Rosi Orozco debe ser llamada ante las autoridades: especialistas

Ahora que la Fiscalía capitalina revisa el caso de la violación sexual contra tres menores de edad víctimas de trata en uno de los refugios de la panista Rosi Orozco, ésta debe ser llamada a cuentas para acabar con la impunidad, consideran especialistas en combate a la trata. Urgen a que los 21 menores que se encuentran todavía en las instalaciones de la organización Comisión Unidos vs Trata sean atendidos por el Estado mexicano

Rosa María de la Garza Ramírez – conocida como Rosi Orozco – debe ser llamada ante las autoridades, ahora que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revisa el caso de la violación sexual de tres niños víctimas del delito de trata en uno de los refugios de la Comisión Unidos vs Trata, señalan especialistas.

A más de un año de que Contralínea revelara estos crímenes que violentan la integridad de los menores de edad y a poco más de tres meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 72/2022, en la que se documentan “diversas violaciones a los derechos humanos”, el caso sigue en la impunidad.

En febrero de 2021, este semanario dio cuenta de que “para protegerse de cualquier acusación, Rosi Orozco ordenó que se presentara una denuncia por abuso sexual en contra de los dos adolescentes que estaban bajo su tutela ante autoridades del Estado de México, a pesar de que el refugio se ubica en la zona de Cuajimalpa y, en consecuencia, debió darse parte a las autoridades de la capital del país y no llevar el caso a otro estado”.

El  asunto ha sido expuesto por Contralínea en varias ocasiones en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de que se han documentado las irregularidades con las que opera la organización, 21 menores víctimas de trata siguen bajo la tutela de Orozco, en los refugios de la Comisión Unidos vs Trata.

Alicia Mesa Bribiesca, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), señala que en este caso se requieren medidas legales hacia los responsable del refugio. La organización Comisión Unidos vs Trata “tendría que estar bajo la mira de la justicia y, de entrada, revisar qué va a pasar con estos 21 niños y cómo se le mejoraría su vida en otro albergue”.

Entrevistada en el marco del VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes –en la Cámara de Diputados–, Mesa Bribiesca expone que desde que se visualizó el asunto “se debió hacer una investigación muy profunda” y, a partir de ella, “hacer recomendaciones para que los refugios realmente funcionen como debe ser y, en todo caso, derivar la acción penal a quien está permitiendo que haya violaciones contra los niños”.

Por su parte, Gabriela Ruiz Serrano –profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien tiene como línea de investigación la trata de personas– dice que un papel muy importante que se tiene, desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia, “es que cuando ya se ha hecho visible un problema de mercantilización de los niños hay una urgencia por poder atenderlos y fincar responsabilidades”.

El señalamiento que ya ha hecho la CNDH, a través de la Recomendación72/2022, “obliga a que los dispositivos gubernamentales que están vinculados en esto tomen cartas en el asunto, dimensionen la problemática y se hagan las acciones pertinentes para sacar de esa red de inseguridad a los niños que se encuentran en condiciones de riesgo”.

Respecto de que la panista se presente ante las autoridades, la doctora en trabajo social señala que habrían de seguirse los canales pertinentes, desahogar la carpeta de investigación, “de ella y de las personas que puedan rendir cuentas y exhibir las pruebas necesarias para poder tener los elementos necesarios para una toma de decisión”.

Urge a que los 21 niños que aún se mantienen en los albergues de la organización Comisión Unidos vs la Trata estén en condiciones de seguridad, “que se encuentren en espacios libres de violencia porque ése es un derecho que ellos tienen, que se encuentren al cobijo del Estado”.

Ruiz Serrano advierte: “sabemos que los niños que viven en espacios de cuidado alternativo vienen de las más terribles violencias; el dejarlos en un escenario hostil y de maltrato los hace proclives a una revictimización”.

De la revisión hecha en la Escuela de Trabajo Social, comenta, se desprenden por lo menos 30 casos documentados de 2000 a la fecha, en donde se han vinculado a instituciones y organizaciones de la sociedad civil en las que se ha mercantilizado el cuerpo de los niños de maneras diversas: explotación sexual, explotación laboral, mendicidad forzada, tráfico de órganos y adopciones ilegales.

Desde el punto de vista académico, explica, a este tipo de violencias se le ha denominado “trata de cuello blanco, en donde desafortunadamente estas organizaciones que aparentemente atienden a niñas y niños, sin fines lucrativos, terminan lucrando con la vida de estos, además de colocarse en un marco de impunidad y de inoperancia estatal”.

Albergues y trata

Además de atender la problemática suscitada en la organización de Rosi Orozco, las autoridades deberán responsabilizarse de la atención a las víctimas de trata, pues ha habido un “importante adelgazamiento del Estado” en esta materia, dice la doctora Ruiz Serrano.

El Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia, de la CNDH, señala que “la mayoría de las procuradurías y fiscalías no cuentan con albergues, casas de medio camino y refugios especializados para atender a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, y en algunos casos, a falta de estos, solicitan la colaboración de otras instancias, tanto públicas como privadas”.

Del documento se desprende que las procuradurías y fiscalías generales estatales y la Fiscalía General de la República, sólo el 6 por ciento del total de éstas cuentan con un albergue especializado para víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas. Entre ellas, Guanajuato y Tlaxcala refirieron contar con uno. Por otro lado, el 79 por ciento manifestó no contar con albergue especializado en la materia y el 15 por ciento no proporcionó información al respecto.

Al no contar con refugios, las Fiscalías se apoyan en albergues públicos y privados, tal es el caso de Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Jalisco, dice el Diagnóstico de la CNDH.

Esta situación, comenta la doctora en trabajo social, “expresa un importante adelgazamiento del Estado donde la responsabilidad se deposita en privados que funcionan con dinero no necesariamente público. Desafortunadamente hay muchos imaginarios sociales que alimentan esta perspectiva donde se cree que cuando un niño o una niña llega a un espacio de cuidado alternativo, per se se restituyen sus derechos, pero qué pasa cuando estos espacios se configuran como espacios de riesgo en donde al interior, muchas veces, no se cuenta con modelos consistentes de atención y se mercantiliza y se revictimiza”.

En tanto, la directora del CAM enfatiza que en México “hay una carencia de albergues, a nivel institucional, del Estado” que debe atenderse de manera urgente. El Estado, dice, debería tener los albergues suficientes para la cantidad de niños en situación de trata, especializados en este delito, para que el menor tenga un “libre desarrollo de la personalidad; es decir, que se puedan atender los efectos psicológicos, físicos y  psiquiátricos”.

Es necesario que el Estado y que la misma sociedad civil se pongan de acuerdo en estos protocolos de atención y que haya un seguimiento de las autoridades a este tipo de albergues, “el problema aquí es una grave violación a los derechos humanos porque el Estado no hizo lo que debía; es decir, estar velando porque los refugios sean seguros, porque todos los niños estén realmente atendidos médica, psicológica y psiquiátricamente, con todo un protocolo de actuación donde se eviten este tipo de casos”, como el ocurrido en el refugio de la Comisión Unidos vs la Trata.

Precaria atención de trata en Edomex

Jaime Laines Potisek, coautor del estudio Trata de personas y política pública en el Estado de México, señala que el caso que involucra a Rosi Orozco debe llevarse a un “proceso de enjuiciamiento” en la Ciudad de México, que es donde ocurrieron los delitos de abuso sexual contra los tres menores. Respecto del hecho de que éstos se denunciaran ante las autoridades del Estado de México, para querer manipular el caso, indica, “ésa es una responsabilidad de ella que se debe de investigar por las autoridades”.

Laines Potisek señala que, desafortunadamente, en la entidad gobernada por el priísta Alfredo del Mazo prevalecen las “redes de corrupción y hace falta de formación y capacitación de las personas  juzgadoras”.

Del análisis de Laines Potisek se desprende que en el Estado de México se abrieron 138 carpetas de investigación por el delito de trata de personas en 2021, de las cuales sólo se han judicializado 20. Para 2022, ascendieron a 224 carpetas, con la judicialización de 46.

Refiere que el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México se conforma de 20 instituciones y cinco presidencias municipales, mismo que “se reunió en dos ocasiones durante 2019, una en el año 2020 y dos más en 2021. Este Consejo no tiene programa y, por ende, carece del informe del mismo”.

En tanto que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México “no ha emitido ninguna recomendación en torno a la trata de personas pero sí ha recibido quejas referidas a víctimas de trata de personas en los años 2020 y 2021”. En 2020 hubo el registro de 59 quejas, mientras que para 2021 ascendió a 69, un total de 128.

Por ello, considera indispensable “seguir visibilizando, denunciando, poniendo sobre el tapete de la voz pública”, para que no haya impunidad y se haga justicia a favor de los menores que han sido violentados en los albergues de Rosi Orozco. En torno a la permanencia de 21 niños, Laines Potisek señala que el Estado debe asumir su cuidado inmediatamente.

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