Las “reclamaciones” del “autodenominado” Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al Estado mexicano se centran en las vigentes concesiones “mineras, pozos petroleros, súper carreteras, autopistas y mega pozos [de agua]”, así como en la construcción del Tren Maya, señalaba un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de febrero de 2020.
Advertía que las políticas y proyectos de desarrollo del gobierno federal en las regiones indígenas, así como la continuidad de las concesiones otorgadas en sexenios pasados, han “incrementado la tensión” de las bases y dirigencias zapatistas con las del gobierno federal.
El estudio El Activismo Socio-Político del EZLN y su Impacto en la Seguridad Nacional, ordenado por la Sedena a su Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, señalaba tensiones del zapatismo con el gobierno federal y gobiernos estatales por la llegada de empresas públicas y privadas a territorios indígenas de todo el país. Y, particularmente, las intenciones de explorar el territorio chiapaneco de “influencia” zapatista.
Citaba los casos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), FEMSA Coca Cola, Frontier Development Group, Firts Majestic Silver Corp, Radius Gold y Blackfire Exploration.
Destacaba que en el centro de las reclamaciones estaba la extracción necesaria para los proyectos de desarrollo, desde el agua, el gas y el petróleo, hasta la madera y minerales preciosos y de uso industrial.
El informe ubicaba al EZLN como uno de los polos entorno a los que se articula parte de la oposición de izquierda a la 4T. Los temas que sustentaban el discurso de esta oposición son los derechos indígenas, el manejo del agua, la explotación minera, los proyectos de generación de energía eléctrica y el Tren Maya.
En el documento El Activismo Sociopolítico del EZLN –elaborado en febrero de 2020– la Sedena identificaba las que hasta entonces eran, a su parecer, las principales disputas del zapatismo con el gobierno de la llamada cuarta transformación.
Clasificado como “confidencial”, el informe señalaba que el EZLN “ha devenido en el principal referente de los demandantes de derechos de la comunidad indígena del país”. Consideraba que esto había sido posible porque en Chiapas habitan 1 millón 800 mil indígenas. Ocho de cada 10 viven en extrema pobreza, “la mayoría de las ocasiones a causa de sus propios usos y costumbres ancestrales, con dificultades tradicionales para incorporarse al desarrollo nacional”, según la visión de la Sedena.
También afirmaba que, mientras “AMLO” (Andrés Manuel López Obrador) se encontraba en la oposición, el obradorismo y el zapatismo fueron “aliados independientes”. No tenían relación ni asociación formal, pero coincidían en varias coyunturas. Tal situación finalizó en 2017, cuando se tensó la relación entre las bases del zapatismo y las del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Con el triunfo electoral del obradorismo la relación se tensó aún más. Según la apreciación de la Sedena, López Obrador “envió mensajes directos a los grupos originarios indígenas con la intención de diluir cualquier hostilidad y enfrentamiento. En la toma de posesión, la segunda ceremonia, realizada en el zócalo de la Cd. De México, después de la oficial en la Cámara de Diputados, se realizó un ceremonial indígena vinculado con la investidura presidencial y el mando de los grupos indígenas. Diversos grupos indígenas participaron, el EZLN no estuvo presente” (sic).
El análisis reconocía que el zapatismo es referente de la lucha social en el mundo. A partir de su irrupción en 1994 “se fueron fortaleciendo diversos modelos de participación social en diversas partes del mundo”. Cita al Foro de Sao Paulo y al partido Podemos de España entre las expresiones de los “críticos antiglobalismo” que tienen inspiración zapatista.
Aseguraba que luego de la “contención” del levantamiento armado, el EZLN enfocó su activismo hacia la exigencia “de generar en México un sistema multinacional al interior del Estado en el marco de las libertades humanas, que buscaría la modificación de la estructura constitucional vigente”. Se refería a la demanda del respeto a los derechos y cultura indígenas, plasmados en los Acuerdos de San Andrés que, hasta la fecha, no han sido reconocidos por el Estado mexicano y cuya demanda central es la autonomía para los pueblos, tribus y naciones originarias.
Señalaba el documento que el estilo de gobernar de López Obrador y de ejercer su liderazgo había contribuido en el rompimiento, incluso coyuntural, con el zapatismo. El presidente ha buscado una relación directa con los grupos e individuos indígenas, “menoscabando las dirigencias”. Eso canceló una posible “comunicación y la buena coordinación con el EZLN”, según la Sedena.
El obradorismo no ha restado bases al zapatismo, señalaba el estudio. A febrero de 2020, el EZLN había logrado que sus comunidades se mantuvieran leales e, incluso, había ampliado “su territorio de influencia”.
Recuerda que en su momento la propuesta del proyecto Tren Maya original –cuyo trazo pretendía atravesar territorio zapatista– generaría “la confrontación en diversos frentes con el EZLN, incluido el armado”, pues la guerrilla había “dicho que defenderán hasta con la vida” la integridad territorial.
La reactivación del conflicto en el sureste pudo haberse desatado luego de la “supuesta aprobación de la Madre Tierra [al proyecto del Tren Maya] en una consulta limitada y controlada”, advertía.
Otros puntos de conflicto de la 4T con el zapatismo eran “[…] los reclamos en torno al agua [que] se vinculan con las centrales hidroeléctricas como Malpaso, La Anustura y Chicoasén, que abastecen a otros estados de la Federación y generan energía eléctrica al sistema nacional, la que también es vendida a Guatemala; dicha cuestión nutre el problema social del agua como parte del discurso zapatista […].
El análisis advertía que tal situación es aprovechada por el EZLN, pues “[…] el discurso zapatista tiene como fundamento [el cuestionamiento] de quién es el verdadero dueño del agua como tema de seguridad nacional […]”, un tema en el que coinciden con poblaciones de todo el país.
A las represas ya en funcionamiento se agregarán otras que se construyen durante el presente gobierno: Peñitas e Itzantun, proyectos prioritarios porque permitirán que, en conjunto, Chiapas genere “aproximadamente el 50 por ciento de la energía eléctrica nacional; en contraste, los datos indican que el 47 por ciento de los habitantes del estado […] carecen del suministro eléctrico”.
También señalaba que el zapatismo se reposicionaba entre las comunidades indígenas de la República con el cuestionamiento de las actividades mineras. Esta industria tiene planes de ejecutar grandes proyectos en Chiapas, como ya lo hace en otros estados de la República.
“En la pasada administración federal se gestaron cerca de 99 concesiones mineras a 50 años, aunado a 54 proyectos mineros para el estado [Chiapas], en donde las mineras, canadienses y chinas son fundamentales que requieren mano de obra barata y grandes cantidades de agua para su propia actividad extractiva, justo en una región que está teniendo problemas de abasto de agua […]. El estado chiapaneco además de ser una de las principales reservas de agua, es poseedora de 13 tipos de minerales básicos para el desarrollo global como: oro, plata, cobre, zinc, hierro, plomo, titanio, barita, tungsteno, magnetita, molibdeno y sal”.
Estos recursos se encuentran en “regiones comprometidas con la influencia del EZLN”. Al respecto, el documento citaba los municipios constitucionales de Acacoyagua, Acapetahua, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Tapachula, Tonalá, Ángel Albino Corzo, Escuintla, Motozintla, Ixhuatán, Mapastepec, Pijijiapan, Siltepec y Solusuchiapa Contalapa.
También enlistaba las empresas que tienen las concesiones otorgadas por gobiernos anteriores y que están interesadas en ejecutar proyectos de extracción. Se trata de una de origen chino, Up Trading, y cinco canadienses: Frontier Development Group; First Majestic; Silver Corp; Radius Gold, Inc, y Blackfire Exploration, Ltd.
A estas empresas se les concesionó en Chiapas “la mayor mina en el mundo de Barita, material esencial para la perforación petrolera, de donde se obtienen 360 mil toneladas anuales, aunado a las concesiones en Titanio y magnetita en los municipios de Pijijiapan, Acacoyagua y Chicomuselo”.
Agregaba que toda la región del Soconusco es motivo de interés de corporativos extranjeros dedicados a la extracción de uranio y titanio. El primero, “empleado en el procesamiento de energía de plantas nucleares”; el segundo, “en la fabricación de aviones, helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles”. Por ello, ambos son codiciados por “las potencias militares actuales como Estados Unidos, China y Rusia”.
Señalaba que en materia de minería, Chiapas está dividido en siete distritos. En ellos se extrae, además de los minerales enlistados, ámbar, caliza, cuarzo, zhanghengita, arcilla, arena y azufre.
Los intereses de extracción de estos recursos “coinciden” con los planes de un trazo carretero con inversión privada de Pijijiapan, en el área del Soconusco, hasta Palenque. A ello se suma el Tren Maya “y su movilidad de carga a lo largo de la Península que se ubica entre el Golfo de México y el Mar Caribe”.
En materia de petróleo, Pemex trabaja en 24 zonas chiapanecas ubicadas en cinco municipios: Reforma, Juárez, Pichucalco, Ostuacán y Sunapa. Explota 129 pozos de petróleo, aceite y gas. “Asimismo, Chiapas cuenta con uno de los complejos procesadores de gas más grandes del sureste en México: Cactus. Ocupa una extensión de 1 mil 822 kilómetros.
El análisis señalaba que los programas sociales Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez están vinculados a los proyectos prioritarios como el Tren Maya y el de Reforestación Nacional. “Tienen un gran impacto por las características de pobreza y desigualdad social que existen, más aún con el número de población indígena”.
El documento –parte de los miles de archivos hackeados a la Sedena por el grupo de piratas cibernéticos Guacamaya– también emitía “recomendaciones” al gobierno federal con respecto del zapatismo. La primera de ellas señalaba: “el presidente de la República debe ponderar en su discurso la provocación hacia el EZLN, evitar la confrontación abierta que favorezca la conformación de un frente indígena en contra del gobierno y de las Fuerzas Armadas”.
También apuntaba que: “la atención de inteligencia a las mujeres zapatistas no es clara y precisa, es relevante su monitoreo y seguimiento, dado que ellas muchas veces son portadoras de los mensajes de la dirigencia del EZLN hacia otras organizaciones”.
Concluía que “el activismo social del EZLN y sus comunidades adheridas no ha alcanzado el grado de amenaza a la Seguridad Nacional del país; el rezago social, económico y político que presenta la zona chiapaneca requiere la atención de todos los órdenes de gobierno, desde el federal hasta el municipal, en un trabajo coordinado, incluyendo la consideración de los problemas del propio EZLN”.
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