FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
La administración y operación de la empresa gubernamental Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), presidida por el octogenario priísta Ignacio Ovalle Fernández, cuyo antecedente nos remonta al gobierno corrupto de Carlos Salinas de Gortari, cuando el funcionario estuvo al frente de Conasupo (1988-1990), está marcada en lo que va del sexenio por constantes señalamientos de corrupción, fraudes millonarios e irregularidades en la normatividad interna que, de acuerdo con las últimas auditorías practicadas por el órgano del Congreso de la Unión, han causado un dañado al presupuesto público por 5 mil 500 millones de pesos.
Lo más grave ha sido el daño patrimonial descubierto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Segalmex por 900 millones de pesos en 2020, relacionado con los contratos CSS/028/2020 –por más de 690 millones de pesos–, CSS/023/2020 –por 75 millones–, CSS/045/2020 –por más de 7 millones– y un convenio modificatorio del contrato CSS/018/2019 –por más 130 millones de pesos, relacionados con la prestación del servicio especializado en apoyo de actividades institucionales, conocido como outsourcing.
También se reporta la carencia o desactualización de manuales sobre la normativa interna o las disposiciones legales de esa empresa responsable de alcanzar la soberanía alimentaria del país, que derivó en irregularidades por más de 4 mil 350 millones de pesos, de los cuales 47.5 millones corresponden al exceso de tonelaje permitido en el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, directamente en las compras de maíz a casi 600 campesinos en los periodos productivos de 2019 y 2020.
Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Segalmex representa uno de los proyectos prioritarios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual se busca instrumentar precios de garantía a los productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. El organismo fue creado para “romper el círculo vicioso entre la postración del campo y la dependencia alimentaria”.
Designado directamente por el presidente López Obrador, con quien lo une una vieja amistad, Ovalle Fernández ha sido rebasado por sus colaboradores más cercanos, quienes han hecho negocios personales con los productos del campo, su almacenamiento y la comercialización.
Eso mismo ocurrió cuando Ignacio Ovalle estuvo al frente de Conasupo en el gobierno de Salinas Gortari, en donde su hermano Raúl era el mandamás y, junto con funcionarios corruptos impuestos por éste, se dedicaron a lucrar con los productos agrícolas y desviar recursos públicos mediante negocios ilícitos con maíz, frijol y leche, principalmente.
En aquel sexenio de 1988-1994, Raúl Salinas de Gortari ocupó el cargo de gerente general de Diconsa (Sistema de Distribuidoras Conasupo) y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo, lo que le permitió que Ovalle Fernández fuera sólo una figura decorativa al frente de esa empresa paraestatal.
A Ovalle Fernández se le señaló en su momento por presuntamente incurrir en el desvío de recursos públicos junto con otros funcionarios de aquel momento –como Juan Manuel Pasalagua, Salvador Giordano, Julio César Ruiz Ferro y Guillermo Knockenhauer, todos estuvieron bajo proceso penales por corrupción–, así como por la compra de maíz para criar cerdos y distribuirlo entre la población, adquirir frijol con gorgojo e importar –con comisiones de por medio– grandes cantidades de leche en polvo contaminada por radicación de Chernóbil, lo que causó la debacle de los productores mexicanos. [https://oficiodepapel.com.mx/contenido/2019/10/17/multimillonarios-contratos-sin-licitar-en-segalmex/ ].
La primera de esas contrataciones se celebró con Team Business Management, S de RL de CV, en participación conjunta con: Digasab Consultores, SA de CV; Danae Consultores, SA de CV; Dirección Motriz Empresarial, SA de CV; Innovación en Reclutamiento y Recursos de Personal, SA de CV; Jeandi Premium, SA de CV; Soraa Massive Searching, SA de CV; Viajes Ayala, SA de CV; y Katanarapier, SA de CV. Ésta se adjudicó mediante licitación pública nacional.
Con este esquema, Segalmex contrató 5 mil 249 prestadores de servicios para sus oficinas de todo el país. Las empresas nomineras debieron reportar sus sueldos, salarios y asimilados al IMSS, pero no lo hicieron. Y tampoco cumplieron con enviar todos los trabajadores por los cuales cobraron. Fueron dos compañías las que habrían cometido las irregularidades: Team Business Management y Katanarapier.
En las gerencias de Supervisión y Capacitación y de Recursos Humanos obran las más de 70 facturas vigentes relacionadas con esas empresas, y por las cuales la dependencia realizó transferencias por más de 690 millones de pesos: 385 millones a favor de Team Business Management, y 312 millones a Katanarapier.
Los descuidos con este contrato son, ante todo, responsabilidad de Segalmex, e iniciaron con la falta de una investigación de mercado apegada a la normatividad, pues la que hizo no fue para determinar los sueldos por perfil de los trabajadores subcontratados, sino para la comisión del manejo por nómina.
Además, la dependencia omitió designar personal de enlace que diera seguimiento a las altas, bajas y los movimientos de los prestadores de servicios. La asistencia de estos últimos tampoco fue validada por los jefes directos, mientras que el registro de entrada y salida se precargó en el sistema, por lo que el personal subcontratado no firmaba su entrada y salida diaria, ni siquiera mensual porque el sistema lo hacía de forma automática, lo que permitió que decenas de trabajadores que supuestamente prestaron servicios al organismo en realidad nunca lo hicieron.
La Gerencia de Recursos Humanos tampoco exigió a las contratistas que documentaran las incapacidades del personal ausente por enfermedad. Ni cuenta con evidencia de los informes de actividades de los prestadores de servicio que realizaron trabajos de campo.
El domingo 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación dará a conocer los resultados de su revisión de la cuenta pública 2020 y se espera que confirme que, ante la falta de entregables, Segalmex sea conminado a reintegrar más de 690 millones de pesos relacionados con este contrato.
Otros contratos vinculados a la tercearización laboral también presentan inconsistencias. Por ejemplo, el convenio modificatorio del contrato CSS/018/2019, por más de 130 millones de pesos, firmado con ESESPA, SA de CV, en participación conjunta con Aurus Nivel Total, S de RL de CV [antes Antila], Imago Centro de Inteligencia de Negocios, SA de CV; Gurges Implementación de Negocios, SA de CV; Valdepeñas Soluciones, SA de CV; e Integradora La Aurora, SA de CV.
A estos proveedores se les contrató para proporcionar más de 4 mil 100 prestadores de servicios a Segalmex, pero no tuvieron una relación regularizada con el IMSS.
La dependencia tampoco contó con el flujograma para mantener comunicación con las empresas ni la distribución por áreas del personal subcontratado, las entidades federativas ni perfiles asignados a cada unidad operativo. En sus archivos tampoco obran las evidencias documentales de la verificación y comprobación de viáticos asignados a esos trabajadores.
Otros contratos que presentaron inconsistencias en materia de subcontratación también fueron el CSS/045/2020, por más de 7 millones de pesos, y el CSS/023/2020, por 74 millones, en los cuales Segalmex también ha sido incapaz de acreditar el cumplimiento de la prestación del servicio especializado en apoyo de actividades institucionales.
Por carencia o desactualización de manuales sobre la normativa interna y las disposiciones legales de Segalmex, se identifican anomalías que han ocasionado afectaciones al presupuesto por más de 4 mil 350 millones de pesos.
Entre otras irregularidades destaca los 47 millones 493 mil pesos por exceder el tonelaje permitido del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, concretamente en las compras de maíz a casi 600 campesinos en dos periodos productivos: 2019 y 2020.
De las cuentas que tiene que aclarar el director Ovalle Fernández ante la ASF, están más de 2 mil 854 millones correspondientes a la entrega de boletas de recepción y liquidación a productores de maíz y frijol que están en el Programa de Precios de Garantía, lo cual permite que se acredite la entrada de productos a los centros de acopio, porque hasta ahora no hay evidencia de las transferencias bancarias que acrediten los pagos.
Otros 1 mil 440 millones corresponden a recursos transferidos a Liconsa por más de 520 millones de litros de leche adquiridos a pequeños y medianos productores.
De la revisión a los números y operaciones de Segalmex, se desprende que más de 321 millones 567 mil pesos corresponden a pagos improcedentes o en exceso; de los cuales 4.8 millones de pesos en productos no se acredita que hayan entrado a los almacenes, más los rendimientos financieros que se generen desde la fecha de pago hasta su reintegro o recuperación total.
Otros daños registrados ascienden a 104 mil 380 pesos en montos en efectivo destinados a dos cuentas concentradoras y 27 subcuentas. Además, los rendimientos financieros que éstas generen desde la fecha de salida del efectivo y que no se justificaron ni documentaron las partidas operadas por Segalmex.
También 212.3 millones corresponden a la promoción de sanciones a servidores públicos infractores, por la diferencia de 185.2 millones correspondientes a faltantes de granos de maíz y frijol, al no acreditar sus entradas a almacenes de compras de productos de la canasta básica, más los rendimientos financieros que este ejercicio financiero genere.
Organizaciones del sector han afirmado a Contralínea (https://bit.ly/3sSLe1C) que la Segalmex carece de estructura y bodegas, e incluso, la señalan de incurrir en acuerdos fuera de la ley entre funcionarios y acaparadores de los productos y de la tierra.
Al revisar los centros de acopio y almacenamiento, la ASF encontró en 2019 que el organismo “no acreditó contar con un padrón georreferenciado de los centros receptores y concentradores de maíz y frijol ni de sus beneficiarios, ni dispuso, en todos los casos, de información sobre el alimento básico que cada centro concentró, por lo que no contó con información geográfica clara y de calidad para conocer su ubicación espacial, tomar decisiones para la operación del programa y ubicar los centros de manera estratégica”.
En la conferencia de prensa matutina del 30 de septiembre de 2019, el presidente López Obrador había anunciado que el gobierno federal proporcionaría precios de garantía a los productores con el fin de lograr la autosuficiencia alimentaria.
En ese mismo acto, Ovalle Fernández expuso que la compra sería: maíz, 5 mil 610 pesos por tonelada; frijol, 14 mil 500 pesos por tonelada; trigo panificable, 5 mil 790 pesos por tonelada; arroz, 6 mil 120 pesos por tonelada y el litro de leche será adquirido en 8.20 pesos por litro.
Desde el primer año de ejercicio presupuestario, el máximo órgano de fiscalización del país detectó que “no se generó información confiable que permitiera evidenciar los recursos que se ejercieron para los subsidios, gastos de operación y para la adquisición del maíz, frijol y leche, y el pago de diferencial del precio de garantía del arroz y trigo panificable del programa, debido a que se reportaron cifras diferentes en los registros internos de Segalmex y en los estados financieros e informe del auditor independiente”.
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