Tres juicios sobre asuntos fiscales que se ventilan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) han llamado la atención en Palacio Nacional y en el conglomerado de empresas aseguradoras y afianzadoras que operan en el país, pues éstas nunca han pagado el impuesto al valor agregado (IVA) y, de perder los juicios, la Secretaría de Hacienda empezaría a cobrarles cantidades millonarias.

Por ahora, el monto de esos tres juicios asciende a unos 1 mil millones de pesos, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige pagar a aseguradoras y afianzadoras por concepto de IVA, pero las empresas y sus abogados sostienen que dicho impuesto es ilegal, y que no tienen por qué pagarlo, por lo que han solicitado el amparo de la justicia administrativa para evitar dicho cobro.

Estos casos no sólo implican 1 mil millones de pesos: lo que realmente tiene en alerta a todas las empresas relacionadas con el ramo de seguros y fianzas, es que de haber un fallo en su contra las obligaría a todas a pagarle al SAT ese impuesto por los últimos cinco años, como lo dictan las leyes fiscales. Según cálculos del SAT, la industria privada de ese ramo debería pagar unos 175 mil millones de pesos.

Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema el viernes pasado durante su conferencia matutina, cuando nuestra reportera Nancy Flores pidió su opinión sobre los juicios que se llevan a cabo en el Tribunal. El primer mandatario reconoció que se trata de un asunto muy delicado y sensible, por lo que el gobierno tratará de llegar a un acuerdo con todas las empresas para que paguen sin tener que irse a la quiebra.

Esta decisión del SAT ha puesto a temblar a las empresas que venden seguros y fianzas, porque prácticamente ese sector empresarial considera que se iría a la quiebra y miles de trabajadores de esa industria quedarían sin empleo.

El problema también se analiza y discute por algunas empresas extranjeras que operan en México, como es el caso de la aseguradora Axa, la cual habría externado su preocupación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que le comunicó que si la obligan a pagar miles de millones de pesos en impuestos cerraría sus oficinas en México, despediría a los trabajadores y regresaría a su sede en Francia.

El IVA que el SAT pretende cobrarles corresponde al 16 por ciento de todas las operaciones que realizan en territorio nacional y que hasta la fecha nunca han pagado.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas las aseguradoras y afianzadoras del país deben pagar dicho impuesto, por lo que en Palacio Nacional están muy pendientes de lo que resuelva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre los tres juicios que ya se ventilan allí, pues el fallo que se dé permitirá o no al fisco cobrar dicho impuesto correspondiente a los últimos cinco años. Para el próximo gobierno federal que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum, ello significa una recaudación de impuestos por cerca de 200 mil millones de pesos y aligerar el déficit fiscal del país.

Por supuesto que las empresas aseguradoras y afianzadoras, muchas de ellas pertenecientes a los corporativos de bancos en el país ­–como BBVA (Bancomer)–, argumentan que esto es injusto y que de fallar contra ellas y en favor de la Hacienda Pública, prácticamente desaparecerían y sólo quedarían unas tres o cuatro grandes empresas dedicadas a vender dichos servicios.

Hacienda y Presidencia analizan ese impuesto

En torno a estos juicios que se llevan a cabo en el TFJA, se han llevado a cabo consultas entre funcionarios de Hacienda y empresarios; también han opinado otros miembros del gabinete y el asunto es tan delicado que se revisa hasta en la propia Presidencia de la República, en donde se ve el detalle de lo que significaría el cobro de dicho impuesto del IVA para el sector asegurador y de fianzas.

En el SAT, su titular Antonio Martínez Dagnino insiste en que todas las empresas deben pagar IVA del dinero que les ingresa, y que por lo menos en los últimos 20 años no se ha cubierto, por lo que ahora se han ordenado auditorías a las empresas aseguradoras y de fianzas para determinar los montos de impuestos que tendrían cubrir.

Algunos empresarios, como por ejemplo los de Axa, han tratado de cabildear con diversos funcionarios del gobierno federal para explicarles que se trata de una cadena de dicho impuesto que en realidad nadie se beneficia; es decir, que la propia Hacienda no se queda con ese dinero porque simplemente no existe, ya que se regresa en devoluciones de impuestos.

Se ha ejemplificado esa tesis con un ejemplo del mercado de las refacciones para los seguros de los vehículos cuando tienen un percance y la aseguradora debe cubrir su gasto: las refacciones no se compran varias veces, sólo se hace una vez directo en fábricas, pero dicha refacción pasa al seguro, el seguro se la entrega al taller, el taller se la pone al coche y el dueño recibe su coche reparado.

Entonces se trata de una cadena que no genera más que el pago de un solo impuesto, no de varios impuestos en donde todos tengan que pagar el IVA, porque se trata de la misma refacción que pasa por varias manos; sin embargo, en el SAT la fórmula que utilizan para calcular el IVA es que cada que se mueve la refacción, para seguir con el mismo ejemplo, se debe pagar un 16 por ciento del costo original y esto no es así, porque el SAT va a tener que hacer devoluciones de impuestos y al final no ingresarían a las arcas públicas esos supuestos 175 mil millones que ahora se calculan en Hacienda.

El punto es que se pagaría un impuesto que nunca se cobró y las aseguradoras se quedarían insolventes para cubrirlo y la mayoría de ellas quebrarían en consecuencia, mientras que dicho impuesto que no se devuelve sería absorbido al final por el usuario asegurado, quien es el que no lo reclama y sería el verdaderamente afectado.

Una de las primeras decisiones que se habrían adoptado entre las autoridades financieras, es que cuando el Tribunal Administrativo de su fallo, si éste es contrario a la posición del SAT, ya no se apelaría y las empresas dejarían de cubrir el impuesto.

El presidente propone negociar impuesto con aseguradoras

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que en estos juicios que se ventilan en el TFJA y que corresponden a administraciones anteriores, el gobierno federal tomó la decisión de cobrar el IVA a las aseguradoras porque de acuerdo con la norma tienen una deuda con el SAT y ese Tribunal Administrativo está resolviendo los amparos interpuestos por las empresas privadas.

El mandatario mexicano dijo que este es un asunto delicado porque se trata de cantidades considerables de dinero que deben pagar si se aplica estrictamente la ley; pero, por otro lado, las empresas aseguradoras sostienen que no podrían soportar el pago completo que implica del IVA al SAT, así que “voy a solicitar al director del SAT, Antonio Martínez Danigno, que venga (a la conferencia matutina en Palacio Nacional) y que exponga aquí este asunto, porque las empresas, sobre todo sus representantes del sector empresarial, están pidiendo que no se aplique la ley y, por el otro lado, nosotros tenemos que cobrar, porque es un mandato legal y es un recurso para fortalecer la hacienda pública, el presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos”.

El titular el SAT también explicará el estado de los juicios en las primeras instancias del TFJA y las modificaciones legales en la materia que obligarían a las aseguradoras a pagar el IVA del 16 por ciento.

El presidente de la República aclaró que en la decisión el gobierno considerará si este cobro del IVA realmente puede llevar a la quiebra a las empresas y a una crisis que pueda perjudicar a los asegurados, porque finalmente ellos no son directamente responsables, entonces de ser así se buscaría la forma de llegar a un acuerdo para evitar medidas extremas sin que se deje de cumplir con la ley.

A pregunta de la reportera Nancy Flores, de Contralínea, López Obrador dijo además que las reformas que se plantean al Poder Judicial también incluyen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual aunque es autónomo, sus magistrados deberán ser elegidos democráticamente por el pueblo, como se ha propuesto para los casos de los ministros de la Corte, los magistrados y jueces del Poder Judicial.

 

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