Una de las declaraciones más reveladoras sobre la Guerra Sucia –que la entonces PGR obtuvo a inicios de la década de 2000, luego de que el gobierno de Zedillo reabrió el caso supuestamente para hacer justicia– es la que dio el testigo de nombre clave “Alfredo”. Este testimonio del militar Gustavo Tarín Chávez se centra en los vuelos de la muerte, orquestados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el periodo de 1960 a 1995, contra civiles. Según su declaración, más de 1 mil 500 personas fueron asesinadas en la Base Aérea de Pie de la Cuesta por él mismo y por su entonces jefe, el general Arturo Acosta Chaparro
Desde 1998, el Estado mexicano inició una investigación penal referente a graves violaciones a los derechos humanos cometidos por personal del Ejército Mexicano y otras corporaciones gubernamentales, durante su lucha contra los grupos guerrilleros y la disidencia en la década de 1970, como parte de la llamada Guerra Sucia (1960-1995).
En el número 982 de Contralínea (diciembre 6, 2025)[1], por medio de documentos del Ejército Mexicano, expusimos detalles acerca del Plan de Operaciones “Telaraña”, el cual se destinó a enfrentar desde el gobierno a los grupos rebeldes mexicanos encabezados por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.
Esclarecimos que la dirección de dicha operación quedó originalmente en manos del general Vicente Fonseca, entonces jefe de la Policía Federal Militar, quien posteriormente cedió su puesto al coronel Francisco Quirós Hermosillo. A continuación, publicamos fragmentos de la declaración del testigo de nombre clave “Alfredo”, elemento determinante en el esclarecimiento, a principios de este siglo, de los vuelos de la muerte orquestados por la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de ciudadanos mexicanos.
Según esta declaración, más de 1 mil 500 personas fueron asesinadas en la Base Aérea de Pie de la Cuesta con “la espada justiciera”, una pistola calibre 380 adaptada con silenciador, que empuñaba el general Arturo Acosta Chaparro Escapite, y el propio autor de la declaración que hoy presentamos.
Hay que destacar que, aunque la investigación penal inició en 1998 y la ampliación de la declaración se realizó el 13 de enero de 2000, nos encontramos en un panorama en el que –después de 25 años– el Estado mexicano ha sido omiso en hacer comparecer a los acusados, sustentar las acusaciones penales y lograr que paguen por sus crímenes.
La declaración se hizo en las oficinas de la Agregaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Consulado General de México en El Paso (Texas, Estados Unidos), la mañana del 13 de enero de 2000. El presidente de la República era Ernesto Zedillo Ponce de León, y la investigación (expediente PGR/UEDO/056/98) se delegó a Jorge Madrazo Cuéllar. Este último ocupó el cargo de procurador general de la República de diciembre de 1996 a noviembre de 2000. No proceder conforme a la ley no era extraño para Madrazo: durante su administración, ocurrió la matanza de Acteal (1997) y la investigación −a su mando− tampoco dio buenos resultados.
La declaración que ahora presentamos es una muestra de la total impunidad en la que se mueven los criminales de la guerra sucia, así como de la complicidad de las instancias del Estado a cargo del caso; al menos desde el año 2000 hasta nuestros días.
Declaración del testigo (nombre clave) “Alfredo”
Ratifico en todas y cada una de sus partes el contenido de mis declaraciones rendidas ante esta representación consular y reconozco las firmas que aparecen en ellas, por haber sido puestas de mi puño y letra, así como la huella dactilar de mi pulgar derecho.
Con relación a los hechos que se investigan, deseo agregar lo siguiente: en 1972 o 1973, como lo mencioné anteriormente, formé parte de la Policía Militar y me encontraba adscrito al llamado “Grupo Informativo de Inteligencia”, dirigido por Francisco Quirós Hermosillo, quien en esa época era coronel diplomado del Estado Mayor.
La actividad fundamental del “Grupo Informativo de Inteligencia” de la Policía Militar era tener conocimiento de los acuerdos y movimientos que pensaban realizar los grupos subversivos o guerrilleros que operaban en México en esa época.
Permanecí en esta actividad hasta 1974 o 1975. En esas fechas, Francisco Quirós Hermosillo ya era comandante en Jefe de Operaciones en la República Mexicana de la lucha contra el crimen organizado para combatir grupos subversivos o guerrilleros. Al concluir mi comisión en Cabo San Lucas, me concentró a sus oficinas que, como señalé, se encontraban en la calle Tigre 412, en la ciudad de Acapulco, Guerrero; ordenó que me pusiera a disposición del Mayor Alberto [o Roberto] Barquín, quien comandaba un grupo operativo de la Policía Militar en la lucha contra los grupos guerrilleros.
Este grupo operativo estaba integrado por 100 elementos de la Policía Militar, pero, además, trabajaban con nosotros aproximadamente 40 civiles. En total, el grupo estaba integrado por unos 140 elementos dirigidos por Francisco Quirós Hermosillo, quien era el comandante en Jefe; Alberto −o Roberto− Barquín era el Jefe Operativo y Sargento Primero; Alfredo García era el Segundo Jefe Operativo del grupo, por lo tanto, estaba bajo las órdenes directas de Barquín.
Después de los mandos superiores que he mencionado, había siete jefes de grupo que manejaban de 15 a 20 elementos cada uno. Algunos de estos eran un teniente de apellido [ilegible], los sargentos Osorio, Gustavo Barajas (alias Barajitas), Huaje, Alfredo Escamilla, y dos Segundos a los que conocí con los apodos de La Carona y La Tripa; no recuerdo sus nombres ni sus apellidos.
Los civiles eran jefes de grupo: Ramón y Bruno Muñoz, quienes −como lo he dicho− viven todavía en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Además, estaban Benjamín Luna, quien era una de las personas más allegadas a Francisco Quirós Hermosillo y conocía perfectamente la geografía del estado de Guerrero; Chiro Galeana, Alfredo Vélez y Simón Blanco.
Este Chiro: (251) Galeana era precisamente la persona que, junto con Héctor Bello, le entregaba la marihuana a Alberto −o Roberto− Barquín, misma que era transportada en el avión “Arabat” −del Ejército Mexicano− hasta la ciudad de Laredo en Texas, Estados Unidos, con la autorización del general Francisco Quirós Hermosillo; como ya lo mencioné anteriormente.
Tengo conocimiento de que, hoy en día, a Chiro Galeana se le puede localizar en el embarcadero de la laguna de Coyuca de Benítez, municipio cercano al puerto de Acapulco; ya que es dueño de una flotilla de yates pequeños y rápidos. Con estos, desde hace unos cinco o seis sexenios, Chiro Galeana se dedica a transportar cocaína, que barcos camaroneros entregan por el rumbo de Pie de la Cuesta en alta mar. Los barcos camaroneros descargan la cocaína en los yates, para después transportarla en las embarcaciones pequeñas hasta las bodegas que Chiro Galeana tiene en la zona del embarcadero de Coyuca de Benítez, Guerrero. Una vez que la cocaína es almacenada, se transporta hasta una pista de aterrizaje cercana y asegurada, que está bajo resguardo de elementos de la Armada de México. A estos últimos, Chiro Galeana entrega cantidades de dinero en dólares para que le permitan que las aeronaves −propiedad de los hermanos Arellano Félix− transporten la cocaína hasta unas pistas muy próximas de la ciudad Ensenada, en Baja California, y al desierto de Baja California Sur. Toda esta cocaína que maneja Chiro Galeana en el estado de Guerrero es propiedad del “Cártel de los Hermanos Arellano Félix”; ya que él trabaja para ellos.
Regresando a las actividades que desarrollé con el grupo operativo de la Policía Militar en el estado de Guerrero, Roberto −o Alberto− Barquín me encomendó detener a miembros de la guerrilla que operaban en Guerrero. El grupo que trabajaba bajo mis órdenes estaba integrado por Alfredo Escamilla, Francisco Sánchez, Ramón Muñoz, Alfredo Vélez, el sargento segundo de apellido Osorio, otra persona a quien conocí como el conejo, entre otros. De todas las personas que he mencionado, únicamente Ramón Muñoz y Alfredo Vélez eran civiles, el resto era personal de la Policía Militar.
Empezamos a trabajar en todo el territorio de Guerrero: detuvimos a guerrilleros a quienes […] transportábamos a los separos que el grupo operativo de la Policía Militar tenía en oficinas de la calle del Tigre número 412, en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
Desde mi llegada a Guerrero, recibí instrucciones del mayor Alberto −o Roberto− Barquín por un periodo aproximado de tres meses, tiempo durante el cual detuvimos aproximadamente a unas 200 personas. Después de este lapso, Alberto −o Roberto− Barquín fue relevado del mando debido a que se le detuvo y se le procesó por narcotráfico de marihuana que realizaba en el avión “Arabat”, hechos a los ya hice referencia.
Después de Alberto −o Roberto− Barquín, un capitán de apellido Alejandri quedó al mando del personal. En ese tiempo, Mario Arturo Acosta chaparro era director de Protección y Seguridad Pública del estado de Guerrero y, al mismo tiempo, subdirector de la Policía Judicial del mismo estado, encargado de las dos costas (la grande y la chica) le pidió a Francisco Quirós Hermosillo que el grupo de civiles que había colaborado con la Policía Militar en la lucha contra la guerrilla se fuera a trabajar con él. De hecho, fue Mario Arturo Acosta chaparro quien, a la salida de Barquín, asumió el mando del combate a la guerrilla en el estado de Guerrero, pero siempre bajo las órdenes de Quirós Hermosillo. De todo el grupo operativo, yo fui el único elemento de la Policía Militar que me fui a colaborar con Mario Arturo Acosta Chaparro.
Con Mario Arturo Acosta chaparro reiniciamos el combate a la guerrilla, pero se encontraba como jefe operativo el comandante Alberto Aguirre Quintanar. Detuvimos a guerrilleros en Acapulco, Tierra Colorada, Chilpancingo, Arcelia, Iguala, Zihuatanejo, Villa Unión, Petatlán, Papanoa, El Papayo, San Marcos, Cruz Grande, en el estado de Guerrero; así como Pinotepa Nacional, en Oaxaca. También detuvimos a gente de la guerrilla en diversos estados de la República: Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua entre otros.
Estos guerrilleros formaban parte de los grupos revolucionarios que he referido, como la Liga 23 de Septiembre, Movimiento Armado Revolucionario (lasmar), el Frente Activo de Liberación (lasfar), la Brigada de Ajusticiamiento del Pueblo (BAP) y el Partido Comunista Mexicano (PCM). En este periodo, que abarcó de 1974 o 1975 hasta 1981, detuvimos aproximadamente a 1 mil 500 personas, a quienes sometimos a investigación e interrogatorios en los separos de las oficinas de Policía y Tránsito en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
Como se había declarado que se otorgaría la amnistía, los guerrilleros que quisieran acogerse a los beneficios de la ley, inclusive a los separos de Policía y Tránsito –que, por cierto, conocíamos como “el Metro” porque eran de tamaño muy reducido–, se presentaban por encargo del entonces gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, varios agentes del Misterio Público del fuero común, para conversar con los detenidos y saber si deseaban amnistiarse.
Entre los agentes del Ministerio Público que realizaron esta labor se encontraban los licenciados Mardueno Lara y otro de apellido Reache, quienes eran los determinadores; con ellos colaboraba José Luis Sánchez Navarrete y Alfonso Velazco Castrejón, entre otros. Ellos platicaban con los detenidos y eran quienes emitían sus determinaciones para saber qué personas de las que estaban reunían los requisitos para ser amnistiados. Ellos conocieron a la mayor parte de los guerrilleros que estuvieron detenidos en “el Metro”, y sabían el destino que les esperaba a quienes se resistían a recibir los beneficios de la amnistía. Juan García Costilla, Santiago Dionisio y Obdulio Ceballos, entre otros, fueron algunas de las personas que detuvimos y que, posteriormente, fueron liberados a través de los medios legales de la ley de amnistía.
Después de que se investigaba a estas personas, hablaban con los agentes del Ministerio Público que he mencionado y, [si] se comprobaba que eran guerrilleros, los trasladábamos a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta.
Esta base se encuentra en el lugar conocido precisamente como Pie de la Cuesta, ya que es una franja de tierra que de un extremo colinda con el mar y por el otro con la laguna de Coyuca. Tiene una superficie de aproximadamente 5 mil metros de largo y 200 metros de ancho. Entrando a la Base Aérea, a mano izquierda se encuentran los hangares, donde se guardan los aviones; del lado derecho se encuentran las oficinas administrativas y las cuadras de los soldados, lugares donde descansa el personal militar. A la salida de los hangares, inicia la pista para el aterrizaje y despegue de los aviones: es una pista grande que abarca casi todo el terreno de la base y está perfectamente acondicionada para que aterricen cualquier tipo de aviones, incluso los “Hércules”, que son muy pesados. La pista se encuentra cerca del mar, ya que corre paralelamente a la playa. En el extremo de los hangares que dan a la playa, casi en frente, a unos 10 metros (m) había una construcción de ladrillo con techo de cemento, sin puertas ni ventanas, era un cuartito como de cinco metros de ancho por ocho de largo.
Como a 20 metros de esta construcción, sobre la playa teníamos un “banquito” de fierro −de esos giratorios−, una carretilla, costales para empacar maíz de los que utilizaba la Conasupo, bolsas de plástico, hilos para coser costales y un montón de piedras. Los guerrilleros atados y vendados eran bajados de una camioneta Chevrolet Van, color café, que tenía capacidad como para 15 personas y eran conducidos uno a uno hasta el “banquito” de fierro que conocíamos como “El banquito de los Acusados”; ya en ese lugar, se les sentaba con la creencia de que se les iba a fotografiar.
Ya sentados los ejecutábamos –Mario Arturo Acosta chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre I Quintanar y Humberto Rodríguez Acosta– de un disparo en la nuca con una pistola calibre 380, que tenía adaptado un “moflecito”, es decir, un silenciador. Inmediatamente, se les colocaba sobre la cabeza una bolsa de nylon que se les ataba al cuello para evitar que quedaran restos de sangre. Siempre se utilizó la misma pistola 380 para las ejecuciones, tan es así que la bautizamos como “La espada justiciera”.
Una vez que se realizaba este procedimiento, se colocaba a la persona dentro de los costales de yute, se le ponían unas piedras y se cosían, para después ser transportados en la carretilla hasta el avión “Arabat” del Ejército Mexicano que se colocaba en la pista. Una vez que se terminaba de ejecutar a los detenidos, generalmente eran 14 o 16, se les colocaba en el avión “Arabat” para ser trasladados hasta un lugar que conocíamos como “La Costa de Oaxaca”, que es un lugar en alta mar que se ubica precisamente frente a las costas de ese estado.
El avión “Arabat” que se utilizaba en este operativo era tripulado por el capitán Manzano de la Fuerza Aérea Mexicana. Este capitán Manzano es la misma persona que realizaba actividades de narcotráfico de marihuana con Alberto Barquín y Francisco Quirós Hermosillo, como ya lo he señalado. Es por ello que, entre nosotros, esta operación era conocida como “Vuelos a Oaxaca”.
Había ocasiones en que el avión “Arabat” hacía tres o cuatro vuelos en una sola noche para llevar los cadáveres hasta las costas de Oaxaca. De esta forma, fueron ejecutadas y desaparecidas más de 500 personas. Yo creo que Mario Arturo Acosta chaparro habrá ejecutado personalmente unas 200.
Por supuesto que de todas estas ejecuciones se realizaban con la autorización del general Francisco Quirós Hermosillo, ya que él siempre fungió como el comandante en jefe en la lucha contra el crimen organizado y contra la guerrilla en toda la República mexicana y, especialmente, en el estado de Guerrero.
Tengo conocimiento de que Francisco Quirós Hermosillo también participó y ejecutó personalmente a varios guerrilleros. En realidad, fue Francisco Quirós Hermosillo quien le enseñó a Roberto –o Alberto– Barquín y a Alfredo García, como se debía de ejecutar a los detenidos y la forma de vendarlos, para evitar que quedaran restos de sangre. Francisco Quirós Hermosillo fue quien nos enseñó a todos que se debía de disparar a la nuca de una persona para causar su muerte de manera instantánea.
En la realización de este tipo de acciones que he mencionado, el personal militar que normalmente custodiaba la Base Aérea de Pie de la Cuesta era retirado y concentrado a las instalaciones de la Vigésima Séptima Zona Militar; y los elementos de la Policía Militar que habían participado en la lucha contra la guerrilla eran comisionados para que acordonaran la Base Militar de Pie de la Cuesta, mientras se realizaban estos operativos de ejecución de los guerrilleros, que normalmente se realizaban por las noches de las 22 horas hasta las cuatro o cinco de la mañana.
[…]
Continuando con la declaración, deseo manifestar que esta serie de operativos los realizamos rutinariamente de 1974 o 1975 hasta 1981, año en que Rubén Figueroa Figueroa concluyó su mandato como gobernador constitucional del estado de Guerrero y entregó el poder al profesor Cervantes Delgado.
Después de esto, es cuando se designa al general Mario Arturo Acosta chaparro director de Seguridad Pública del estado de Veracruz y, como lo he mencionado, me fui a trabajar con él.
Apuntes relevantes
A partir de ahí, el testigo clave “Alfredo” −que más tarde sería reconocido como Gustavo Tarín Chávez, integrante del Segundo Batallón de la Policía Militar − compareció, siempre ratificó y amplió su declaración, inclusive en el juicio del fuero militar al sometieron a Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro en 2001, hasta que finalmente fue asesinado.
Según reporta La Jornada en su edición del 26 de agosto de 2024[2], el agente de la Policía Federal, Rubén Gardea Vara, también asesinó personalmente “a dos o tres guerrilleros” en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta.
Igualmente, La Jornada señala que, según la declaración del capitán mecánico Margarito Monroy Candia, hecha el 28 de junio de 2001, los vuelos para arrojar cuerpos de personas al mar no sólo se aplicaron a integrantes de la guerrilla, sino también se llevó a cabo para castigar la indisciplina y la insubordinación de militares.
“Llegué a ver militares que eran detenidos y ejecutados, que según se habían pasado al bando de los de la Liga 23 de Septiembre. […] Recuerdo el caso de un paracaidista que se había volteado de bando y que fue detenido y lo llevamos de aquí (Distrito Federal) a Guerrero, él decía que ya sabía que lo íbamos a matar, lo cual efectivamente sucedió”.
¿Habrá justicia en este sexenio para los desaparecidos y ejecutados extraoficialmente durante la Guerra Sucia en México?
