Pese a la extensión de parques de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores en el territorio chileno, los consumidores continúan sufriendo de un incremento constante en las tarifas. Por ello, se está impulsando un nuevo modelo de autogeneración eléctrica

Santiago, Chile. Chile, un país rico en energía solar y eólica, con parques de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, logró cambiar su matriz al incorporar las energías renovables. Actualmente, suman una capacidad instalada equivalente al 43.8 por ciento de su generación eléctrica.

Pero es deficiente en generar proyectos en pequeña escala, también conocidos como de generación distribuida o generación descentralizada, dedicados al autoconsumo, con la participación de comunidades organizadas. Ello pese a que se considera que estas iniciativas introducirían a la población en las ventajas de las energías limpias.

La generación distribuida permitiría esa inflexión, pero está en pañales en este país sudamericano de 19 millones 800 mil habitantes. No tiene suficiente impulso legal; no accede al financiamiento, y sufre un déficit cultural de una población que la conoce poco.

Los proyectos exitosos son de megaempresas, las cuales instalaron paneles y aerogeneradores en el norteño desierto de Atacama y en la Patagonia austral, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.

Sin embargo, venden la generación de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Ese buen negocio no beneficia a los consumidores chilenos, quienes sufren de un incremento constante en las tarifas. En los hogares, alcanzará hasta el 60 por ciento en 2025.

Es un aumento escalonado, el cual comenzó a cobrarse en julio. Asimismo, culminará en enero próximo, luego de cinco años de congelamiento de las tarifas por la pandemia de la Covid-19. Por ello, resulta marginal el impacto de la generación distribuida con sus paneles en techos de viviendas, escuelas y sedes comunitarias o municipales.

El gobierno del izquierdista Gabriel Boric se propuso impulsar esta energía ciudadana y alcanzar la meta de 500 megavatios (MW) de capacidad instalada al final de su mandato, en marzo del 2026.

Sin embargo, a 17 meses de llegar a esa meta, la generación distribuida es mínima. Sólo el 0.1 por ciento corresponde a generación conjunta, como también se conoce a la distribuida, según la estatal Comisión Nacional de Energía.

El Ministerio de Energía informó a IPS que, hasta noviembre 2024, la capacidad total instalada de proyectos de generación distribuida para autoconsumo alcanzó sólo a 290 MW.

“Las estadísticas muestran una tendencia al alza en este tipo de proyectos. Existen diversas iniciativas impulsadas por el Ministerio de Energía que buscan fomentar el desarrollo de este segmento, como el programa Techos Solares Públicos 2.0, que está en ejecución y tiene como objetivo instalar proyectos fotovoltaicos en instituciones públicas”, precisó la institución que dirige la política energética de Chile.

Entre 2015 y 2019, ese programa instaló sistemas fotovoltaicos para 136 edificios en 13 regiones de Chile por un total de 5.3 megavatios pico (MWp). Luego se creó una oficina técnica para apoyar a las instituciones públicas en sus análisis de factibilidad de planes de energía solar.

Chile ha establecido, dentro de los compromisos climáticos internacionales de reducción de las emisiones de efecto invernadero, que sus energías renovables no convencionales aporten el 80 por ciento de la generación eléctrica en 2030, y  el 100 por ciento en 2050, cuando alcanzará el cero neto de emisiones.

Las barreras en Chile

Cristián Mires, abogado y presidente de la oenegé Energía Colectiva, plantea que existen una serie de barreras, las cuales impiden desarrollar la energía distributiva de propiedad conjunta.

“Estos proyectos no son baratos. Se requiere asesoría técnica, legal y financiera. Una participación equivale a 530 dólares mínimo por cada usuario. Y si queremos ahorros mayores, hablamos de hasta 2100 dólares. Y la mayoría de la población no puede pagar ese costo”, explicó a IPS.

Lamentó que no exista financiamiento público ni privado para instalaciones de generación descentralizada.

Eso enlentece la aplicación de la Ley de Generación Distribuida para el Autoconsumo de 2014,  la cual faculta a hogares, escuelas y negocios a autoabastecerse, mediante la generación propia e inyectar los excedentes al SEN. En la práctica, esa generación tiene normas restrictivas para la propiedad conjunta.

“Se requiere modificarla y como Grupo de Acción por la Energía Ciudadana  participamos en mesas técnicas con el gobierno y el parlamento con ese fin”, relató Mires. “Estamos acostumbrados a un sistema centralizado, y si bien ha habido una sustitución de la energía fósil por la renovable, sigue siendo un modelo a gran escala, centralizado y que genera impactos negativos”.

Energía Colectiva, con base en Chile y redes en otros países latinoamericanos, lanzó en agosto el documento Energía ciudadana en Chile, propuestas para su fomento e implementación.

Allí, señala que existe potencial para alcanzar unos ocho gigavatios (GW) de esa generación ciudadana para 2040. Según el documento, Chile necesita “una transición que conciba la energía como un derecho, democratizando su producción y distribución. Una transición enfocada en la satisfacción de las necesidades humanas, pero que comprende la apremiante necesidad de reducir el consumo de energía. Esa transición sólo puede ser impulsada por la ciudadanía”.

Comunidades Energéticas, una clave

Las llamadas Comunidades Energéticas buscan favorecer la participación de nuevos grupos en la producción, gestión, consumo y comercialización de la energía. De igual manera, apuntan a un modelo energético descentralizado, local y de menor impacto ambiental.

Asimismo, buscan organizar a los ciudadanos para generar y gestionar su propia energía, ya sea con fines sociales, económicos y/o ambientales. “Se considera a estas comunidades como una herramienta fundamental para llevar a cabo transiciones energéticas justas, donde las personas cumplen un rol central en la transformación hacia sistemas más equitativos de generación y consumo de energía”, según destaca la revista especializada Energía y Equidad.

Basadas en el uso de energías renovables, las Comunidades ofrecen acceso a energía asequible, limpia y segura. También, permiten una participación activa en respuesta a la crisis climática y ecológica al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

En síntesis, buscan la promoción de la autonomía energética local, el fortalecimiento de la cohesión social, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y la descontaminación local.

La ley de 2014 y su reglamento de cinco años después fijaron normas para la generación y propiedad conjunta.

La escuela Nueva Zelanda, en el municipio de Independencia, en la zona norte de la capital,  y Coopeumo, una Cooperativa de agricultores en la región de O Higgins, colindante con la región metropolitana de Santiago, son proyectos comunitarios desarrollados por municipalidades, con participación de ciudadanos. Ambos están conectados a una red a la que inyectan la energía generada, y luego reciben descuentos en sus facturas de consumo.

Jorge Nauto, director del Liceo Industrial de Valdivia, una ciudad a 850 kilómetros al sur de Santiago, elogió la experiencia de instalar paneles fotovoltaicos en el techo de su centro.

“El sistema es de 70 kilovatios pico determinado en función de la superficie disponible y el consumo anual del edificio. Permite generar energía eléctrica para las dependencias e inyectar excedentes a la red eléctrica convencional mediante el uso de la Ley Generación Distribuida”, explicó a IPS desde su localidad.

“Gracias a esta generación se logró una significativa reducción de los costos asociados al consumo de electricidad”, antes de subrayar el valor, incluso educativo, de consumir energía limpia y renovable.

Nuevo modelo de negocios

Antu Energía es una empresa con sede en Coyhaique, en la austral región de Aysén, que implementa un nuevo modelo de negocio con energía fotovoltaica.

Éste permite descuentos remotos, los cual significa que una persona puede ser propietaria, o participar de una planta fotovoltaica que inyecta energía en un lugar, y descontar este valor en otro lugar de la misma compañía distribuidora.

“Convocamos a pequeñas empresas o personas para participar en Paneles Solares Virtuales adquiriendo una unidad mínima equivalente a la generación de 500 vatios¨, explicó Manuel Matta, socio fundador de Antu Energía, a IPS desde Coyhaique.

El modelo baja la inversión hasta 737 dólares el kilovatio (kW) instalado. Se compara con un proyecto similar impulsado que llega a 2 mil 632 dólares el kW.

Este ingeniero eléctrico ya vendió 28 de 60 unidades mínimas de participación en la planta de 30 kW instalada en los techos del liceo San Felipe, en la Plaza de Armas de Coyhaique.

Desde Joao Pessoa, en el norteño estado de Paraíba, en Brasil, Daniela Zamorano, coordinadora de proyectos de Energía Colectiva, indicó que en Chile falta voluntad política para impulsar la generación distribuida de propiedad conjunta.

“Estamos viendo hoy problemas con el alza de las tarifas y las soluciones que se proponen desde el gobierno siempre vienen desde la lógica de subsidiar el consumo. Esta es una bola de nieve que llega a montos con un gasto público gigantesco. Pero no visualizan opciones para una solución a largo plazo como es la generación distribuida”.

Orlando Milesi/Inter Press Service (IPS)*

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