Tarjetas corporativas simbolizan era de impunidad: consejero ciudadano del Inai

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“Las tarjetas de crédito corporativas, con cargo al presupuesto, simbolizan una era de impunidad y prepotencia, donde el abuso de mando y el manejo discrecional del presupuesto han sido prácticas comunes y solapadas incluso por los organismos que debieran ser ejemplo de la transparencia y la rendición de cuentas”, considera el doctor Gabriel Torres Espinoza, consejero ciudadano del Inai (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos).

Después de que Contralínea reveló que en 2016 el pleno del Inai censuró la información de 94 gastos personales que el entonces comisionado Óscar Guerra Ford hizo a la tarjeta corporativa del organismo autónomo, el politólogo, maestro en filosofía política y doctor en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona indica que la prepotencia se evita con transparencia, rendición de cuentas y auditorías regulares.

Consultado por este semanario en torno a la discrecionalidad en el manejo de las tarjetas corporativas en el Instituto Nacional de Transparencia, el integrante del Consejo Consultivo del Inai cuestiona: “¿es deseable que los servidores públicos tengan una tarjeta de crédito corporativa, sin límites? A mi modo de ver, esta práctica se ha insertado en un contexto más amplio de impunidad y abuso de autoridad en México”.

Agrega que las tarjetas corporativas “son de la época de la ‘charola’: emblemas de prepotencia e impunidad. De exceso de poder sobre el gasto del presupuesto público. Además, el uso indebido de estas tarjetas corporativas es visto, no por pocas razones, como prepotente, más cuando se utiliza para obtener beneficios personales o para evitar procedimientos normales de asignación de viáticos, bajo controles institucionales, absolutamente deseables en la actualidad”.

El doctor Torres Espinoza –también profesor-investigador de tiempo completo, titular “C”, en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt nivel 1– profundiza en su crítica, pues advierte que “las tarjetas de crédito corporativas con cargo al presupuesto, como las ‘charolas’, en México hacen referencia al uso indebido de credenciales o insignias oficiales por parte de funcionarios que hacen lujo de prepotencia para obtener beneficios personales”.

Recuerda que su origen se remonta a la década de 1960 en la Cámara de Diputados, cuando legisladores del partidazo –en referencia al PRI– que proporcionaban estos beneficios y escudos a sus subordinados para acceder a ventajas o simplificaciones administrativas. Con el tiempo, explica, incluso la ‘charola’ se ha utilizado para evitar filas, estacionarse en lugares prohibidos y, en casos extremos, hacer que un vuelo comercial regrese por alguien con influencia que había perdido el vuelo.

Una situación similar, indica, sucede con las tarjetas de crédito corporativas: en no pocas ocasiones, se emplean para “gastos que nada tienen que ver con la función pública, ni tareas institucionales, ni representaciones formales. Tal como quedó de manifiesto en la investigación que realizó Contralínea”.

Consejo Consultivo pedirá investigación exhaustiva al OIC

Este semanario también consultó a Francisco Ciscomani, presidente del Consejo Consultivo del Inai, acerca de cómo va a actuar ese órgano ciudadano ante los hallazgos de la revista Contralínea, considerando que los comisionados actuales también cuentan con tarjeta de crédito corporativa y se mantiene vigente la regla de que todo gasto que incumpla los criterios administrativos puede ser restituido en los siguientes 10 días, lo que propició que en su momento Guerra Ford incurriera en 94 gastos personales, incluidos los tres en el table dance destinado a la prostitución.

De forma contundente, el consejero ciudadano señala que “no hay justificación para realizar gastos fuera del ámbito institucional con tarjetas corporativas o recursos púbicos, sin que estén plenamente justificados en razón de las tareas del Inai”.

Por ello, explica, “exhortamos al pleno del Inai a valorar la permanencia de servidores públicos que se encuentren en esos supuestos. ¿Quiénes son? Por lo pronto un secretario del Inai [Óscar Guerra Ford]. Si hay más o no, quedará esa labor al Órgano Interno de Control y la investigación de periodistas que tiene como efecto incidir en la rendición de cuentas y el actuar de los servidores públicos y la institución. Lo importante es que se conozca la historia de qué sucedió, que se cuente paso a paso cómo se armó y quienes estuvieron involucrados en el antes, después y, en su caso, ahora. Que esto no vuelva a repetirse”.

Ciscomani recuerda que desde que se dio a conocer el caso de Guerra Ford y el table dance, el Consejo Consultivo del Inai ya pidió al Órgano Interno de Control del Instituto intervenir: “que investigue si existen casos similares y para prevenir que no sucedan en lo futuro”. Y agrega que desde el pasado 31 de julio pasado, el Consejo recomendó al pleno del Inai “la necesidad de: compactación de programas, acciones y estructura, en lo particular Secretarías y Direcciones Generales, así como gastos de todo tipo, pasajes y viáticos nacionales y extranjeros, ponderando los ahorros que traerían consigo y su impacto en la operación. Profundizar en el servicio profesional y ampliarlo para abarcar el nivel de Direcciones Generales, así como establecer un régimen específico para quienes ocupen la titularidad de las Secretarías, considerando que intereses individuales o de grupo del nivel directivo no incidan en el cumplimiento de esos propósitos”.

Asimismo, indica que en mayo de 2022, el Consejo Consultivo cuestionó los nombramientos de los dos secretarios renunciantes, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y envió una comunicación al pleno del Inai en ese sentido.

“Por último, estamos en vías de acordar con el pleno del Inai una reunión de trabajo. Este tema y nuestras propuestas sobre el uso de recursos públicos, designación de funcionarios en todos los niveles mediante procesos transparentes y mérito profesional, reactivación del servicio profesional que está aparentemente suspendido, y otros donde la sociedad civil está esperando una acción inmediata del pleno formarán parte de la agenda. Importante: en nuestros amparos como Consejo Consultivo exigimos al Senado ‘ni cuotas, ni cuates’ para designar a los integrantes del pleno. Lo propio debemos exigir a estos últimos al momento de seleccionar a los funcionarios del Inai”.