Detalló que la población femenina representa apenas el 6.24 por ciento del total nacional, con 16 mil 172 mujeres. Advirtió que esta minoría estadística genera una invisibilidad en las políticas públicas, pues las autoridades cuestionan: “¿Para qué? ¿Cómo vamos a diseñar políticas para el 6.24 por ciento de la población? Ese es otro reto que tenemos como institución, pelearnos con las políticas públicas”.

El licenciado en derecho reprobó que a pesar de contar con 276 centros penitenciarios, México enfrenta un déficit de infraestructura: hay 259 mil 106 internos pero solo 226 mil 922 espacios disponibles.

Sobre este escenario, el especialista cuestionó la estrategia de ampliar la capacidad carcelaria como solución. “La solución nunca en ningún país ha sido aumentar la capacidad instalada, así es como le llaman las autoridades a cuánta gente puedo yo albergar, si haces cinco prisiones nuevas, las cinco se llenan. Entonces, el  defensor de ejecución tiene que ser un observador”.

También advirtió que el aumento de políticas punitivas ha modificado la función del sistema penitenciario y denunció que el incremento de leyes punitivas ha transformado las prisiones en sitios de mero castigo sin resocialización. Al respecto, se citó que estas leyes han convertido “las cárceles en depósitos humanos. Si aumenta la población, pues tienen que aumentar el personal que atiende a la población penitenciaria y los programas, de lo contrario, empiezan a colapsar”.

Crisis en el Cefereso 16: penas largas y falta de médicos

En el caso específico del Cefereso 16 en Coatlán, se reveló que, aunque el centro opera al 26.78 por ciento de su capacidad, el Estado no garantiza condiciones dignas para ese mínimo porcentaje. El 46.9 por ciento de su población está bajo prisión preventiva, muchas veces automática, lo que genera desesperanza y autolesiones, especialmente en aquellas internas que enfrentan sentencias sin beneficios.

Un patrón detectado en las mujeres que intentan quitarse la vida es la existencia de condenas excesivas. El personal del IFDP explicó que la salud mental se deteriora ante la falta de expectativas: “¿Qué esperanza le das a una persona cuando le dices, ‘Tú vas a pasar aquí 60 años y no vas a poder salir antes.’ Hagas lo que hagas, te portes  bien, te portes mal, no vas a poder salir antes”.

A pesar de los fallos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW) y las brigadas constantes, la situación médica no ha mejorado; una visita realizada el 20 de febrero de 2026 confirmó que internas no han recibido atención ginecológica en un año. La Defensoría recalcó que la falta de especialistas para mujeres no es solo una omisión, sino una violación directa a tratados internacionales.

El IFDP reafirmó su compromiso de mantener el litigio de condiciones de internamiento para evitar ser cómplices de esta exclusión. Se recordó que, según estándares internacionales, “el hecho de que los centros de reclusión no atiendan las necesidades específicas de las mujeres constituye una discriminación”.

Aunque recientemente el comité de la ONU concluyó que el Estado mexicano violó derechos humanos de 22 mujeres privadas de la libertad por el uso prolongado e injustificado de la prisión preventiva, los defensores públicos observan que existen retos importantes.

Finalmente, Manrique López expresó: “Katherine lo dijo de esta forma: ‘somos seres humanos’. Pareciera que a los que nos tienen que recordar que somos seres humanos, somos a los que estamos acá afuera”.