La discusión pública sobre la reforma a la Ley General de Aguas se ha centrado en la necesidad de aclarar diversos puntos técnicos que han generado confusiones entre pequeños productores. Uno de esos temas es el de la transmisión de pozos y concesiones en casos de herencia, como cuando un ejidatario cede su parcela a un hijo o cuando fallece el titular del aprovechamiento, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina, explicó que la iniciativa de reforma sí permite esta continuidad, pero exige realizar un procedimiento administrativo que formalice el cambio de titularidad para mantener un registro adecuado. La primera mandataria advirtió que en torno a este punto se ha difundido información falsa que atribuye a la iniciativa restricciones que no existen.
Para atender estas inquietudes y mejorar la redacción de los artículos involucrados, Sheinbaum Pardo recordó que se habilitó un foro de discusión en la Cámara de Diputados. Este espacio permitirá corregir ambigüedades, aclarar obligaciones y, sobre todo, combatir la desinformación generada por actores “con intereses específicos”, enfatizó.
Pese a los ajustes que puedan realizarse, subrayó que el fondo de la iniciativa no será modificado. Ello, porque la propuesta busca frenar el acaparamiento de agua, impedir la venta de permisos y limitar las transferencias de concesiones que, desde la ley de 1992, han permitido privilegios para ciertos distritos de riego y grandes usuarios.
Al respecto, Sheinbaum Pardo señaló que estas prácticas incluyen la venta de agua de riego a terceros, incluso sin el pago de derechos, lo cual ha generado distorsiones y beneficios privados sobre un recurso público.
La titular del Ejecutivo federal afirmó que existe coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Conagua y la Jucopo para integrar las precisiones necesarias sin alterar los objetivos centrales de la reforma. La expectativa, dijo, es que una vez concluidos los ajustes derivados del foro, la iniciativa avance hacia su aprobación.
Insistió que el propósito es garantizar que el agua se administre bajo criterios de equidad, transparencia y uso responsable, y que deje de estar sujeta a privilegios históricos que benefician a unos cuantos.
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