Sin transparencia, negociaciones entre legisladores y 380 cabilderos

En opacidad, el lobbying de 380 cabilderos de grandes empresas, cámaras industriales y asociaciones civiles. Desde hace 20 años, se ha intentado regular el cabildeo que promueve intereses de particulares, sin que hasta el momento se haya aprobado una de las más de 20 iniciativas que se han presentado en el Congreso

Por los pasillos de las cámaras de Senadores y Diputados se mueven unos 380 cabilderos –representantes de personas físicas (216) y morales (164)– que buscan influir en la toma de decisiones legislativas relacionadas con temas de interés nacional, como energía, medio ambiente, agua, manejo de residuos, cambio climático, trabajo, seguridad social, economía (minería, siderurgia, campo), régimen fiscal, comercio exterior, desarrollo social, población, asuntos indígenas y hasta la despenalización de la cannabis, de acuerdo con el Padrón de Cabilderos de la LXV Legislatura. De las pláticas, negociaciones o tratos que hay entre los personeros y los legisladores no hay registro público: sus acuerdos quedan en la opacidad.

Emitido en enero pasado, el listado del Congreso de la Unión revela que entre los cabilderos de grandes firmas y corporaciones están representantes de los intereses de Coca-Cola, Philips, Pepsico, Samsung, Amazon, Facebook, Roche, Johnson & Johnson, Syngenta Agro, AT&T Comunicaciones Digitales, Kansas City Southern de México, PricewaterhouseCoopers, la International Chamber of Commerce México.

Asimismo, hay personeros enviados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Éstos son asiduos, sobre todo, a las comisiones de Hacienda, Estudios Legislativos, Energía, Seguridad Social, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

También hay cabilderos de asociaciones con grandes intereses económicos, como la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

De la revisión del Padrón se desprende que hay representantes registrados para cabildear del Centro Industrial CBD y la Asociación Mexicana de Estudios Sobre la Cannabis, AC. La cannabis fue legalizada en su uso recreativo desde 2021.

El cabildeo se define como una práctica para “influir y orientar las decisiones de los actores políticos en el terreno legislativo, gubernamental y judicial, y se ha desarrollado en el ámbito de los modernos Estados democráticos, en donde se presenta un acentuado pluralismo de organizaciones de intereses”, indica Roberto Ehrman Fiori, presidente de Dynamis Consultores, en su artículo “El cabildeo en México: teoría y práctica”.

Los antecedentes para los cabilderos en el país datan de 2002 a 2008, periodo en el que se presentaron 22 iniciativas y proyectos legislativos en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado de la República para regular con transparencia y rendición de cuentas esta práctica. Ninguna de ellas prosperó.

En esta materia, fue el 24 de diciembre de 2010 cuando se modificó el artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados: “todo individuo que pretenda realizar cabildeo por más de una vez en la Cámara, deberá inscribirse al inicio de cada legislatura en un registro público que elaborará la Mesa Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la Gaceta y en la página electrónica con los datos proporcionados por quienes se registren”.

El artículo 264 también prohíbe a los servidores públicos de la Cámara de Diputados, así como a sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, realizar actividades de cabildeo.

Eduardo Bohórquez, graduado en ciencia política y administración pública y con maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge, comenta: “hay que entender que por muchos años, el cabildeo no tenía ni registro. Antes ocurría sin que supiéramos ni cuándo se reunían, dónde se reunían, con qué propósito y quienes eran los cabilderos. Fue un gran avance, cuando se aprobó un registro porque cuando menos puedes saber que existen estos grupos de interés que son abiertos y que de alguna manera buscan acercar las propuestas legislativas a sus preocupaciones individuales”.

El director de Transparencia Mexicana expone que lo verdaderamente preocupante son los intereses que no se revelan en un registro. Como ejemplo, cita que hay asuntos del crimen organizado o grupos de interés ilegales, “que no están compartiendo la información y que no aparecen nunca en estos registros o de manera todavía más delicada, los intereses que pueda tener un legislador que se convierte en cabildero de su propia causa”.

Explica que hay tres formas de lo que se reconoce como influencia indebida en las decisiones públicas: si el cabildero no se registra, es influencia indebida porque no se sabe qué mecanismos usa y qué intereses defiende. Por ello, indica que si hay un registro, tiene que ser muy claro con quien se reunió para qué, ahí le toca al servidor público informar sobre los contactos que tienen con distintos grupos de interés. Tener intereses es legítimo, pero lo importante es que los intereses estén arriba de la mesa y no de bajo. El más pernicioso de todos es el legislador que en realidad es un grupo de interés. El informe que indica cuáles son los acercamientos con los lobistas, dice sí lo tienen que presentar los legisladores, pero no lo hacen.

Grandes firmas

Entre las firmas extranjeras que tienen representantes en el poder legislativo se encuentran PricewaterhouseCoopers, que tiene la representación de Brenda García e Ileana Aurioles, con intereses en los temas fiscales, financieros, laborales, de seguridad social y de salud. Se trata de una multinacional fundada en 1849, con influencia en áreas internacionales relacionadas con consultoría en los ámbitos de la industria aeroespacial, defensa, automotora, banca, salud, seguros y tecnología.

A través de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, AC, quien tiene como asociadas a refresqueras como Femsa- CocaCola, GEPP, que aglutina marcas como Pepsi, E-Pura, Lipton. Entre los intereses que han manifestado las refresqueras es el no al incremento de impuestos a sus productos, así como el etiquetado frontal en el que deben especificar el alto contenido de azúcares.

El capítulo México de Amazon ­–fundada por el hombre más rico del mundo Jeff Bezos– tiene a María José Riquelme Sordo para gestionar asuntos relacionados con tecnología, trabajo, economía, radio y televisión, cinematografía e internet.

Facebook ­–del empresario estadunidense Mark Zuckerberg– ha dispuesto de tres personeros: Íñigo Fernández, Baptista Salomón y Woldenberg Espero, para cabildear en materia de ciencia y tecnología, derechos humanos, puntos constitucionales, protección al consumidor, transparencia y protección de datos personales. La compañía ha sido sancionada en Estados Unidos por más de 5 mil millones de pesos por la fuga de datos personales de sus usuarios, específicamente en el caso de Cambridge Analytica, consultora británica contratada por Donald Trump en la contienda de 2018.

Syngenta Agro, empresa dedicada a experimentación y uso de organismos genéticamente modificados también tiene cabilderos. En México, llegó a realizar siembras experimentales en Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua. La trasnacional ha puesto a Emma Alexandra Hernández Montero para gestiones en las áreas de medio ambiente, cambio climático, agricultura y energía.

También Samsung Electronics México, SA de CV, tiene a Daniel Pérez Cirera y Pedro Henrique Rubiao Maciel, que buscan incidir en temas de comunicaciones, radiodifusión, ciencia y tecnología.

Cámaras industriales

Los hombres y mujeres de negocios también tienen a sus cabilderos en busca de influir en asuntos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El CCE, que encabeza Carlos Salazar Lomelí, está representado por Jorge Alberto Juraidini y José Ignacio García Lascurain Valer. Sus intereses según el Padrón son en materia  fiscal, laboral, constitucional, ambientales, energéticas y salud.

La Concamin, que representa 47 cámaras nacionales, 14 regionales, tres genéricas y 59 asociaciones, está representada por su presidente José Abugaber, quien está involucrado en los temas fiscal, estado de derecho, medio ambiente, cambio climático, trabajo, transporte, infraestructura y obras públicas.

Mientras, la Coparmex ha llevado al parlamento mexicano a Juan de Dios Barba Nava, para impulsar una agenda basada en temas del ámbito fiscal, laboral, seguridad social, autotransporte de carga, medio ambiente, cambio climático y salud.

Luisa Bejar Algazi, doctora en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenta que, en una democracia participativa, “lo deseable es que los representantes establezcan relación con sus representados para que cuando están legislando tengan una orientación acerca de cómo legislar, qué intereses van a afectar en qué medida pueden paliar esos defectos, cuáles son las mejores decisiones.

“La actividad de cabildear carga con una negatividad que se debe a la incomprensión de lo que es la representación de una sociedad plural, heterogénea en intereses y que lo deseable es que la sociedad tengan oportunidad de manifestarse con los representantes”, dice.

Bejar Algazi explica que el cabildeo en México empezó a tomar fuerza cuando el Ejecutivo perdió mayoría en, por lo menos una de dos de sus Cámaras, en 1997, porque el Congreso empezó a ser un interlocutor en la toma de decisiones.

Entre los cabilderos también hay representantes de las cámaras de minería, turismo, tiendas departamentales. La Cámara Minera de México (la Camimex) tiene como representantes a Christopher Ávilla y Miersusana Chávez Cornejo con el propósito de incidir en temas de minería, medio ambiente, áreas naturales protegidas, fiscales, consulta indígena y energía.

La Camimex, conformada por empresas como Industrias Peñoles y Grupo México, ha sido opositora a la ley eléctrica propuesta por el presidente de México.

Sobre la iniciativa presidencial, que impulsa el titular del Ejecutivo para que no se incrementen los costos de la energía eléctrica y el litio quede en poder de los mexicanos, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Huasteca Potosina también ha puesto a hacer lobbying a José Luis Purata Niño de Rivera.

Por su parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC, tiene interés en los asuntos relacionados con combate a lavado de dinero, protección al consumidor, salud, fiscal y residuos con dos cabilderas: Mónica Gabriela Leñero Álvarez y Lucía Eva Gutiérrez Maldonado.

La Asociación Mexicana de Estudios Sobre la Cannabis, AC, está en la búsqueda de la despenalización, regulación del uso personal, regulación del uso medicinal, uso industrial, educación y políticas de esa droga.

Para la politóloga y socióloga María Marván Laborde, los cabilderos son grupos de profesionistas que lo que hacen es promover ciertos intereses frente a los legisladores para convencerlos de que tomen ciertas decisiones, ya sea en términos de normatividad o de presupuesto.

Agrega que en países como Estados Unidos y Gran Bretaña hay normatividad muy clara que determina qué es lo que deben transparentar los cabilderos, qué reglas deben seguir, en qué casos pueden intervenir y en qué casos deben declarar clara y abiertamente que tienen algún conflicto de interés.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lamenta que en México no exista una figura regulatoria así, porque se han resistido mucho los legisladores. “Tenemos cerca de 20 años en los que el Poder Legislativo ha adquirido una mayor importancia, justamente a partir del proceso de la pluralización, de la representación política y de que el PRI perdió el control de ambas cámaras ha habido muchos intentos, muchas preocupaciones y, finalmente, son los propios legisladores los que se resisten a avanzar en el tema de la regulación del tema del cabildeo en nuestro país”.

Para Marván Laborde, el hecho de que ya exista este padrón es un gran avance. No obstante, señala que también se debe conocer qué tipo de piezas legislativas o de intervención al momento del presupuesto son las que están empujando estos despachos de cabildeo.

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