Uno de los mayores reveses para la presidencia de Norma Piña en la Suprema Corte fue perder la votación para invalidar la nueva Constitución, y con ello frenar las elecciones de jueces y magistrados. Su paso como jefa del máximo tribunal quedará marcado en la historia no sólo por ese golpe “aguado” contra la Carta Magna, sino porque –en su desesperación– también buscó hacer trampa, al pretender que la mayoría calificada se alcanzaba con sólo seis votos. A partir de ahora, y ante la inminente salida del ministro Luis María Aguilar, el mandato de Piña se debilitará, mientras avanza el proceso electivo del Poder Judicial. Para el próximo año, de ese bloque conservador enquistado en la SCJN ya no quedará ni un solo integrante, pues el pasado 30 de octubre los ocho presentaron sus renuncias. Ahora, la responsabilidad de elegir a juzgadores que respondan al pueblo y no a intereses oligárquicos –nacionales y extranjeros– estará en manos del propio pueblo
En un hecho sin precedentes, un bloque de siete ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –encabezados por Norma Lucía Piña Hernández– buscaron imponerse como un suprapoder no sólo frente al Ejecutivo y al Legislativo, sino también frente a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, como auguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el golpe de ese bloque conservador fue “aguado”, y ahora le pasará factura a la presidencia del máximo tribunal.
Además de Piña, se trata de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá (quien fue el ponente del caso), Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek. Bloque al que esta vez no se sumó Alberto Pérez Dayán, quien también responde a intereses alejados al pueblo.
Sin ese voto del ministro Pérez Dayán, el pasado 5 de noviembre el bloque conservador no pudo invalidar la nueva Constitución –para frenar las elecciones de jueces y magistrados, como proponía el ilegal proyecto del ministro González Alcántara Carrancá–, lo que es el más grande fracaso para la presidenta del máximo tribunal.
Hasta ahora, la ministra Norma Piña había tenido éxito en la mayoría de sus acciones anti democráticas; mientras que el revés más importante –previo a la votación del 5 de noviembre– había sido cuando, el 27 de agosto pasado, el ministro González Alcántara Carrancá se pronunció acerca de la contradicción de criterios 231/2024, que buscaba otorgar a la Corte –de forma indebida e ilegal– la competencia final sobre la asignación de diputaciones y senadurías por la vía plurinominal en el Congreso.
En el fondo, dicho recurso pretendía que desde la SCJN se le arrebatara la mayoría calificada en el Congreso a los partidos Morena, PT y Verde. El objetivo era claro: impedir la aprobación de la reforma judicial, que finalmente se votó en septiembre. Ese primer intentó de golpe “aguado” fracasó porque González Alcántara Carrancá rechazó lo que la ministra Norma Piña le había solicitado: que se negara en el proyecto que la decisión del TEPJF era inatacable.
El caso de la presidenta Norma Piña no se ciñe a su oposición a la democratización del Poder Judicial, sino a todo el proyecto de nación por el que ha votado la mayoría del pueblo en 2018 y 2024.
Desde que asumió el control del Poder Judicial, en enero de 2023, la ministra se decantó por obstaculizar la construcción de un nuevo régimen, y se alió con la oposición (incluidos los partidos políticos que ahora, artificialmente, intentaron generar una crisis constitucional, de la mano de medios corporativos de comunicación).
La decadencia que enfrenta la ministra Norma Piña inició prácticamente desde los primeros días de su mandato, cuando dejó al descubierto su oposición al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que éste representaba la voluntad popular (al haber sido electo por 30 millones de votos).
Desde el principio de su gestión, la ministra presidenta –que también encabeza el Consejo de la Judicatura– convocó a jueces y magistrados a actuar en supuesta independencia judicial, lo que derivó en la liberación de decenas de generadores de violencia (sobre todo ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación) y de delincuentes de cuello blanco, lo que contribuyó a la inseguridad, así como a la inestabilidad política y social.
Asimismo, alentó que los ministros y ministras del bloque conservador suplantaran al Poder Legislativo: la Suprema Corte invalidó más de 70 leyes y reformas –incluida la Ley de la Industria Eléctrica–; además de otorgar amparos –no sólo en el máximo tribunal sino también en juzgados y tribunales– que afectaron obras, políticas públicas –como la distribución de libros de texto gratuitos– o que impidieron luchar contra la corrupción.
Pero Norma Piña no se detuvo ahí, en agosto de 2023 amenazó por primera vez y de forma pública la transición del poder, al declarar que el proceso electoral de 2024 no sería pacífico ni habría estabilidad democrática si no se les asignaba el presupuesto millonario que pedía. Para diciembre, se reunió en una cena con el líder del PRI –Alito Moreno–, en la casa del ministro González Alcántara Carrancá, y tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para presionar a estos últimos y que aceptaran ser encabezados por el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón. A la cena también estaba convocado el panista Santiago Creel, entonces jefe de campaña de Xóchitl Gálvez, pero no asistió.
Para abril de 2024, en la antesala del proceso electoral, su ponencia abrió y filtró un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro Arturo Zaldívar, quien para entonces ya era parte del equipo de campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ello, la titular del Poder Judicial pasará a la historia como una funcionaria y jurista deshonesta, capaz de hacer trampa y alterar intencionalmente la interpretación de la ley máxima en beneficio de unos cuantos, como ocurrió el pasado 5 de noviembre, cuando no sólo convalidó un proyecto espurio, sino que hasta intentó impulsar la idea de que seis votos configuraban mayoría calificada para pasar por encima de la voluntad mayoritaria, que el 2 de junio también votó por el Plan C.
El descalabro del 5 de noviembre
En una de las sesiones más observadas, el pasado 5 de noviembre el Pleno de la Suprema Corte analizó las impugnaciones formuladas contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024.
De forma inaudita, el máximo tribunal dio entrada a los recursos contra la Constitución promovidos por los opositores partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Y por mayoría de votos consideró que los partidos políticos sí tienen personalidad jurídica para oponerse a la Constitución.
No obstante, el proyecto de Carrancá no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos –en contra de éste, votaron las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán–, por lo cual no se pudo declarar la procedencia de las acciones analizadas ni invalidar diversos preceptos que ya forman parte de la Constitución.
Al sólo alcanzar siete votos, y tras varias horas de discusión, Norma Piña propuso un receso para que el resto de ministros y ministras pensaran si procedía una supuesta mayoría calificada de sólo seis votos. Al reanudar la sesión, la presidenta de la Corte reiteró que para ella seis votos eran suficientes.
No obstante, su propuesta tampoco pasó, y el Pleno del máximo tribunal tuvo que desestimar los conceptos de invalidez en la acción de inconstitucionalidad 164/2024 –y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024– promovidas por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Zacatecas, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Unidad Democrática de Coahuila.
Los partidos opositores exigían en sus recursos que la Suprema Corte declarara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2024.
Visiblemente molesta porque no le alcanzaron los votos para pasar por encima de la Carta Magna, la presidenta Norma Piña cerró aquella sesión, no sin antes advertir que el resultado de la votación no implicaba que la Suprema Corte se hubiera pronunciado sobre la validez de la reforma judicial. En realidad ya no hacía falta, porque la reforma judicial ya es parte de la nueva Constitución, y en los hechos avanzará para democratizar al Poder Judicial.
Así, a partir de ahora, y ante la inminente salida del ministro Luis María Aguilar Morales –cuyo encargo acaba a fines de este mes de noviembre–, el mandato de Piña se debilitará, mientras avanza el proceso electivo del Poder Judicial. En los meses que aún le restan al mandato de Norma Piña ya no tendrá mayoría calificada para asestar algún otro golpe, todo vendrá de las salas de la Corte, pero el daño ya será mínimo.
Para noviembre de 2025, de ese bloque conservador enquistado en la SCJN ya no quedará ni un solo integrante, pues el pasado 30 de octubre los ocho ministros y ministras presentaron sus renuncias, por lo que no se someterán al proceso electivo. Quienes sí competirán serán las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Ahora, la responsabilidad de elegir a juzgadores que respondan al pueblo y no a intereses oligárquicos –nacionales y extranjeros– estará en manos del propio pueblo. De acuerdo con la convocatoria, la primera elección de ministros, magistrados y jueces será en junio de 2025. Frenar la llegada de los conservadores neoliberales al máximo tribunal deberá ser la prioridad para la mayoría.
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