La Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026 –en su Eje 7, sobre Soberanía Alimentaria– de la Secretaría de Ciencia podría vulnerar la reforma constitucional en materia de protección al maíz nativo aprobada en 2025, al utilizar términos como “edición genética sin candados” o “técnicas que no superan barreras naturales”. Expertos consultados consideran que ello permitiría la generación de nuevas variedades, sin excluir expresamente al maíz. La convocatoria también impulsa la “secuenciación genética de especies nativas”. Para los entrevistados, estas actividades ponen en riesgo el patrimonio biocultural del país y podría propiciar biopiratería y “despojo digital”.

A un año de que se aprobara la reforma a los artículos 4 y 27 constitucionales en materia de protección a los maíces nativos, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) lanzó la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026, que podría contravenir las modificaciones a la Carta Magna al recibir proyectos de edición y secuenciación genética sin excluir expresamente al maíz y sin establecer un régimen especial, advierte la Campaña Sin Maíz o Hay País.

En entrevista para Contralínea, el abogado de la Campaña, David Rivera Fragoso, explica que en la convocatoria se utiliza un “juego de palabras que viola la propia Constitución”, pues pareciera que buscan sortear la protección y “señalan términos que no existen en la ciencia, como edición genética sin candidatos”.

En su glosario de términos, el documento emitido por la SECIHTI establece que las técnicas que no superan barreras naturales son “métodos de mejoramiento que operan dentro de los límites genéticos compatibles del organismo, incluyendo selección asistida, mutagénesis sin inserción externa y edición genética sin ‘candados’, admitidos en la investigación pública para la mejora de cultivos nacionales”. Para el abogado Rivera Fragoso, “no hay tecnología por edición genética que no rebase las barreras naturales”.

Al respecto, el defensor de los maíces nativos indica que “para poder generar edición genética se requieren laboratorios y equipos especiales, no se puede hacer simplemente vía polinización abierta o por cualquier forma de polinización”. Por ello, considera que “el concepto lo escribió un abogado o abogada en lugar de una persona científica, porque pareciera que buscaba un arma para sortear la prohibición que trae la Constitución y no realmente enfocarse en conceptos científicos”.

Por su parte, Alma Piñeyro, doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que la edición genética y mutagénesis inducida “son dos técnicas diferentes”; no obstante, la Secretaría las está equiparando “en una serie de definiciones ambiguas, porque mientras se dice que no se van a permitir organismos transgénicos”, sí se permitirá la edición genética, argumentando que es más precisa y no introduce genes externos.

Sin embargo, la especialista indica que esto es confuso, ya que, para realizar procesos de edición genética con nuevas tecnologías como CRISPR-Cas, se deben incluir moléculas como ARN guías dentro del organismo “que se sintetizan a nivel de DNA, y eso lo tienes que introducir por algún mecanismo al organismo que quieres editar genéticamente; y una de las maneras en que se hace, y es bastante habitual en plantas, es la transgénesis”, lo que contradice la prohibición de introducir material genético externo.

Aclara que, aunque hay otras técnicas que no requieren la transgénesis, el resultado es “un organismo que va a tener genes internos propios del organismo, pero modificados mediante técnicas de biotecnología moderna que no hubieran existido, ya que la probabilidad de que eso ocurriera de manera natural es bajísima”.

Además, advierte que uno de los riesgos asociados a esta tecnología es que no se sabe cuáles van a ser los impactos de las modificaciones en los genes (ADN). Ello porque la utilización de CRISPR-Cas funciona como una especie de tijera molecular que dirige la modificación o corte hacia un gen específico; no obstante, existen estudios que demuestran que se pueden generar cambios en otros genes que no eran el objetivo.

Bajo este contexto, Alma Piñeyro observa una contradicción en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca homologarse con los planteamientos a nivel internacional que defienden la utilización de nuevas tecnologías: “son consistentes con personas que utilizan el discurso en la edición génica como ‘solo estoy modificando lo que ya existe dentro de los organismos’. Evaden decir cómo introduzco estas proteínas o estas secuencias genéticas para poder hacer edición genética; lo equiparan a un sistema sustentable y por lo tanto dicen que es agroecológico, todo esto dentro de un principio de naturalidad que no está probado ni empírica ni teóricamente”.

Asimismo, recuerda que dicha contradicción ya había quedado evidenciada cuando se presentó la iniciativa de reforma, que en un inicio solo planteó la exclusión del maíz transgénico, por lo cual, académicos y sociedad civil solicitaron un criterio de exclusión más amplio.

Al respecto, expresa: “digamos que es la nueva moda dentro de la ingeniería genética, es una técnica muy poderosa para muchas cosas, por supuesto que lo es y que puede ser útil para algunos contextos; pero aquí, de entrada, decir que necesitamos edición genética para fortalecer la soberanía alimentaria, es estirar la cuerda entre una serie de necesidades que sí tenemos en el país con una tecnología que además solo te puede dar ciertas cosas”.

Por todos los riesgos asociados para el maíz, “la convocatoria debería señalar que, si bien, se podría hacer investigación en temas de maíz genéticamente modificado, antes tendrían que realizarse evaluaciones de riesgo para determinar que esa investigación no va a dañar la salud de las personas, el medio ambiente y el patrimonio cultural de México”, destaca David Rivero Fragoso.

Agrega que también tendría que definirse con claridad que, “si se va a hacer la investigación en maíz, solamente va a terminar en investigación y nunca va a poder sembrarse ni liberarse al medio ambiente, ni en el campo mexicano; puede quedarse en simples cajas de petri o tubos de ensayo, pero ni siquiera puede hacerse en un jardín botánico o en un invernadero por el alto riesgo que podría generar una fuga de este material genético”.

Y es que en el documento difundido por SECIHTI se establecen como productos prioritarios para el alcance de los proyectos presentados el “maíz, frijol, arroz, trigo, amaranto, caña de azúcar, café, cacao, leche, algodón y miel (sin ser limitativos a ellos)”.

Biopiratería; el riesgo del despojo

Rivero Fragoso expone otro de los temas preocupantes dentro de la convocatoria que son los proyectos sobre secuenciación genética que podrían terminar en actos de biopiratería.

“Suena muy tétrico y sí lo es, porque las secuencias digitales se obtienen a través de estudios que se hacen sobre el genoma de las plantas nativas en México, pueden ser abiertos o privados, y sin el consentimiento de las comunidades que se han encargado de custodiar y de mantener la diversidad de estas especies”.

Para comprender la amenaza hacia el patrimonio biocultural de México, expone el caso del maíz olotón, una especie nativa que al requerir condiciones específicas para su crecimiento sólo se cultiva en los estados de Oaxaca y Chiapas. Dicha variedad tiene una particularidad: posee una alta capacidad de captación de nitrógeno, lo que le permite autofertilizarse.

La propiedad de esta especie llamó la atención de científicos de la Universidad de Wisconsin y la empresa transnacional Mars, quienes intentaron patentar la semilla sin consultar debidamente a las comunidades de la sierra mixe, quienes históricamente han sido guardianas del grano y que además lograron un mejoramiento genético autóctono.

A decir del integrante de Sin Maíz No Hay País “estos recursos genéticos podrían ser insertados en otros maíces o en otras especies vegetales a través de la edición genética para que puedan autofertilizarse, y esta va a ser una tecnología que va a valer millones de dólares en un futuro no muy lejano, pero la comunidad indígena que la protegió y que la conservó, no va a obtener ningún beneficio de esto”.

Con el fin de evitar que las grandes compañías consiguieran la patente, en el sexenio pasado instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias participaron en el proyecto del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) llamado Protección de la Propiedad Intelectual Social del Carácter Fijación Biológica de Nitrógeno del Maíz Olotón.

Para la doctora Piñeyro, en el contexto del entonces Conahcyt “sí había una intencionalidad de que los académicos y especialistas saliéramos de nuestros cubículos en nuestras universidades y tratáramos realmente, de manera genuina, de hacer sinergia para tratar de solucionar problemas socioambientales concretos, desde la parte en la que podemos aportar como investigadores y académicos; y creo que, en este sexenio, ese impulso se está un poco vaciando de contenido. Este eje estratégico, y otros quizás, mantienen la forma, pero no mantienen el fondo”.

Las transnacionales beneficiarias del despojo

Aunque se plantea que la mejora genética de las semillas y granos de principal consumo en el mundo responde a crear cultivos más resilientes frente a amenazas como el cambio climático, lo cierto es que quienes se han beneficiado de estas investigaciones son las empresas transnacionales que controlan dicho mercado.

De acuerdo con el investigador de la SECIHTI, Emmanuel González, “entre el 80 y 90 por ciento de las semillas híbridas que se utilizan para la agricultura en nuestro país, tienen el régimen de propiedad intelectual, es decir, son empresas semilleras transnacionales las que tienen los derechos para vender estas semillas”.

De hecho, a pesar de que la técnica CRISPR suele ser más barata que la transgénesis, sus patentes pertenecen a grandes instituciones y empresas. Esto significa que el pequeño agricultor pasa a ser un usuario de la semilla, es decir tiene que pagar a estas compañías por usarla, un hecho que en México se ha denunciado desde la firma y posterior entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.

Las semillas editadas están protegidas por patentes de utilidad, lo que significa que el agricultor tiene prohibido legalmente guardar parte de la cosecha para replantar el año siguiente o podría ser sancionado de acuerdo con lo que establezca la ley. Esto a su vez, genera una dependencia tecnológica; es decir, que si las semillas editadas se vuelven el estándar debido a su resistencia al cambio climático, los agricultores deben pagar anualmente a las grandes firmas biotecnológicas.

González manifiesta que es de suma importancia cuestionar ¿qué se entiende por soberanía alimentaria?, y en el marco de la convocatoria, expone que “un dato real es que México importa cada vez mayor cantidad de granos desde el extranjero, por ejemplo, desde Estados Unidos, con el maíz”.

Cabe hacer mención de que, tras la disputa en el panel de controversias del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por intentar prohibir el maíz transgénico, el enfoque se ha desplazado hacia la edición genética.

Estados Unidos argumenta que se trata de una barrera no arancelaria y que, bajo el Capítulo 3 del T-MEC sobre Agricultura, cualquier medida que restrinja productos biotecnológicos debe basarse en “principios científicos”. La resolución final en ese caso no favoreció a México. Por ello, en 2025, se elevó a rango constitucional la protección del maíz nativo y la prohibición de maíces modificados.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación establece: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales”.

Sin embargo, existe una fuerte presión para que el gobierno aclare si la edición genética CRISPR se considera “modificación” prohibida o una técnica de “fitomejoramiento moderno” permitida. Aunado a ello, el T-MEC obliga a México a adherirse al acta UPOV-91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), en la que se determina la privatización de semillas, pues prohíbe que los agricultores guarden e intercambien semillas patentadas.

Como las semillas editadas con CRISPR suelen estar protegidas por patentes de empresas como Corteva o Bayer, el T-MEC obliga a México a perseguir legalmente a quien use esas semillas sin pagar regalías. Desde Washington se exige que México adopte una definición de “biotecnología agrícola” que incluya explícitamente a CRISPR como una técnica segura y no sujeta a las restricciones de los transgénicos. El riesgo para México es que, si decide tratar las semillas CRISPR como si fueran transgénicos bajo el principio de precautorio, Estados Unidos podría imponer aranceles a otros sectores.

No obstante, Emmanuel González advierte que “estas biotecnologías están consideradas para modificar organismos que tendrán el propósito de ser liberados al ambiente. Pensemos un ejemplo que no está considerado en la convocatoria: los mosquitos modificados genéticamente que emplean como una de las herramientas la edición genómica mediante CRISPR-Cas. Son propuestas tecnológicas que de hecho están pensadas para ser liberadas al ambiente, pero una vez que se liberan estas tecnologías no hay capacidad de sacarlas”.

De continuar con la convocatoria sin establecer un marco regulatorio estricto, sostiene que “se estaría repitiendo el modelo de hace 30 años que ocurrió con los organismos genéticamente modificados por transgénesis, en donde se decía particularmente de los cultivos transgénicos tolerantes a los herbicidas, que era como la bala de plata para la solución en la agricultura, y más de 30 años después vemos que tiene impactos socioambientales, económicos, e incluso culturales, a tal grado que hay demandas en Estados Unidos contra compañías biotecnológicas que venden el herbicida glifosato por personas a las que les ha provocado daños a la salud”.

Para el investigador de SECIHTI lo ideal sería “preguntar a los productores agrícolas si ellos creen pertinente o necesaria la utilización de estas tecnologías. A lo mejor la respuesta de ellos pudiera ser: ‘no, quizás necesitamos semillas o sistemas de riego, maquinaria, asistencia técnica’, pero este tipo de iniciativas si bien van en sentido de fortalecer la ciencia y la tecnología, sí hay que tener precaución en el sentido de qué alcances esperan, qué intereses se convocan, qué alcances tiene y los posibles efectos ambientales o socioambientales”.

La doctora Alma Piñeyro critica que el tema prioritario número cinco de la convocatoria, titulado Fomento para la protección y conservación de la biodiversidad, representa una contradicción, ya que “el hacer edición genética no te implica ningún tipo de conservación y de protección de la diversidad en ningún punto”.

Reconoce que se pone una salvaguarda al final, al establecerse que “se tiene que garantizar que la innovación biotecnológica se genere bajo estricto control público, sin poner en riesgos la salud, la biodiversidad, la soberanía ni el acervo genético y biocultural de México”. El conflicto es que “no queda claro cómo va a haber este tipo de salvaguardas, si consideramos que la ley de bioseguridad que existe desde el 2005 tiene criterios un tanto laxos para aplicar criterios de bioseguridad, y no estaba incluyendo en ese momento a organismos editados genéticamente, aunque la definición de ‘organismo genéticamente modificado’ de la ley de bioseguridad sí engloba a los editados genéticamente, pero la edición genómica por CRISPR-Cas no existía cuando se hizo la ley”.

Considera que el marco debe quedar claro debido a que las leyes no garantizan una protección integral. La propia Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados –conocida como Ley Monsanto– ha sido insuficiente para evaluar los riesgos sobre esos organismos, hecho que ha quedado documentado con el caso de la soya transgénica en la península de Yucatán, el algodón que se sembró en fase experimental y terminó contaminando los acervos de algodón nativo en territorio nacional, y el caso del maíz en el que se detectó presencia de transgénicos. Subraya que una vez que esto ocurre, “no hay ningún mecanismo para tratar de eliminar esos materiales genéticos”.

Relacionado con esto, el científico Emmanuel González expresa que “en México, hasta ahora no conozco, y no creo que haya, algún laboratorio que sea capaz o que tenga las capacidades instaladas de identificación y de monitoreo de estas nuevas modificaciones genéticas en maíz o en cualquier cultivo”.

Para el activista David Fragoso el llamado es claro: “no nos oponemos a la investigación, pero que se establezca un régimen especial para el maíz”, y en el caso de la biopiratería “no puede la SECIHTI promoverla ni el despojo de los recursos genéticos, no nos suponemos que se haga investigación sobre éstos, pero si se va a hacer, primero se tiene que establecer un marco regulatorio claro sobre cómo se van a obtener estos recursos, con la participación de quién, cómo se va a obtener el consentimiento de las comunidades, y en caso de que se lleguen a generar beneficios sobre su uso, tendrá que establecerse claramente cuáles son los procedimientos para que las comunidades puedan ser partícipes de estos beneficios”.

La convocatoria de SECIHTI plantea la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dirigida por Julio Berdegué Sacristán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de Alicia Bárcena, así como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Precisa que “Con el propósito de fortalecer la vinculación interinstitucional con la Secretaría de Economía, se propone que los datos derivados del mapeo de oportunidades comerciales se utilicen como insumos para la formulación de recomendaciones de política pública, garantizando la sistematización y el acceso abierto de la información generada conforme a los mecanismos de coordinación establecidos”.

 

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