En los últimos sexenios, los gobiernos federal, estatal y municipal de todas las corrientes e ideologías políticas han hecho uso de empresas “fantasma” para facturar operaciones simuladas (EFOS) y desviar recursos públicos, lo que ha ocasionado cuantiosos daños patrimoniales al erario y la comisión de delitos como peculado, fraude, soborno, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y hasta lavado de dinero.
Al asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública que revisen, auditen y denuncien ese mecanismo fraudulento empleado por funcionarios federales y locales, de órganos autónomos, descentralizados y hasta de universidades públicas, quienes se coluden con empresarios para simular contrataciones de obras, bienes y servicios para apropiarse ilícitamente de recursos públicos.
Una de esas investigaciones fiscales identificó al gobierno de Chiapas como responsable de usar empresas factureras y, a través de auditorías hechas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se confirmó que por lo menos en los dos últimos mandatos estatales, uno correspondiente al exgobernador Manuel Velasco Coello (2012-2018), del Partido Verde, y otro del actual gobernador de Morena, Rutilio Escandón Cadenas (2018-2024), en cuyas administraciones se identificaron compras por 6 mil 194 millones 300 mil pesos con empresas que según reportes fiscales operan facturas simuladas.
De ese monto total, el 73.2 por ciento, que suman 4 mil 533 millones 800 mil pesos, habrían sido contratos en obras y servicios por los gobiernos de Rutilio Escandón y Manuel Velasco, y el resto, 26.8 por ciento, que significan 1 mil 660 millones 500 mil pesos, corresponde a contratos asignados a presuntas factureras por parte de autoridades municipales, institutos y universidades públicas de Chiapas.
El área de prensa de Rutilio Escandón recibió la petición de entrevista que le hizo Contralínea para darle oportunidad de explicar dichas contrataciones a cargo de su administración y que el SAT califica como irregulares, pero los encargados de comunicación social del gobierno de Chiapas nunca respondieron a la petición.
En el caso del exgobernador Manuel Velasco, él mismo explicó que la responsabilidad de asignar los contratos en su administración correspondió a cada secretaría del gobierno estatal, y aseguró que si había alguna irregularidad deben ser los exfuncionarios responsables de las licitaciones quienes rindan cuentas ante las autoridades correspondientes. El dirigente del Partido Verde y actual senador de la República dijo conocer que algunas de las empresas que sostuvieron negocios con su gobierno y que tienen alertas del SAT por supuestas operaciones ilícitas, han podido aclarar su situación ante las autoridades fiscales, pero eso es responsabilidad de cada una de ellas y también de los servidores públicos que les autorizaron las asignaciones del gobierno chiapaneco.
Investigaciones del SAT identificaron que en seis años (2015-2020) el estado de Chiapas realizó compras con dinero público por 6 mil 194 millones 300 mil pesos a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), también conocidas como empresas fachada o fantasma, pues algunas son constituidas legalmente por determinado tiempo para emitir facturas falsas y evadir el pago de impuestos; otras empresas, sólo de membrete, se utilizan para el lavado de dinero y, unas más, simulan compras de bienes y servicios en obras públicas que nunca realizan, como ocurrió en el gobierno federal del panista Felipe Calderón, cuando anunció que construiría una refinería que se llamaría Bicentenario y sólo levantó una barda por la cual se pagaron cerca de 2 mil millones de pesos.
El expediente que el SAT abrió sobre Chiapas, con fecha del 5 de julio de 2021, descubrió que entre 2015 y 2020 el gobierno del estado contrató obras con dichas empresas con alertas del SAT por 4 mil 533 millones 800 mil pesos; de ese monto, correspondió a universidades públicas de ese estado contratos supuestamente irregulares por 594 millones 700 mil pesos; institutos de esa misma entidad dispusieron de 414 millones 900 mil pesos; los municipios contrataron 403 millones 800 mil pesos, y otros organismos gastaron con ese mismo fin 247 millones 100 mil pesos.
En los últimos cuatro años del gobierno de Velasco (2015-2018), su administración empezó con la asignación de contratos a EFOS por 1 mil 957.9 millones, mientras que organismos municipales, institutos y universidades públicas también ejercieron dinero público en ese mismo periodo por 876.1 millones para contratar empresas factureras.
Con respecto a los dos primeros años del gobierno de Rutilio Escandón (2019-2020), el SAT informa que su administración siguió con la misma práctica de utilizar empresas clasificadas como EFOS y gastó 2 mil 576 millones al otorgarles contratos presuntamente irregulares. Los organismos municipales, institutos y universidades públicas asignaron contratos a factureras en esos dos años por 784 millones 200 mil pesos.
De la larga lista de empresas identificadas como EFOS por el SAT y que fueron contratadas para obras y servicios en el estado de Chiapas por los gobiernos de Manuel Velasco y Rutilio Escandón, destaca la Comercializadora TGZ, SA de CV, con sede en Aguascalientes y dedicada a la venta de material de limpieza, la cual facturó 841 millones 945 mil 25.10 pesos, a pesar de violar el Artículo 69-B del Código Fiscal Federal al “emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar…”
Esa Comercializadora TGZ fue la más beneficiada con contratos del gobierno chiapaneco al concentrar el 18.6 por ciento de los 4 mil 533 millones 830 mil 740.16 pesos.
La segunda EFOS más beneficiada fue la empresa queretana Abedules Alimentación, SA de CV, la cual recibió contratos del estado de Chiapas por 703 millones 97 mil 395.10 pesos, que representó el 15.5 por ciento del total asignado a decenas de empresas.
En la larga lista de empresas con alerta del SAT y que contrató el gobierno de Chiapas ocupa el tercer lugar Comercializadora del Valle Central, SA de CV, a la cual le asignaron contratos por 306 millones 598 mil 15.35 pesos, lo que significó el 6.8 por ciento.
El cuarto lugar lo ocupa la empresa Tishrei Asesorías, SC, de Jalisco y que por su servicio de consultoría en computación el gobierno chiapaneco le asignó contratos de manera irregular 191 millones 621 mil 786.40 pesos, que representó el 4.2 por ciento.
El quinto lugar lo ocupa Comercial Abastecedora Chloe, SA de CV, de Chihuahua y especializada en suministro e instalación de láminas y recubrimientos de acero, con un monto de 158 millones 288 mil 387.26 pesos, 3.5 por ciento.
En el sexto sitio se ubica a la empresa Comercializadora Descarga, SA de CV, ubicada en la Ciudad de México y dedicada al comercio mobiliario, equipo e instrumental médico, con contratos por 132 millones 646 mil 812.82 pesos, que representa el 2.9 por ciento.
En el lugar séptimo está Programación y Aplicación Inteligente, SA de CV, dedicada a dar asesoría en materia fiscal y contable con sede en el Estado de México, le asignaron contratos por 127 millones 951 mil 1282.49 pesos, el 2.8 por ciento del total.
El octavo sitio es para la empresa de San Luis Potosí, Constructora Jaguar Negro, SA de CV, con contratos por 126 millones 487 mil 151.37 pesos, 2.8 por ciento.
De acuerdo con información fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien fuera el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, Fidel Moreno de los Santos, recibía ingresos de distintas dependencias del gobierno del estado y de municipios como Tapachula y Tuxtla Chico que mantenían relación de negocios con empresas factureras.
Socio de las empresas Asesoría, Consultoría e Ingeniería Integral y AFJ Consultores, Moreno de los Santos tuvo incumplimientos fiscales del Colegio cuando lo presidió, como los pagos mensuales de IVA y de ISR, retenciones por asalariados y asimilados, desde enero de 2019 a abril de 2021; también en la declaración informativa de operaciones con terceros, de enero de 2020 a abril de 2021.
El SAT observó que diversos contribuyentes del sector público que le emitían nómina a Fidel Moreno realizaban compras a empresas que facturan operaciones simuladas que suman 4 mil 578 millones 500 mil pesos por “concepto de alimentos y con forma de pago por definir”.
Adicionalmente, las empresas que pagaban nómina a Fidel Moreno se relacionan entre sí porque realizan compras a las mismas EFOS, principalmente el gobierno del estado; los municipios de Tuxtla Chico y Tapachula; la Universidad Autónoma de Chiapas; la SAS denominada Deprop Servicios Profesionales.
El exmandatario chiapaneco Manuel Velasco Coello envió un escrito para dar su versión sobre esta investigación que llevan a cabo las autoridades fiscales y que reproducimos:
“Agradeciéndole la comunicación que usted amablemente ha abierto con un servidor, me permito hacer de su conocimiento la siguiente información. Todas las contrataciones de bienes y servicios realizados por el gobierno de Chiapas durante la gestión 2012- 2018, se llevaron a cabo conforme a lo establecido en los artículos 26 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
“Dicha disposición legal permitió a la autoridad acreditar que los proveedores cumplieran con sus obligaciones fiscales, legal existencia, tener infraestructura y capacidad de respuesta a los requerimientos establecidos. Es decir, que al momento de su contratación, no se encontraban limitadas o impedidas legalmente para contratar y contaban con sus constancias de cumplimiento fiscal de manera positiva.
“Asimismo, las leyes Orgánica de la Administración Pública del Estado y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como los artículos 76 y 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, establecen que cada uno de los titulares de las dependencias del gabinete legal y ampliado del gobierno estatal son responsables de realizar las contrataciones comerciales de sus dependencias a través de sus órganos administrativos respectivos.
“Por lo anterior, considero de la mayor importancia tomar en cuenta la opinión o las entrevistas correspondientes a las personas que en su momento fungieron como titulares de las dependencias del Gobierno del Estado y que de acuerdo a la normatividad local son los responsables de las contrataciones comerciales.
“Como lo he hecho en todo momento, me reitero a favor de que las autoridades competentes realicen todas las investigaciones pertinentes, por lo que estaré siempre en la mayor disposición de aportar la información necesaria cuando así lo soliciten las instancias correspondientes.
“1. Le comparto que de acuerdo a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Gobierno de Chiapas fue uno de los estados más auditados del país en el periodo 2012-2018 y que de acuerdo al índice de Información del Ejercicio del Gasto que elaboró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Chiapas fue uno de los estados de la República Mexicana que tuvieron mayores avances, pasando de un 39 por ciento de cumplimiento en el 2012 a un 98 por ciento del 100 por ciento de los puntos evaluados en 2017, siendo también una de las ocho entidades federativas que más avanzaron en este Índice del IMCO en el 2018.
“2. De igual forma, la auditoría realizada por la ASF a la información sobre contratistas y proveedores correspondiente al año 2018, arrojó la conclusión de que el ejercicio del gasto auditado de todas las secretarías y entes de la Administración Pública Estatal examinadas, fue eficiente y se realizó una gestión adecuada de los recursos públicos.
“3. Finalmente, sobre la información que desde 2019 se ha venido manejando en diversos medios de comunicación respecto al ejercicio del gasto de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer en la que se señaló una supuesta participación de empresas registradas en el listado del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, me permito informarle que dicha observación ya fue aclarada y solventada ante la Auditoría Superior de la Federación mediante el Oficio OAESI/SOL-0084/2018 correspondiente a la Auditoría 633-DE-GF.”
Sobre estas contrataciones, el abogado del exmandatario chiapaneco Manuel Velasco, José Luis Nassar, también envió un escrito:
“En relación con la información aportada en la cual se aborda el ejercicio de recursos públicos en el gobierno del estado de Chiapas de la anterior administración con proveedores diversos, me permito formular las siguientes aclaraciones.
“El gobierno del estado de Chiapas a través de sus dependencias y entidades celebró operaciones comerciales con diversas empresas, las cuales en todo momento cumplieron con los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios del Estado, acreditando su cumplimiento de obligaciones fiscales, legal existencia, contar con infraestructura y la capacidad de respuesta inmediata a los requerimientos formulados, de tal forma que la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización, o bien no formularon observación alguna en relación con dichas operaciones y/o proveedores, o en su caso, se logró la solventación de los resultados de auditorías, que cuestionaron sobre operaciones diversas.
“En lo referente a las diversas empresas citadas, algunas de ellas celebraron operaciones comerciales con el gobierno del estado, sin embargo, en la fecha de suscripción de los contratos, no se encontraban limitadas o impedidas por disposición legal para contratar, ni aparecían registradas en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
“Por lo anterior, se reitera que la información manifestada, no es acorde a la realidad de los hechos.”
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