La introducción de transgénicos a México en los gobiernos pasados trajo consigo abandono del campo, graves problemas alimenticios y de salud para la población y convertir a la nación de productor y exportador de maíz a ser el principal importador de este producto, advirtió René Sánchez Galindo, excoordinador de la Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico.

Fue durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando se aprobó un decreto presidencial en 1998 que permitió la liberación comercial –producción y distribución– de maíz transgénico. Y en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se mantuvo una política de apertura hacia los cultivos transgénicos: en 2002, se otorgaron los primeros permisos de siembra comercial experimental de maíz transgénico. Y en la administración de Felipe Calderón (2006-2012) se continuaron otorgando permisos para la siembra experimental de dicho transgénico, realizándose varias autorizaciones en diferentes regiones de México. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se lograron detener 79 permisos para la siembra de maíz transgénico de forma comercial en el norte del país.

En el marco del décimo aniversario de la Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico, René Sánchez Galindo –director general de Asuntos Internacionales en la Consejería Judicial de Presidencia– resaltó que el proceso no fue llevado a cabo únicamente por el gobierno, sino que también involucró a instituciones regulatorias y empresas trasnacionales como Monsanto. Estas últimas han invertido y seguirán invirtiendo en el desarrollo de esta tecnología.

“No se limitan sólo a los transgénicos y el glifosato, sino que planean expandirse con nuevos agrotóxicos, con más investigación. […] Habrá nuevas generaciones de transgénicos con modificaciones genéticas más complejas, [pues] han diseñado un plan a nivel mundial para controlar la producción de alimentos y obtener beneficios económicos y tecnológicos”.

De acuerdo con el abogado, las empresas trasnacionales consideran a México un mercado lucrativo. Por lo que la oposición a sus planes representa un obstáculo significativo, debido a que el país es considerado uno de los centros de origen de cultivos más importantes y también uno de los principales consumidores. Al rechazar esta tecnología, el gobierno mexicano está enviando el mensaje de que los transgénicos son una tecnología que considera “peligrosa, dañina y obsoleta”.

En cuanto al lobby ejercido por estas trasnacionales, Galindo explicó que cuentan con cabilderos que influyen en la creación de leyes y reglamentos. Además, poseen centros de investigación que reciben subsidios gubernamentales y generan la mayoría de la información “científica” en materia de transgénicos.

Estas empresas también disponen de grandes despachos jurídicos que los respaldan en la obtención de permisos y en su defensa legal. Operan de diversas formas, incluyendo las conocidas “puertas giratorias”, en las que funcionarios públicos pasan a obtener altos cargos en el sector. De ahí, regresan a fungir de nuevo en sus cargos públicos. “Esto es muy común en todos los países donde tienen influencia”.

De igual manera, financian campañas e investigaciones en universidades, incluso sin costo para ellos, debido a sus conexiones con los gobiernos. Esta red de influencias les permite ejercer un poder corruptor, llegando incluso a comprar autoridades para asegurar sus intereses, explicó a Contralínea.

Al día de hoy, la Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México ha logrado impedir la siembra comercial de dichos agrotóxicos. Asimismo, la medida cautelar ha impedido las siembras en fase experimental y piloto de maíz transgénico.  En los últimos 10 años, se han detenido empresas transnacionales como Bayer-Monsanto, Dow Agrosciences, Piooner Syngenta Agro y PHI de México, filial de Dupont. Igualmente, se han demandado a instituciones como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El objetivo de la demanda es negar de manera definitiva los permisos de liberación de siembra de maíz transgénico en México en defensa de los maíces, la soberanía alimentaria y la salud de la población mexicana.

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