Seis organizaciones criminales lideran la industria de la extorsión en el país: Cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Familia Michoacana, Unión Tepito, los colombianos y la mafia rumana. Los grupos del crimen organizado asolan a víctimas mediante tecnología financiera, a pesar de que entre 2018 y 2021 las instituciones financieras denunciaron a 3 mil 752 personas por ese delito

El crimen organizado utiliza tecnología financiera relacionada con el delito de extorsión, como el uso de más de dos cuentas bancarias de reciente apertura, tarjetas de débito y prepago de telefonía celular para el cobro telefónico, cambio frecuente tarjetas de débito y retiro inmediato de recursos en efectivo.

A pesar de que entre 2018 y 2021, las instituciones financieras reportaron a 3 mil 752 personas por el delito de extorsión, quienes fueron identificadas como presuntas integrantes de seis organizaciones del crimen organizado –Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa, la Familia Michoacana, la Unión Tepito, los colombianos y la mafia rumana–, este ilícito va a la alza.

Ello, en un contexto en el que el sistema financiero está obligado a cumplir a cabalidad las reglas antilavado, que buscan identificar plenamente a los cuentahabientes, pero sobre todo detectar indicadores que revelen operaciones con recursos de procedencia ilícita y denunciar las malas prácticas de sus clientes.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, explicó que los seis grupos criminales que lideran este delito hacen uso indebido del nombre de dependencias públicas para la extorsión. Se han detectado mensajes apócrifos con ese objetivo en los que se suplanta la identidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como las secretarías de Gobernación, Salud, Hacienda, entre otras.

Al participar en el Foro Nacional sobre Extorsión, Perspectivas Jurídicas y de Política Pública, el extitular de la UIF destacó que, entre 2018 y 2021, los casos de extorsión aumentaron de 24 mil a 36 mil. Éste, dijo, fue de los delitos que más creció junto con los fraudes cibernéticos, la pornografía infantil, la violencia familiar, resultado de dos años de aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Durante el foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nieto Castillo habló de los métodos que se han llegado a emplear: “el modus operandi de colombianos y la mafia rumana en Quintana Roo mediante tarjetas clonadas tenía que ver con la extorsión a trabajadores de la construcción por el pago de protección”.

Dijo que su intención era colocar más cajeros automáticos en Quintana Roo, pero no lo lograron. Según la UIF, entre 2014 y 2021, estos grupos delictivos transfirieron al extranjero más de 2 mil millones de pesos, con independencia del flujo en efectivo que usaron en México.

En el caso de la extorsión y secuestro de integrantes de la Secretaría de Marina, ocurrido en noviembre de 2021, indicó que tuvo que ver con el modelo criminal vinculado con hoteles y comercios en la Ciudad de México: “un esquema de extorsión a comercios de un grupo que se hacía pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

El actual procurador general de justicia de Hidalgo expuso que “también tuvimos casos de extorsión por publicación de contenido íntimo –sexual– y, por supuesto, extorsión a través de la técnica de suplantación a la autoridad. Incluso casos donde se vinculaba la extorsión con amenazas y contratos de personas, fueron hechos del conocimiento de las autoridades de procuración de justicia”.

Actualmente, dijo el extitular de la UIF, “de manera fáctica tenemos la extorsión directa, como  derecho de piso y el sexting; y la indirecta o virtual por grupos de delincuencia organizada: la modalidad de hotel [secuestro exprés], vía Whats App y mecanismos de engaños telefónicos. Los hombres, por ejemplo son los que más caen en el tema de ganar su premio, un coche y otro tipo de engaños”.

Populismo penal

Para Santiago Nieto Castillo, el tipo penal vigente no ayuda para poder abarcar todas las modalidades de extorsión, como la de relación indirecta con el huachicol, así como empresas vinculadas con este ilícito, que hace necesario una ley general para homologarlo no sólo como tipo penal, sino en las sanciones y la autonomía de gobiernos estatales.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (2018-2021) consideró que las iniciativas que existen en el Congreso sobre extorsión “están cargadas de populismo penal, como aumentar las penas sin tener eficacia en la percepción de los delitos, las medidas de protección, y la atención a las víctimas. Es un tema fundamental que tendríamos que estar homologando”.

Dijo que, pese a que tiene que haber autonomía en la determinación de las carpetas de investigación, no existe ningún tipo de control sobre las fiscalías autónomas en ese sentido. Y recordó que el sistema penal acusatorio tiene como finalidad reparar el daño y brindar protección a las víctimas en los tres niveles de gobierno, para tener una mayor articulación y coordinación en las conductas delictivas de extorsión que se desarrollan en algunas entidades federativas.

Consideró que la extorsión es un fenómeno superestatal que requiere de requisitos mínimos, no sólo la interconexión de los sistemas, sino también para poder tener información de todos los estados respecto a las personas que están siendo investigadas por extorsión por parte de las fiscalías.

Nieto Castillo planteó realizar una evaluación periódica, e inclusive establecer obligaciones relacionadas con la debida diligencia del cliente de los bancos, particularmente los transmisores de dinero que es donde muchas veces se dan los pagos de la extorsión.

Además, resaltó que se requieren servicios de inteligencia al interior de los sistemas penitenciarios para poder detectar cuando se generan actos de extorsión, por las ventajas tiene una política criminal homologada y la vinculación para desarrollar la geolocalización y saber el origen de las llamadas telefónicas y proteger los bienes jurídicos, incluyendo la intimidad en el sexting.

“Es un tema que vincula a todos en seguridad pública por la conducción en la dirección de los centros penitenciarios, ya que la prisión preventiva oficiosa es un defecto de nuestra Constitución, es inconvencional y creo que es un tema que no debemos de meterlo en esta discusión”, apuntó Nieto Castillo.

Además, dijo, la política anticrimen del Estado unifica prevención, procuración, impartición de justicia e inteligencia y reducción de penas, coordinación de seguridad pública, así como la competencia de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, para determinar qué casos van al ámbito local y federal.

Planteó que una ley general sobre la extorsión serviría, no así un Código Penal de alcance nacional porque no habría acuerdo, por ejemplo, en materia del aborto, donde podría haber discriminación. Y precisó: “sí tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, que  ha servido para mejorar y para hacer transitar a todos las entidades federativas al sistema acusatorio penal, como se ha hecho más o menos de manera homogénea”.

El procurador general de justicia de Hidalgo reconoció que en ese estado se registró un incremento de 114 por ciento en temas vinculados con extorsión, al pasar de 108 en 2021 a 232 en 2022, mientras que en este año se han registrado 37 casos.

Al respecto, el general secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó –durante la conferencia presidencial del 18 de abril de 2023– que existe un “7.8 por ciento de aumento en el número de víctimas [de extorsión a nivel nacional], en el periodo enero-marzo de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022. Estamos trabajando para contener este delito, en coordinación con los gobiernos de los estados”.